Andalucía acaba de dar el primer visto bueno a las nuevas titulaciones que se prevén que estén aprobadas en mayo. ¿Qué supondrá para el mercado laboral?
Andalucía ha sido pionera a la hora de elaborar el Decreto de Ordenación de las Enseñanzas, que establecerá, después de 14 años, un nuevo mapa de titulaciones adaptado a las necesidades actuales de la sociedad andaluza, lo que supone una auténtica revolución y un cambio total del sistema universitario en Andalucía al incorporar titulaciones conjuntas, duales e internacionales.
Así, la Consejería ha confeccionado una propuesta inicial en la que se incluyen 123 nuevos de las universidades públicas (21 grados, 82 másteres y 20 doctorados) en torno a cuatro grandes áreas de conocimiento consideradas estratégicas para el desarrollo social y económico de Andalucía: las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las ciencias de la salud, la energía y el medio ambiente. El borrador con esta selección ya ha sido entregado a los rectores con el fin de consensuar y afinar un nuevo documento lo antes posible, que deberá someterse posteriormente a los informes preceptivos y aprobarse el próximo mes de mayo por Consejo de Gobierno.
Esa planificación incorporará también la oferta procedente de la Universidad Loyola y de los otros dos proyectos de instituciones académicas privadas -CEU Fernando III y UTAMED-, que se están analizando de forma paralela a la del sistema público. Estamos gestionando e innovando para afrontar los cambios necesarios de una Universidad que mira al futuro con valentía.
Andalucía es una de las comunidades con los precios de matrículas más bajos del territorio nacional. ¿Continuarán con esa política?
Para el próximo curso universitario 2024/2025, Andalucía continuará manteniendo invariables los precios públicos de los servicios académicos y administrativos, lo que implicará que las matrículas tampoco subirán para alivio de las familias andaluzas. Gracias a ello, la comunidad se consolida un año más como una de las regiones más asequibles del sistema universitario nacional. Esta política de precios públicos se viene aplicando en los últimos cinco años con el objetivo de garantizar el acceso a la enseñanza superior y responde a la prioridad de que los jóvenes completen su etapa educativa universitaria y no abandonen su formación por motivos económicos.
Junto a esta medida, la Consejería de Universidad también mantiene otras medidas de gran calado social, entre las que destacan la posibilidad de abonar el importe de las enseñanzas de manera fraccionada hasta en ocho plazos, la exención del pago de las tasas para las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital o la inclusión de un cupo especial de admisión en las universidades para las personas en riesgo de exclusión social, aprobadas en el curso pasado.
Para el próximo año académico, además, la Junta introducirá dos importantes novedades de gran calado social. La primera se refiere a la rebaja de al menos un 5% del coste de los créditos en las terceras, cuartas y sucesivas matrículas universitarias, que son las más costosas para el alumnado. Y la segunda permitirá a los universitarios que sufran enfermedad o accidente grave bonificar sus matrículas sin cumplir todos los requisitos. Con carácter general, cuando sobrevienen estas situaciones, el estudiante afectado suele anular la matrícula, por lo que hasta ahora cuando retomaba sus estudios no podía acogerse a la bonificación por no cumplir con lo establecido. Una vez aprobada la medida, este alumno, siempre que lo justifique debidamente, quedará exento de cumplir el requisito de estar matriculado en las universidades públicas andaluzas durante el curso anterior para el caso de la bonificación de los estudios de grado o en los dos años académicos anteriores para la compensación de los créditos de máster.
¿Qué novedades incorporará la nueva ley universitaria andaluza? ¿Cómo contrarrestará a la LOSU?
Andalucía está siendo un claro referente a nivel nacional en política universitaria gracias a las reformas estructurales que el Gobierno de la Junta está acometiendo para el fortalecimiento de nuestro sistema público universitario, un liderazgo que también estamos llevando a cabo adaptando nuestro sistema a las nuevas directrices que impone el Estado para paliar las consecuencias negativas de la LOSU, una norma ineficaz elaborado por el Gobierno de España sin contar con las comunidades autónomas ni con las universidades públicas.
El Gobierno andaluz ha sido pionero en adaptar las figuras del profesorado a la LOSU para garantizar la estabilidad del profesorado, siendo uno de los principales aspectos de la reforma de nuestra Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) la recuperación de la figura del profesor contratado doctor y hemos incluido una figura novedosa como es la de ayudante doctor con vinculación clínica al sistema sanitario público. Además, nos planteamos plasmar en la nueva LUPA la posibilidad de incluir periodos de prácticas más largos, de unos seis meses, para los universitarios.
Ya contamos con un primer borrado de esta nueva Ley para la que buscaremos el máximo consenso entre los agentes implicados. La idea es comenzar su tramitación como anteproyecto el próximo mes de marzo y tener aprobada la nueva norma en el plazo de un año.
Las universidades públicas andaluzas ya cuentan con un nuevo modelo de financiación. ¿Supondrá el inicio de una etapa de estabilidad para que estas instituciones puedan acometer sus proyectos de futuro?
El sistema público universitario dispone ya de un nuevo modelo de financiación con un presupuesto histórico de 1.685 millones de euros, lo que representa un incremento del 4% con respecto a la partida reservada el pasado 2023. Le puedo asegurar que esta herramienta otorgará de mayor competitividad, estabilidad y garantías de financiación a nuestras universidades. Se trata, además, de un modelo que está siendo referente para otras comunidades autónomas, e incluso universidades, que ya nos lo han solicitado como guía a seguir. Para este año, el Ejecutivo autonómico ha hecho un gran esfuerzo por agilizar la labor de cálculo y de aplicación de variables para concretar ya en el mes de enero la asignación presupuestaria que cada una de las diez universidades que conforman el sistema público tendrá para el año en curso. Supone un gran avance porque nunca antes las instituciones académicas andaluzas han podido disponer de esa certeza a principios de cada ejercicio y, con esta medida, se sientan las bases para situar a las universidades andaluzas a la cabeza del conjunto del sistema nacional. Gracias a ello, todas podrán gozar de estabilidad para planificar sus actuaciones en ese periodo. Asimismo, estamos a punto de aprobar un Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras para las universidades que arrancará con un aporte inicial de 80M€ hasta 2027.
Gracias al nuevo modelo de financiación, aplicado parcialmente en 2023, Andalucía se convierte en la región que más destina a educación pública universitaria respecto a su PIB en todo el territorio nacional, con un porcentaje que alcanza ya el 1%.
¿Es partidario de una PEvAU única como propugna el PP para todo el territorio nacional?
Desde Andalucía somos partidarios de una prueba común que sea más homogénea para todo el alumnado con independencia de su lugar de estudio y en la que se puedan aplicar criterios similares en cuanto a la corrección o al nivel de dificultad de los exámenes. También habría posibilidad de unificar criterios en cuanto a las fechas. De hecho, Andalucía ya ha dado un paso en este sentido, ya que éramos la región que más tarde celebraba la PEvAU y nuestros alumnos ya no podían optar, en muchas ocasiones, a otras universidades del resto del país. En colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo, hemos adelantado las fechas para evitar esas situaciones.
En cualquier caso, al Gobierno central no le gusta esa idea de proyecto de Estado porque hay comunidades que son contrarias, pero nosotros apostamos por la igualdad de oportunidades.
