19/05/2024

La defensa del defensor
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Como consecuencia de un accidente laboral en el año 2021, un ciudadano llevaba desde abril de 2023 esperando una artroscopia de rodilla. Habiendo sido dado de alta laboral, le era imposible trabajar debido a su dolencia, desde la Administración sanitaria le comunican que ese tipo de operaciones se están produciendo entre 12 y 18 meses después de la indicación por especialista. Esta situación le está afectando a su calidad de vida y a su actividad laboral.

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¿Quién no conoce un caso similar, o quien no la ha sufrido en sus propias carnes retrasos en tiempos de respuesta, en el acceso a la primera consulta de asistencia especializada, en intervención quirúrgica, retrasos en la valoración de la discapacidad, en el Ingreso Mínimo Vital, en las ayudas a la dependencia o en el bono de alquiler para los jóvenes?

En el año 2023, son más de 35.000 personas son las que, al tener que hacer frente a situaciones de este, tipo acudían al Defensor del Pueblo andaluz. ¿Pero qué conocen los andaluces del funcionamiento de este comisionado parlamentario?, ¿Saben en qué supuestos acudir a él?

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Hace 40 años, un 1 de diciembre de 1983, el Parlamento de Andalucía aprobaba la Ley 9/1983, de constitución de la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz. Hablamos de una institución capaz de brindar ayuda a las personas para resolver algún problema o conflicto que haya podido surgir en sus relaciones con las Administraciones Pública: ayuntamientos, diputaciones, Consejerías de la Junta de Andalucía, las agencias públicas, hospitales.

La figura del Defensor del Pueblo andaluz, se crea para la proteger los derechos y libertades comprendidos en el Título I de nuestra Constitución. Con una intervención caracterizada por su gratuidad, sencillez y su carácter reservado, cualquier ciudadano puede ver resuelto su problema sin necesidad de gastarse dinero en abogados o esperar el funcionamiento de los juzgados.

Como bien recoge su ley, el Defensor del Pueblo Andaluz puede iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración Autonómica y de los agentes de ésta, en relación con los ciudadanos que tengan un interés legítimo afectado. Todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones. En su labor investigadora de las quejas, el Defensor del Pueblo puede personarse en cualquier centro de la Administración Autonómica, comprobar cuantos datos fueren menester, hacer las entrevistas pertinentes o proceder al estudio de los expedientes y documentación necesaria, y todas las Administraciones tendrán la obligación de colaborar con él.

Cualquier persona puede pedir la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, sin distinción de edad, origen, residencia, nacionalidad, sexo o capacidad legal. Una vez que el Defensor del Pueblo admite a trámite una queja (pues podría llegar a rechazarla de manera motivada, sobre todo cuando considera que el asunto no es de su competencia, o entiende que la queja no tiene un objeto claro), si su equipo detectara alguna irregularidad una vez analizados los hechos, le comunicará a esa Administración que debe rectificar. Aunque el Defensor del Pueblo Andaluz no sea competente para modificar o anular los actos y resoluciones de la Administración Autonómica, podrá, sin embargo, sugerir la modificación de los criterios utilizados para su producción.

La concesión de una beca solicitada a hijo de víctima de violencia de género, la subsanación de un error administrativo con la consiguiente concesión de la ayuda solicitada para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, son algunos de los cientos de casos a los que ha hecho frente el Defensor, aportando un rayo de luz a miles de personas que cada año se ven sumidas en la maraña burocrática con la que desgraciadamente nos ha tocado convivir.

Recientemente el Defensor del Pueblo andaluz presentaba su Informe Anual 2023 en la sede del Parlamento de Andalucía. En dicho Informe ha quedado de manifiesto que año 2023 ha sido el que más quejas ha recibido; 9.600 quejas, un 12% más que en el pasado ejercicio, “debido a los retrasos en tiempos de respuesta asistencial en el acceso a la primera consulta de asistencia especializada y en intervención quirúrgica, principalmente”.

Actualmente, para facilitar el acceso de todos los andaluces, existe la Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz que se desplaza por las diferentes provincias, acercando al equipo del Defensor a la ciudadanía mediante la atención presencial.

Desde Aljura, la Asociación para la Alfabetización Jurídica de Andalucía, somos conscientes de las carencias de una buena parte de la población, lo que nos impulsa a contribuir a una sociedad mejor y más justa, evitando situaciones perjudiciales fruto del desconocimiento. Somos la primera asociación en Andalucía que trabaja en la divulgación de conocimientos jurídicos para toda la ciudadanía.

Creyendo que existe esta necesidad y con el deseo de contribuir al bienestar de la población andaluza, un grupo de profesionales de varios ámbitos y disciplinas nos hemos unido para transmitir los conocimientos adquiridos a través de años de estudio y experiencia laboral. Los valores que nos mueven son la profesionalidad, la vocación de servicio y la igualdad de oportunidades para todos.

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Todos creemos que la alfabetización jurídica de Andalucía puede contribuir a crear una sociedad mejor y más justa y puede evitar que muchas personas tengan que recurrir a la Justicia o verse sometidos a ella por malas prácticas que en muchas ocasiones provienen del desconocimiento.

Ningún ciudadano puede sentirse desprotegido ante una actuación de la Administración, porque existen opciones, porque no estamos solos, porque el conocimiento de las instituciones nos puede brindar protección, ayuda, o asesoramiento. Porque, en una democracia, las instituciones están al servicio de los ciudadanos y no de la clase política. Desde Aljura empezamos nuestro camino dando a conocer una figura tan relevante como el Defensor del Pueblo andaluz.

 

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