El Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, SERCLA, es el relato de una trayectoria histórica exitosa desde su puesta en funcionamiento en 1999, una vez aprobado su primer reglamento, razón por la que celebreramos sus 25 años de vida en septiembre de este año 2024. Su creación data de abril de 1996, a través de un Acuerdo Interconfederal del que en un principio fue parte la Administración de la Junta de Andalucía, vinculándose administrativamente al CARL, e incorporando los conflictos individuales en marzo de 2005, con actualizaciones reglamentarias mediante Acuerdo de enero de 2015 y desarrollo reglamentario en agosto de 2018, y una última reforma de su reglamento en 2022. En esta reforma del 2022 se renunció a los conflictos en la Administración Pública, por la imposibilidad de realizar transacciones con efectos presupuestarios, asumiéndose mediante Acuerdo Interprofesional sobre materias concretas del art. 83.3 ET, todas las convocatorias de huelga en Andalucía, no solo las convocadas por los sindicatos mayoritarios.
Su vocación de servicio al sistema de relaciones laborales de Andalucía está fuera de toda duda, habiendo desempeñado un papel clave en conflictos laborales de la máxima relevancia a lo largo de este cuarto de siglo. Su carácter innovador le ha llevado a ser el primer servicio en España que hizo mediaciones on line a raíz de la pandemia de 2020. Actualmente, el 90% de nuestras mediaciones individuales son on line.
Con los datos disponibles del 2023, el SERCLA asume el 5% (2.549) del total de conflictos individuales en Andalucía, y los CMAC el 95% restante, de un total de 51.503 conflictos en toda Andalucía. El 100% de los conflictos colectivos se encuentra en manos del SERCLA, que es donde radica su relevancia, ya que la evolución de los últimos tres años en la gestión y resolución de estas controversias ha generado unos números que se comentan por sí solos: en 2021, 815 expedientes colectivos, que afectaron a 24.630 empresas y 396.140 personas trabajadoras, en 2022, 837 expedientes, con 53.082 empresas y 509.510 personas trabajadoras, y en 2023, 810 expedientes, con 26.149 empresas afectadas y 611.326 personas trabajadoras afectadas.
En términos generales puede decirse que los conflictos que se presentan en SERCLA suponen 12 veces más de trabajadores afectados que los que se presentan ante el CMAC, que solo lleva conflictos individuales, singularmente despidos y reclamaciones de cantidad. Los porcentajes de avenencias individuales son muy similares en CMAC, 24,5% y en SERCLA, 26,3%. pero en conflictos colectivos, hemos alcanzado este año la nada despreciable cifra del 37,8% de avenencias, con picos del 51,4% en Algeciras o del 46,6% en Jaén. En términos económicos, afirmamos con rotundidad que la paz social no tiene precio, y ello se traduce en que en sus 25 años de existencia, el SERCLA ha tenido un coste aproximado para la Administración de 19 millones de euros, habiendo ahorrado para el tejido productivo andaluz la nada despreciable cifra de 51 millones de horas de trabajo en huelgas, lo que equivaldría a casi 800 millones de euros, de ahí que reclamemos una mayor dotación presupuestaria para este organismo, dado que es difícil encontrar un sistema de resolución extrajudial de conflictos que pueda ser más rentable en términos sociales y económicos. Solo en 2023, el SERCLA ha evitado la pérdida de 4.580.512 horas de trabajo por huelgas
En la actualidad nos encontramos trabajando en conseguir un III Acuerdo Interprofesional sobre el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía con vigencia hasta 2025, ante la necesidad de acometer un impulso de renovación que asegure el futuro del SERCLA frente a las condiciones sociales, económicas y políticas más adversas, con el objeto de garantizar la paz social en nuestro sistema de relaciones laborales andaluz. Será esencial en este sentido que la próxima Ley de Participación Institucional contemple la correspondiente aportación presupuestaria para este Acuerdo, del mismo modo que para el II Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva, aprobado por el CARL en julio de 2023.
Para ello, en el seno de su Comisión de Seguimiento, hemos propuesto desde el CARL, como órgano administrativo gestor del SERCLA integrado por CCOO, UGT y CEA, el abordaje de una serie de cuestiones que entendemos son clave para garantizar este impulso, teniendo en cuenta, como dice el art. 8 de su Reglamento vigente, que corresponde al CARL la ejecución material de los acuerdos de su Comisión de Seguimiento, así como el soporte técnico en la tramitación de todas las fases de la sustanciación de los procedimientos, tanto de mediación como de arbitraje, impulsando en general la actividad del Sistema, y recabando, en su caso, el apoyo personal y material de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Empleo. Los ejes generales de este Acuerdo serían:
1º. La formación integral de mediadores, con certificación de su cualificación, y reconocimiento de sus capacidades mediadoras. Ya hemos puesto en marcha y completado el programa piloto Curso de Capacitación en Mediación Laboral de la mano de un convenio institucional firmado con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, curso que se ha testado en el Tribunal Arbitral y de Mediación de Islas Baleares, TAMIB, con unos excelentes resultados.
2º. La selección de mediadores a incorporar al Sistema para su empoderamiento, definiendo su perfil, abierto y bajo criterios de transparencia, seleccionados conforme a competencias o experiencia por acuerdo unánime de las organizaciones firmantes, recuperando a los mediadores más experimentados que no estén ya en activo para el mentoring de los nuevos mediadores.
3º. El refuerzo en materia de garantías, de la permanencia mínima de los mediadores en el sistema tras ser formados, con el fin de optimizar los recursos y evitar el alto grado de rotación que se registra, consolidar su experiencia y vinculación con el SERCLA, y la aprobación de un Código Ético de actuación en las mediaciones. El TAMIB de Baleares ha implantado nuestro Código Ético, así como los Consejos de Colegios de Graduados Sociales y Abogados de Andalucía y las asociaciones de laboralistas ASNALA y ALAS. Estamos trabajando en la implantación de un sello de calidad ética, implicando a los colegios profesionales y a las empresas a través de la RSC. Actualmente, más de 400 profesionales se han adherido individualmente a nuestro Código Ético en toda Andalucía.
4º. La atención en la designación de mediadores a criterios de eficacia previamente acordados con las organizaciones y conformando equipos estables para conflictos colectivos de especial trascendencia, incluyendo las mediaciones unipersonales en determinados conflictos individuales.
5º. La transición hacia un modelo tarifario que garantice la estabilidad económica del sistema, tema que consideramos absolutamente imprescindible habida cuenta de la experiencia comparada. Somos el único sistema de resolución extrajudicial de España que no cuenta con un sistema de tarifa.
6º. La evaluación de la calidad, monitoreando las encuestas entre mediadores y partes interesadas. Pretendemos logra la máxima eficacia, con un 40% de avenencias para 2023, 50% en 2024 y 60% en 2025.
Seguimos trabajando de la mano de nuestras organizaciones, CCOO, UGT y CEA en el perfeccionamiento de un sistema que puede calificarse como el mejor de España en estos momentos. Quedan retos importantes por delante, pero tenemos la determinación y la voluntad de entendimiento que nacen de nuestro ADN organizacional, el diálogo social permanente.
