La educación, el problema que España no puede seguir aplazando

Entre 2022 y 2025 se han perdido otros 16 y 23 puntos respectivamente. La propia OCDE señala que la caída española reciente en Lectura se encuentra entre las más pronunciadas de los países participantes.

No estamos, por tanto, ante un mal resultado coyuntural. Ni siquiera podemos refugiarnos ya exclusivamente en la explicación de la pandemia. Estamos ante una tendencia que obliga a preguntarnos qué está ocurriendo en nuestras aulas y, sobre todo, qué estamos haciendo mal como sociedad.

Andalucía tiene motivos adicionales para preocuparse. PISA 2025 sitúa a los alumnos andaluces en 442 puntos en Matemáticas, 441 en Lectura y 462 en Ciencias.

Son 15, 10 y 15 puntos menos, respectivamente, que el conjunto de España, que ya se encuentra por debajo del promedio de la OCDE. La brecha educativa andaluza no es solo un problema escolar. Termina convirtiéndose en menor productividad, dificultades de empleabilidad, menor capacidad para atraer inversiones intensivas en conocimiento y menor igualdad de oportunidades.

Sin educación no existe verdadera transformación económica. Podemos invertir miles de millones en digitalización, inteligencia artificial, transición energética o reindustrialización, pero ninguna economía del conocimiento puede construirse sólidamente si una parte creciente de sus jóvenes tiene dificultades para comprender un texto complejo o resolver un problema matemático.

España tiene además una particularidad dificil de explicar: la extraordinaria inestabilidad de su legislación educativa. Desde la recuperación de la democracia se han sucedido la LOECE de 1980, la LODE de 1985, la LOGSE de 1990, la LOPEG de 1995, la LOCE de 2002, la LOE de 2006, la LOMCE de 2013 y la LOMLOE de 2020. No todas tuvieron la misma naturaleza ni llegaron a implantarse completamente, pero la sucesión refleja hasta qué punto la educación se ha convertido en terreno de confrontación política.

Las diferencias han sido relevantes. La LOGSE amplió la enseñanza obligatoria hasta los 16 años y reorganizó profundamente las etapas educativas. La LOE buscó combinar calidad y equidad. La LOMCE reforzó las evaluaciones externas, la rendición de cuentas y un planteamiento más orientado a resultados. La LOMLOE revirtió algunos de sus elementos más controvertidos, eliminó los estándares de aprendizaje evaluables y reforzó un currículo basado en competencias, inclusión y equidad.

Cada reforma puede defender argumentos razonables. El problema es que España parece incapaz de determinar qué elementos esenciales deben permanecer al margen de la alternancia política.

A esta inestabilidad se añade nuestro modelo territorial. El Estado establece las enseñanzas mínimas para garantizar una formación común, pero las comunidades autónomas desarrollan sus propios currículos y gestionan buena parte del sistema.

Actualmente, las enseñanzas mínimas estatales representan el 60% del horario escolar en las comunidades sin lengua cooficial y el 50% en aquellas que sí la tienen. Esto permite adaptar la educación a las diferentes realidades territoriales, pero también exige una coordinación extraordinaria para evitar que el lugar de nacimiento termine condicionando excesivamente las oportunidades educativas.

Hay países democráticos que han demostrado que otra forma de hacer política educativa es posible. Finlandia construyó su gran reforma sobre un consenso político en torno a la escuela comprensiva que, según la propia OCDE, sobrevivió durante décadas a numerosos cambios de Gobierno.

Estonia, convertida en una de las grandes referencias educativas europeas, mantiene resultados superiores a la media de la OCDE en Matemáticas, Lectura y Ciencias y ha desarrollado políticas sostenidas de autonomía escolar, digitalización, formación docente e inclusión. Incluso después del deterioro internacional observado en los últimos años, Estonia continúa superando claramente el promedio de los países desarrollados.

No se trata de copiar modelos. España tiene su propia realidad social, territorial y cultural. Se trata de aprender la lección fundamental: la educación necesita décadas, mientras que la política española piensa demasiado a menudo en ciclos electorales de cuatro años.

Un verdadero pacto de Estado debería fijar durante al menos una generación unos objetivos básicos compartidos: reforzar comprensión lectora y razonamiento matemático; recuperar una cultura del esfuerzo compatible con la igualdad de oportunidades; prestigiar la profesión docente; mejorar la formación y evaluación del profesorado; reducir burocracia; atender tempranamente las dificultades de aprendizaje; establecer indicadores transparentes y comparables entre comunidades; evaluar las políticas antes de sustituirlas y determinar qué papel deben desempeñar la tecnología, los teléfonos móviles y la inteligencia artificial dentro del aula.

No sería un pacto de izquierdas ni de derechas. Sería un pacto de país.

Porque detrás de cada punto que perdemos en PISA hay mucho más que una posición en una clasificación internacional. Está nuestra capacidad futura para innovar, competir, atraer inversión, reducir desigualdades y mantener el Estado del bienestar. Y en Andalucía, donde todavía queda por cerrar una brecha histórica de renta y productividad, la cuestión resulta todavía más decisiva.

Quizá la verdadera prueba de madurez de nuestra democracia no consista en comprobar quién consigue imponer su próxima ley educativa, sino en saber quién está dispuesto a renunciar a una parte de sus postulados para construir una que pueda durar.

España no tendrá una democracia plenamente madura mientras su clase política no sea capaz de negociar y alcanzar consensos duraderos en materias esenciales como la educación. Podemos seguir aprobando leyes.

Podemos seguir cambiando currículos, asignaturas y modelos de evaluación. Pero mientras no acordemos qué educación queremos para los próximos veinte años, seguiremos discutiendo sobre el sistema que tenemos mientras otros países estarán construyendo el futuro que nosotros necesitamos.