Es arriesgado pretender un balance de cuatro años de trabajo del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales que ocupe el exiguo espacio de esta columna, pero el riesgo es parte consustancial del diálogo social material, que es a lo que nos dedicamos en el CARL, y nunca lo rehuimos. Siempre digo que más allá de las declaraciones grandilocuentes acerca de la importancia del diálogo social, la realidad cotidiana nos enseña que no hay nada más difícil que dialogar con sindicatos y patronales, pero que el precio a pagar por la ausencia de dicho diálogo es tan alto que la dificultad se nos antoja menor -coste de oportunidad- frente a las consecuencias de su inexistencia o de su fracaso. Se dice que el diálogo social es la infraestructura profunda de todo sistema de relaciones laborales, y es completamente cierto.
En buena medida, estos cuatro años de la legislatura que acaba de terminar en Andalucía, han supuesto un reaprendizaje de las dinámicas de diálogo social en el CARL, en términos de qué temas son susceptibles de ser dialogados, y por tanto, acordados, qué temas forman parte de la dinámica administrativa propia de un órgano colegiado como el Consejo y no necesitan ser acordados, y qué temas forman parte de la autonomía propia de las organizaciones sindicales y empresariales y de la competencia funcional de la Administración, y pueden ser objeto de diálogo o no. Y esto tiene que ver, esencialmente, con el cambio funcional, competencial e institucional experimentado por el Consejo a lo largo de los años, no solo en esta última legislatura, y, sobre todo, con la necesidad imprescindible de la rendición de cuentas como principio director de la acción de cualquier órgano colegiado de participación social.
La ley de 1983 reguladora del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales sirvió a los fines de un proceso democratizador de las relaciones laborales en Andalucía cuando aún no existía ni la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Hoy ya no hay que democratizar el sistema, ya no estamos en ese escenario, en todo caso habrá que protegerlo de amenazas antidemocráticas. Hoy hay que ser útiles para la sociedad, en el caso del sistema de relaciones laborales, útiles para las empresas y las personas trabajadoras, hay que prestar continuamente servicios públicos, en nuestro caso en materia de negociación colectiva y de resolución de conflictos, y hay que rendir cuentas de lo que hacemos porque el dinero del contribuyente es sagrado y tiene que emplearse al 101% de su rendimiento en beneficio de todos.
Estos cuatro años han servido, por tanto, como impulso de la expansión funcional y competencial del CARL y de consolidación de un modelo híbrido de órgano colegiado de participación social y de Administración prestadora de servicios en materia de negociación colectiva, con una fuerte proyección social del órgano y un extenso reconocimiento reputacional basado en la eficacia de sus intervenciones en situaciones de graves conflictos colectivos derivados de bloqueos de negociación colectiva o del ejercicio del derecho de huelga por conflictos jurídicos o de interés. La apuesta que la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha hecho durante estos cuatro años, de la mano de su Consejera Rocío Blanco, por fortalecer al CARL como herramienta para el fomento de la negociación colectiva, órgano para la gestión del conflicto derivado del bloqueo o de la ausencia de negociación en los sectores productivos, o punto de encuentro imprescindible para la resolución de las disputas laborales, ha resultado determinante en este proceso de consolidación orgánica y de prestigio institucional.
Nos dotamos a principios de legislatura de un II Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva Andaluza que terminó presentando su balance final de actuaciones en marzo de 2026 con más de un 95% de cumplimiento de sus 7 objetivos estratégicos, 14 objetivos operativos y 77 medidas de apoyo a la negociación colectiva. Gracias a ello, hoy tenemos auténticos récords de convenios colectivos en vigor -1.500 en total en la Comunidad- que dan cobertura a un total de 579.000 empresas y 2.092.000 personas trabajadoras. Al finalizar el año 2025 se encontraban en vigencia expresa en Andalucía 745 convenios colectivos que daban cobertura a 1.886.813 personas trabajadoras y 388.612 empresas, lo que ha supuesto un incremento respecto a 2022 del 9,56% en número de convenios en vigencia expresa y del 93,01% y 136,96% en personas trabajadoras y empresas respectivamente.
No tener convenio colectivo aplicable no es una opción, y desde el CARL trabajamos para evitarlo impulsando y facilitando el trabajo de las comisiones negociadoras, asistiéndolas técnicamente, poniendo a su disposición servicios de presidencia o cediendo nuestras instalaciones para residenciar las propias sesiones de negociación o domiciliar las comisiones paritarias. Los servicios de apoyo directo en mesas de negociación a través de presidencias, apoyos técnicos o mediación general en sede SERCLA para el desbloqueo de convenios colectivos, han permitido que se beneficien del plan 639.424 personas trabajadoras y 91.104 empresas cubiertas por los más de 65 convenios colectivos que han utilizado los servicios de apoyo del plan. Seguimos trabajando por alcanzar un protocolo para evitar vacíos de legitimación y representación en los procesos de constitución de mesas de negociación en sectores sin convenio, cuyo acuerdo debería producirse en breve.
