Málaga y Sevilla han batido otro récord. Y otro. Y otro más. En marzo de 2026, el metro cuadrado de vivienda alcanzó los 3.720 euros de media en la capital malagueña y 4.236 euros en el centro de la capital hispalense, un 12,1% más que hace un año. Marbella supera los 5.500. Para un malagueño con salario medio, comprar casa en su ciudad cuesta hoy un 37% más que la media española. La brecha no para de abrirse. Y en las calles, miles de personas protestan.
Pero antes de agitar la pancarta, convendría hacerse una pregunta incómoda: ¿quién vendió?
En la plaza de La Merced de Málaga, casi el 69% de las viviendas están registradas como uso turístico. No es una invasión silenciosa. Es el resultado de miles de decisiones individuales perfectamente voluntarias. Cada propietario que convirtió su piso en apartamento turístico firmó un contrato, cobró la plusvalía y agradeció que el mercado hubiera llegado a su portal. Muchos de esos mismos vecinos son hoy los que salen a la calle a denunciar que «el barrio ya no es nuestro». Puede que tengan razón. Pero vendieron la escritura del barrio ellos mismos, a precio de mercado, con notario y toda la vaina.
Esto no es un juicio moral. Es una descripción de la realidad que el debate público prefiere ignorar porque es más cómodo señalar al turista que mirarse al espejo. La turismofobia tiene un componente legítimo porque también acogemos un turismo de borrachera, de despedidas de solteros/as y, en definitiva, un turismo que no viene a hacer turismo sino a destrozar nuestras ciudades; pero también tiene un componente de hipocresía colectiva que nadie se atreve a nombrar.
Acabar con el problema de vivienda tiene una solución, pero pasa por una voluntad política desmesurada. Hoy más del 50% de la vivienda son impuestos, desde las tasas de las materias primas, los servicios técnicos y legales, hasta las decenas de licencias y trámites administrativos. ¡Más del 50%! Luego tenemos que hablar del suelo. ¿Quién es el gran tenedor del suelo? Respuesta: las Administraciones Públicas. ¿Quién no pone suelo finalista disponible? Respuesta: Las Administraciones Públicas.
¿Quieren una solución a la altura del grandísimo problema? Que la administración pacte con el promotor un 15% de beneficio, que regale el suelo, que haga una exención total de impuestos al promotor y al comprador, y que deje construir 36 plantas (ahora bien, todos esos que se quejan de que no hay vivienda, ahora se quejarán de que las golondrinas les molestan o las torres). Les puedo asegurar que esto acaba con el problema y genera barrios enteros que van a tener un círculo económico con sus locales y una generación de impuestos con sus vecinos. Pero… hace falta algo que no existe en nuestro país: altura de miras y consenso por el bien público de los ciudadanos.
Andalucía cerró 2025 como el mejor año turístico de su historia: 37,9 millones de visitantes, más de 30.000 millones de euros de impacto económico, 482.000 personas empleadas en el sector. El turismo generó ese año el 43% de todo el empleo nuevo creado en la comunidad.
Pero hay algo más que conviene decir bien claro: las ciudades andaluzas se están convirtiendo en metrópolis, algunas de primer nivel europeo, con conectividad internacional, demanda global y precios acordes a ese estatus. Y eso tiene una consecuencia que en Madrid o Barcelona se asume con naturalidad y que aquí todavía se vive como agravio: vivir en el centro de una gran ciudad es un lujo. Siempre lo ha sido. Lo que ha cambiado es que ahora las ciudades andaluzas también lo son.
En Madrid nadie se escandaliza porque un trabajador con salario mínimo no pueda vivir en el barrio de Salamanca o en la Gran Vía. En Barcelona nadie exige que el Eixample sea asequible para todos. El desarrollo metropolitano empuja a las personas hacia las afueras, hacia cinturones, hacia los 20, 30, 40 kilómetros del centro. No es una injusticia nueva: es la lógica de cualquier ciudad que crece, que atrae y que vale. La diferencia es que en Andalucía ese proceso ha ocurrido en una década, y la velocidad duele más que la distancia.
El problema real no es el turista. Es la ausencia de una buena política de vivienda que haya sabido crecer a la misma velocidad que el éxito turístico. Décadas construyendo el producto sin construir el sostén. Se han intentado en algunos ayuntamientos bajas forzosas de pisos turísticos. La nueva Ley de Turismo Sostenible promete sanciones de hasta 600.000 euros para el alojamiento ilegal y rastreo con big data. Lo creeremos cuando lo veamos aplicado.
Limitar los pisos turísticos sin construir vivienda pública no resuelve nada; prohibirlos tiene el mismo impacto redistributivo que prohibir el sol: técnicamente posible, económicamente suicida. Si quieren paliar el problema de vivienda limitando el crecimiento, la expansión y el turismo, es que somos idiotas hasta el punto de creernos nuestras propias falacias.
No se puede querer estar en misa y repicando. No se puede exigir los beneficios de vivir en una ciudad metropolitana de proyección internacional y al mismo tiempo pretender que los precios se queden como en un pueblo de interior. No se puede haber cobrado la revalorización del piso heredado y luego protestar porque el barrio ha cambiado. Y no se pueden poner puertas al campo cuando ese campo lleva años dando de comer a cientos de miles de familias andaluzas.
Andalucía se mira en un espejo y no termina de reconocerse. Una tierra que ha aprendido a vivir del turismo, pero que no ha aprendido todavía a asumir lo que eso significa: que el éxito tiene precio, que las ciudades cambian cuando crecen, y que la nostalgia del barrio es bonita cuando nos conviene.
El huésped no se va a marchar. Y en el fondo, tampoco queremos que lo haga.
