Mucho debatimos el pasado verano de la conveniencia o no de una convocatoria electoral por parte del presidente Sánchez a finales del pasado mes de Julio. Pero vamos a las consecuencias económicas. En esas fechas, los Presupuestos Generales del Estado para 2024 ya hubieran entrado en el Congreso y estarían discutiéndose. ¿Y en qué estamos? Pues, sin riesgo a equivocarme, no tendremos Presupuestos Generales del Estado 2024, con suerte, hasta el mes de mayo del próximo año. Por lo que, en este escenario, tendremos un presupuestado prorrogado a enero de 2024.
Y gestionar un presupuesto bajo esta restricción es realmente algo, no sólo más complicado, sino que deja a la actividad del sector público casi en “ralentí” cubriendo sólo el gasto del día a día y sin poder acometer ninguna intervención de calado.
Y si esto fuera poco, nos encontramos que la ejecución del Presupuesto 2023, que, a nivel de inversiones, se suelen concentrar en la segunda mitad del año, está quedando sin realizarse. Y para más desidia, los Fondos Next Generation, que ya sabemos la complejidad que están teniendo en su desarrollo y puesta en valor en la economía real, están casi paralizados. Con un grado de ejecución bajísimo y ya advertido por Bruselas.
Pero es que podría ser peor, ¿imaginemos que la aritmética parlamentaria hiciera imposible la aprobación de los Presupuestos? Pensemos que uno de los socios de gobierno, SUMAR, ha saltado por los aires con la salida de PODEMOS, que va a negociar de forma agresiva, cual despecho, cualquier partida. Pues no tendríamos presupuestos en todo el año 2024, y nuestro país, entraría con alta probabilidad a una tasa de crecimiento de un punto si no rozando el negativo, por la inacción de su sector público. En medio de una desaceleración generalizada, nosotros nos dedicamos a convocar elecciones, retrasar investiduras, hacer saltar coaliciones y no a hacer nuestros deberes como es tener al sector público engrasado (que no olvidemos que aporta el 29% del PIB) y andamos jugando a House of Cards o Juego de Tronos.
El panorama económico de Andalucía replica un comportamiento muy parecido al que se puede apreciar a nivel nacional. En específico, las estimaciones más recientes nos indican que el PIB de Andalucía crecerá de un 2,3% en 2023 (ligeramente inferior al 2,4% estimado por España), previsión más optimista que la del 1,8% indicada en el anterior número. De la misma manera, las nuevas estimaciones indican que la economía andaluza debería crecer de un 1,3% en 2024, frente al 1,8% nacional.
Pero todo esto bajo el supuesto de estabilidad económica y activación de todas las partidas del sector público. Y no me refiero sólo al gasto corriente si no a las inversiones. Ya sabemos que se han quedado ingentes partidas de autofinanciada y de fondos europeos en este 2023 sin ejecutar. Y si todo esto fuera poco, la Comisión Europea ya está poniendo deberes a todos los países de la Unión para el ajuste fiscal con una senda hasta 2028 de grandes recortes. Y España es de los países que más se ha desviado del compromiso y tendrá que hacer un sobreesfuerzo para cumplir. Aunque con los compromisos adquiridos con los ocho partidos que conforman la investidura, más el noveno con el que también va a tener que negociar -PODEMOS- se aventura difícil cumplir los compromisos de más de 100.000 millones de euros que ha puesto el presidente Sánchez encima de la mesa para seguir liderando el ejecutivo. Por lo tanto: o se cumple con los socios de gobierno, o se cumple con Europa. Todo no vale. Yo ya lo he dicho. La legislatura no va a ser larga, no por motivos políticos, sino porque no va a haber dinero para pagarla.
