Hay una enfermedad crónica en la política española que no sale en ningún parte médico pero que mata economías, destruye empleos y condena regiones enteras a la ruina. Se llama síndrome de lo urgente sobre lo importante. Y en Andalucía la hemos sufrida en carne propia más de 30 años, hasta que llegó un cambio; en la boca seca, en los campos chamuscados y en los embalses que parecían desiertos de cemento. Pero ahora llueve. Y claro, ahora ya no hay problema. Ahora ya no es urgente. Ahora, al gobierno central, el agua de Andalucía le importa exactamente lo mismo que siempre: nada de nada.
Permítanme contarles la historia tal como es, sin eufemismos, politequeos, ni paños calientes, que para eso estamos aquí.
Hace apenas dos años —dos años, no dos siglos— esta tierra vivió la mayor crisis hídrica de su historia moderna. Los embalses al 20% de capacidad. Medio millón de andaluces sin agua potable fiable. Camiones cisterna abasteciendo pueblos enteros durante nueve meses seguidos. El embalse de Sierra Boyera, en Córdoba, se secó en abril de 2023. Se secó del todo. Como un cubo volcado. La Viñuela, en Málaga, cayó por debajo del 9%. Iznájar al 16%. Las organizaciones agrarias lo dijeron sin rodeos: “2023 ha sido el peor año agrario del siglo.” Los olivareros de Jaén vieron cómo la cosecha caía un 60%. La factura total de la sequía para Andalucía: 4.270 millones de euros, el 2,1% de nuestro PIB. Devastador.
¿Y qué hizo el Gobierno central durante aquella sequía extrema? Pues lo de siempre: prometer. Reuniones. Comunicados. Planes hidráulicos con cifras de muchos ceros. Teresa Ribera le dijo a Juanma Moreno que se dejara de “aspavientos” y que confiara en la “gestión eficaz”. Una gestión tan eficaz que la desaladora del Bajo Almanzora —prometida en el Plan Hidrológico Nacional de 2005, hace veinte años— estaba destruida por una riada desde 2012, sin haber funcionado jamás con normalidad, y seguía sin reparar durante la crisis. Una gestión tan eficaz que la desaladora de la Axarquía, también prometida desde 2005 para 220.000 habitantes que se triplican en verano, a día de hoy no tiene proyecto aprobado, no tiene obras iniciadas, no tiene absolutamente nada. Solo promesas que ya tienen mayoría de edad.
Pero la guinda del pastel se llama Presa de Alcolea, en Huelva. Una infraestructura con capacidad para 230 hectómetros cúbicos que lleva paralizada siete años. Siete años con las grúas quietas. La Junta ofreció terminarla ella misma si el Estado ejecutaba otras obras equivalentes. El Gobierno ni firmó el convenio. En cuanto al Túnel de San Silvestre, también en Huelva, anunciado en 2021 con 68 millones de euros: a finales de 2025, ni una piedra colocada, ni una máquina trabajando. Y así, uno tras otro, más de 117 proyectos de interés general del Estado pendientes de ejecución en Andalucía según los datos disponibles. Ciento diecisiete. Que nadie nos venga con el cuento de que el problema del agua en Andalucía es falta de planificación. El problema es falta de voluntad política.
Ahora bien, seamos justos, y algo optimistas. Mientras Madrid miraba para otro lado, la Junta de Andalucía se ha puesto a trabajar con una intensidad que no tiene precedentes en la historia reciente de esta comunidad. Los números son los que son, y los números no mienten. Desde 2019, el gobierno de Juanma Moreno ha ejecutado casi 200 obras hidráulicas en las ocho provincias, con 130 obras simultáneas en marcha durante 2025 por valor de 853 millones de euros. Ha incorporado 221 hectómetros cúbicos anuales de nuevos recursos hídricos al sistema —84.000 piscinas olímpicas, por poner una cifra que se entienda—. Y lo ha hecho sin esperar a que lloviera para relajarse.
Solo en los últimos dos años, las actuaciones ejecutadas o adjudicadas incluyen obras que cambian la realidad del agua en Andalucía: la ampliación de la EDAR de El Copero (Sevilla, 70 millones), la mayor obra hidráulica individual del período; las conducciones de la Sierra Sur de Sevilla (unos 50 millones, 60 kilómetros de tuberías, 80% ejecutado) que garantizan el abastecimiento a decenas de municipios; el Anillo Hídrico de la Sierra de Aracena en Huelva (35 millones); la mejora de la toma de la presa de El Andévalo; la ETAP de Río Verde en Marbella (37-39 millones, en licitación avanzada); la ampliación de la desaladora de Marbella, inaugurada en julio de 2025, que triplicó su capacidad; y una red de tratamientos terciarios en Almería, Málaga y Granada que han cuadruplicado la producción de aguas regeneradas, de 17 hm³ en 2019 a 70 hm³ en 2025, con objetivo de alcanzar 180 hm³ en 2027. En la provincia de Córdoba, 246,8 millones comprometidos en 64 actuaciones. En Almería, 183 millones en 41 infraestructuras. En Huelva, 126 millones ejecutados en 31 obras finalizadas.
¿Y saben qué dice Moreno Bonilla mientras tanto? :”Andalucía sigue necesitando obras hidráulicas aunque llueva.” Así de claro y así de sensato. Porque los embalses hoy están al 86% —el nivel más alto en una década, gracias a un invierno extraordinario— y eso es una bendición, pero no es una solución estructural. La próxima sequía no es una posibilidad, es una certeza matemática. La pregunta no es si volverá la sequía, sino si cuando llegue habremos construido las infraestructuras que ahora, con los pantanos llenos, a Madrid ya no le urgen.
Y aquí está la madre del cordero. Aquí está la esencia de esa enfermedad política que mencionaba al principio.
Cuando los embalses estaban al 20% y las familias bebían agua de camiones cisterna, el agua era urgente e importante. Cuando los embalses están al 86%, el agua ya solo es importante, ya no es urgente. Y en política española, lo que no es urgente no existe. Las desaladoras prometidas en 2005 llevan veinte años siendo “importantes pero no urgentes”. La Presa de Alcolea lleva siete años siendo “importante pero no urgente”. El Túnel de San Silvestre lleva cuatro años siendo “importante pero no urgente”. Y así hasta las 117 obras que el Estado tiene pendientes en Andalucía.
La política del ciclo electoral es así de perversa y así de predecible: cuando llueve votos, el agua sobra. Cuando aprieta la sequía —y cuando aprietan las elecciones— de repente todos se acuerdan de Andalucía, todos viajan al sur con su maletín de promesas y su traje de faena. Hasta que pasa la emergencia. Hasta que pasa la amenaza electoral. Y entonces, vuelta a la casilla de salida.
Andalucía merece algo más que ser gobernada por la urgencia ajena. Merece que lo importante se trate como importante, llueva o no llueva, haya elecciones o no las haya. Mientras el gobierno central sigue prometiendo desaladoras que cumplen décadas en los cajones, la Junta de Andalucía intenta paliar lo que puede en una política presupuestaria demoníaca para una comunidad que es más grande que 18 países de Europa y se la trata, con mil perdones, como a Murcia o como a otra comunidad pequeñita. Mientras no exijamos que somos un “país” de 9 millones de habitantes, lloverán votos a espera de que llueva agua.
