El compliance penal (o cumplimiento normativo penal) es el conjunto de políticas y procedimientos preventivos que las empresas implantan para evitar delitos internos. Su objetivo no es solo eludir sanciones legales, sino fomentar una cultura empresarial ética y transparente. Un sistema de compliance identifica los riesgos penales específicos de la compañía, previene conductas ilícitas y establece controles eficaces. De este modo se protegen accionistas, clientes y proveedores, que perciben el compromiso con la legalidad y confían en la empresa.
En el sector agroalimentario andaluz, la relevancia del compliance penal es aún mayor. Andalucía es una potencia agroalimentaria –España es el primer productor europeo de frutas y hortalizas, y Andalucía lidera buena parte de esa producción–, con estrictas normativas sanitarias, laborales y medioambientales. En este contexto, disponer de un modelo de prevención penal garantiza seguridad jurídica y reputación. Además, la reforma penal de 2010 (art. 31 bis del Código Penal) estableció que la persona jurídica responde penalmente por delitos cometidos en su seno, pero con una atenuante clave: solo se libera o mitiga su responsabilidad si ha implantado un plan de compliance eficaz. En palabras de expertos, una empresa sin compliance “puede ver afectado su prestigio y ser condenada a multas, inhabilitaciones o incluso disolución”. En resumen, el cumplimiento penal pasa de ser opcional a vital para cualquier empresa del sector que quiera operar con tranquilidad y crecer de forma sostenible.
Riesgos empresariales sin un modelo de compliance penal
En ausencia de un sistema de compliance, las empresas agroalimentarias andaluzas afrontan múltiples riesgos legales con consecuencias graves. Por ejemplo, la introducción de alimentos adulterados o contaminados puede generar delitos contra la salud pública o lesiones por imprudencia. De igual forma, el uso irregular de productos químicos y vertidos industriales sin control son perseguidos actualmente como delitos ambientales, castigando la contaminación de suelos, acuíferos y ecosistemas.
Por citar otro caso, la contratación irregular de temporeros o trabajadores eventuales –sin alta en la Seguridad Social– puede derivar en delitos contra los derechos de los trabajadores. También es frecuente el riesgo de fraude alimentario mediante etiquetados engañosos o venta de productos que no cumplen con sus estándares de calidad. A todo ello se añade la posibilidad de prácticas corruptas en licitaciones públicas de suministros agrícolas: el soborno a funcionarios (cohecho) y el tráfico de influencias están tipificados como delitos penales en el Código Penal.
Ejemplos hipotéticos ilustrativos
Para entender mejor estos riesgos, consideremos algunos ejemplos de caso, evidentemente hipotéticos:
- Uso indebido de fitosanitarios: Imagínese un empresario agrícola que, por aumentar rendimiento, emplea clandestinamente un pesticida prohibido. Este químico contaminante podría filtrarse al río cercano, provocando un desastre ecológico. Penalmente, se enfrentaría a cargos por delitos contra el medio ambiente y contra la salud pública, con penas mucho más duras al no haber supervisión interna que lo evitara.
- Etiquetado fraudulento de productos: Un envasador podría falsear la información de origen de un aceite de oliva, fingiendo una denominación protegida para vender a mayor precio. Aunque el producto pase los controles iniciales, si se descubre esta falsedad estaríamos ante un fraude alimentario. Esto puede ser perseguido como delito de estafa y atentado contra la salud pública, que también repercute en la reputación de la marca.
- Contratación irregular de temporeros: Una bodega contrata personal de vendimia a bajo coste sin contratos formales ni altas en la seguridad social. Si las autoridades detectan la irregularidad (por ejemplo, tras una denuncia), la empresa puede afrontar un proceso penal por delitos contra los derechos laborales, además de importantes sanciones administrativas.