Hemos resuelto bloqueos de negociación en sectores y empresas estratégicas para la economía andaluza que han afectado a 38 convenios colectivos de 23.034 empresas y 221.215 personas trabajadoras, prestándose asistencias técnicas a convenios de sector y empresa como el del Campo de Granada, Conservas y Salazones de Huelva, el metal de Cádiz, o la empresa siderúrgica Acerinox, que han afectado a más de 20.000 empresas y 72.000 personas trabajadoras. En la sede del CARL se han firmado convenios que han afectado a más de 23.000 empresas y 143.000 personas trabajadoras. Así mismo, durante la vigencia del plan (2023-2025) se han evitado, gracias a la mediación del SERCLA, un total de 8.814.920 horas de huelga, lo que supone un ahorro de más de doscientos diez millones de euros (210.620.862,56 €). En el periodo de la legislatura, 2022-2026, el número de horas de huelga evitadas supera ya los 11 millones, con un coste salarial equivalente a 275 millones de euros.
El esfuerzo realizado por parte de las organizaciones miembro del CARL en el seno de la Comisión de trabajo para el desarrollo de recomendaciones, cláusulas tipo y buenas prácticas para la negociación colectiva, ha permitido alcanzar el consenso necesario para ofrecer a las mesas de negociación dos bloques de Recomendaciones acordadas por el Pleno del CARL en 2024 y 2025. En primer lugar, las Recomendaciones y Cláusulas Tipo del CARL para la Negociación Colectiva Laboral Andaluza, documento que incluye recomendaciones que abarcan temáticas relativas a impulso y agilización de las negociaciones, uso de instrumentos de apoyo del CARL para la negociación y la adaptación de contenidos de los convenios colectivos, domiciliación de la comisión paritaria en sede CARL, composición equilibrada entre hombres y mujeres en las mesas de negociación, y fomento del SERCLA. Así como cláusulas tipo consensuadas en el CARL para facilitar la implementación en los convenios colectivos de estas recomendaciones. Y en segundo lugar las Recomendaciones para la negociación colectiva laboral andaluza en materia de seguridad y salud en el trabajo. Documento que incluye recomendaciones a las mesas de negociación sobre el contenido a abordar en cláusulas de planificación preventiva, evaluación de riesgos laborales, vigilancia periódica de la salud, información y formación en materia preventiva, coordinación de actividades empresariales, desconexión digital y trabajo a distancia, así como retorno al trabajo tras un periodo prolongado de baja.
Derivada directamente del II PANC se puso en marcha mediante convenio de colaboración entre la Universidad Internacional de Andalucía (UNÍA) y la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía la creación de la Cátedra de Negociación Colectiva y Relaciones Laborales de Andalucía. Esta Cátedra nace con el objetivo de dar un impulso a la negociación colectiva en Andalucía, mediante actividades de formación especializada de negociadores de convenios colectivos y actividades de investigación y debate sobre la negociación colectiva. Pretende el desarrollo de seminarios, talleres y ciclos de conferencias, la cooperación para lograr proyectos de investigación relacionados con los fines generales de la UNIA y el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, reuniones y encuentros con agentes económicos y sociales vinculados al CARL, cursos de verano y encuentros en el marco de la programación académica de la Internacional, y guías técnicas para la negociación colectiva, entre otras. De igual modo, y dado que el II PANC mandataba la creación de una Cátedra de Negociación Colectiva y Mediación, se ha procedido al desdoble de esa configuración inicial por motivos de especialización, habiéndose puesto en marcha también el proceso de creación de una Cátedra de Mediación y Arbitraje para el conflicto laboral, en los mismos términos convencionales que la anterior de Negociación Colectiva, con la UNIA, con el objeto de cumplir con los mismos fines formativos, investigadores y de prospectiva en el campo de la mediación y el arbitraje, que es el propio del SERCLA y también del CARL, por lo que se refiere a los arbitrajes.
Y ahora encaramos con ilusión esta nueva legislatura para impulsar la imprescindible reforma de la Ley del CARL, claramente superado su marco jurídico por la realidad actual del Consejo, y para forjar un nuevo Acuerdo Interprofesional para la modernización del SERCLA, que nos permita hacer de este órgano el referente absoluto en Andalucía de la resolución extrajudicial de conflictos laborales, culminando los esfuerzos de reforma y mejora que ya se han iniciado con el II PANC.