- Vertidos ilegales: Por ahorrar costes, una empresa de procesamiento de frutas vierte sus residuos al campo sin tratamiento. Si esos vertidos dañan la fauna o contaminan acuíferos, se tipificaría un delito contra los recursos naturales. Sin un sistema de control interno, es muy difícil demostrar buena fe, agravando la condena.
Estos ejemplos (ficticios, pero basados en situaciones creíbles) muestran que cualquier punto débil en la cadena de valor agroalimentaria puede convertirse en un problema penal. Cada vez existe mayor conciencia social y regulatoria sobre la trazabilidad del producto, las condiciones laborales y la protección ambiental, por lo que es imprescindible anticipar riesgos con protocolos de cumplimiento y formación interna.
Compliance penal: inversión en seguridad jurídica y reputación
Implantar un programa de compliance penal efectivo no es un gasto sino una inversión estratégica. Estudios del sector destacan varios beneficios claros: por un lado, facilita el cumplimiento de la normativa vigente y ayuda a prevenir fraudes y delitos internos. Por otro, mejora la reputación corporativa. Una cultura de cumplimiento transmite confianza a accionistas, bancos, clientes y proveedores, reforzando la marca y abriendo puertas a nuevos mercados y licitaciones. Las empresas que demuestran compromisos éticos de transparencia ganan prestigio frente a la competencia.
Además, la normativa penal española establece beneficios concretos para las empresas que adoptan modelos de prevención. Tras la reforma de 2010, el artículo 31 bis del Código Penal permite eximir o atenuar la responsabilidad penal si la empresa cuenta con medidas internas eficaces. En la práctica, esto significa que un juez podría aliviar las penas (o incluso evitar la condena a la persona jurídica) gracias a su sistema de compliance bien implementado. Por el contrario, la falta de modelo garantiza todo lo contrario. Como advierte la doctrina, sin compliance la empresa “puede ver afectado su prestigio y ser condenada a multas, inhabilitaciones o incluso disolución”.
En resumen, el compliance penal aporta seguridad jurídica (reduce la incertidumbre de sanciones graves), protege el capital reputacional de la compañía y contribuye a su viabilidad futura. Es, por tanto, una garantía para el empresario y todos sus grupos de interés: una verdadera póliza de “seguros” contra la crisis legal.
Claver & Egler: referente mundial en compliance penal
En este ámbito de exigencia, contar con asesoramiento especializado marca la diferencia. El despacho Claver & Egler Abogados y Mediadores, S.L.P. es un referente en materia de compliance penal. Con amplia trayectoria en derecho penal económico, ofrece un servicio multidisciplinar adaptado al sector agroalimentario. Desde su posición como Asesor Jurídico oficial de FEICASE (Confederación Provincial de Empresarios de Industria y Comercio de Alimentación, Droguería, Perfumería y Afines de Sevilla), Claver & Egler asesora a numerosas empresas andaluzas del sector. Su cartera de clientes incluye a compañías de renombre, como Confisur –miembro de la Junta Directiva de FEICASE–, que han confiado en este despacho para protegerse frente a riesgos legales.
Un dato distintivo de Claver & Egler es su reconocimiento internacional: como el único despacho del mundo con las dos certificaciones más importantes en materia de compliance. Este sello de calidad global –junto con una sólida experiencia investigadora y en compliance penal– refuerza la tranquilidad de las empresas que contratan sus servicios. Claver & Egler es, por tanto, el aliado estratégico ideal para quienes buscan implementar un programa de prevención
de delitos riguroso. FEICASE y otras instituciones del sector agroalimentario resaltan la confianza en este despacho como “su despacho de referencia” en compliance.
Cada vez más empresas agrícolas y alimentarias andaluzas comprueban el valor de anticipar riesgos. Con Claver & Egler a su lado, invierten en seguridad jurídica, reputación y viabilidad. De este modo, refuerzan su competitividad mientras se aseguran de que la calidad de sus productos va siempre acompañada de un cumplimiento normativo incuestionable.
