Las imágenes de calles anegadas tras episodios de lluvias intensas ya no son una excepción en ciudades como Sevilla. En los últimos años, estos fenómenos han dejado de ser puntuales para convertirse en señales claras de un cambio estructural: el clima está cambiando y lo hace más rápido de lo que muchas infraestructuras urbanas fueron diseñadas para soportar. En este nuevo contexto, la gestión del agua —y, especialmente, las infraestructuras de saneamiento y drenaje— se posiciona como uno de los pilares fundamentales para garantizar la seguridad, la salud pública y la cohesión social.
En este sentido, el consejero delegado destaca que “en los últimos 3 años se ha realizado una importante inversión que ha permitido finalizar y poner en marcha actuaciones por valor de 121,8 millones de euros destinadas a la mejora y renovación de la red de saneamiento y sus principales infraestructuras, como colectores, redes y estaciones de bombeo”.
No podemos perder la referencia de que las lluvias intensas que ha sufrido la capital andaluza y su área metropolitana han vuelto a poner a prueba un sistema que, aunque robusto, encara desafíos crecientes. Tal y como explica Manuel Romero, consejero delegado de EMASESA, la empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua en Sevilla, “no estamos ante hechos aislados”. El cambio climático está alterando los patrones de precipitación, generando lluvias más intensas, concentradas en menos tiempo y con mayor capacidad de desbordamiento.
A pesar de la preocupación social que generan estas situaciones, hay un dato clave que conviene subrayar: las infraestructuras existentes están funcionando. En palabras de Romero, las inversiones realizadas en las últimas décadas han permitido reducir de forma significativa los daños durante estos episodios.
Elementos como los depósitos de retención de aguas pluviales, los grandes colectores o las estaciones de bombeo han jugado un papel determinante. Aunque invisibles para la mayoría de la ciudadanía, estas infraestructuras actúan como auténticos “pulmones hidráulicos” de la ciudad, absorbiendo picos de agua y evitando el colapso del sistema.
Gracias a ellas, muchas zonas densamente pobladas han resistido mejor el impacto de las lluvias que en el pasado. Es decir, invertir en infraestructuras no solo mejora la capacidad técnica de respuesta, sino que tiene un impacto directo y tangible en la vida de las personas.
Uno de los grandes activos del sistema de saneamiento de Sevilla es su alto grado de planificación. El 100 % de la red gestionada por EMASESA está modelada hidráulicamente, lo que permite simular distintos escenarios, identificar puntos críticos y priorizar actuaciones.
Este enfoque técnico marca una diferencia esencial: la ciudad no improvisa ante las emergencias, sino que actúa con base en datos y previsiones. En un contexto de incertidumbre climática, esta capacidad de anticipación es clave.
Sin embargo, disponer del diagnóstico no es suficiente. Como señala Romero, el verdadero reto reside en ejecutar las soluciones identificadas. Y ahí entran en juego factores como el tiempo, la financiación y la coordinación institucional.
El reto de adaptar la ciudad al cambio climático
Las infraestructuras que hoy protegen Sevilla fueron diseñadas en gran medida para un clima distinto. Adaptarlas a las nuevas condiciones implica desarrollar actuaciones de gran envergadura.
Desde EMASESA, se ha diagnosticado toda la red. De ese diagnóstico se ha identificado la necesidad de ejecución de infraestructuras, para Sevilla y su área metropolitana, que suman un total de 500 millones de euros. Muchos de los proyectos para la ejecución de estas obras ya están hechos, como es el caso de los depósitos de retención de aguas pluviales de Kansas City y el de Blas Infante, o la ampliación del colector de Tamarguillo. Estas actuaciones cuentan con proyectos redactados desde hace más de 3 años, pero han carecido de la financiación necesaria para ejecutarlos.
De ahí que sea necesaria la colaboración entre administraciones para la puesta en marcha de esta envergadura de instalaciones necesarias
Entre las prioridades se encuentran la ampliación y digitalización de estaciones de bombeo, la construcción de nuevos colectores interceptores y la creación de depósitos de retención de gran capacidad. Estas infraestructuras permitirían aumentar la capacidad hidráulica del sistema y gestionar de forma más eficiente los caudales extremos. Estamos hablando de inversiones críticas para la seguridad de la población, la protección ambiental y la continuidad de servicios esenciales.
Y a ello se suman las destinadas a asegurar el abastecimiento. EMASESA cuenta ya con un anteproyecto de desalobradora para asegurar el suministro de agua ante futuras sequías. Esta iniciativa permitirá mantener el suministro incluso en los peores escenarios gracias al agua del estuario del Guadalquivir. Con un presupuesto de 60 millones de euros y un plazo de ejecución de 2 años, esta futura infraestructura consiste en la captación de aguas en el estuario del Guadalquivir, aguas abajo de la presa de Alcalá del Río. Desde ese punto, el agua se bombeará hasta la conducción Gergal-Carambolo y se conducirá hasta la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) Carambolo, donde se tratará en una planta de tratamiento avanzado con membranas de ósmosis inversas y nanofiltración.
Desde EMASESA se insiste en que este esfuerzo no puede recaer únicamente en una empresa pública metropolitana. La magnitud del reto exige la implicación de todas las administraciones: desde el ámbito europeo hasta el estatal y autonómico.
La clave está en entender estas infraestructuras como una inversión estratégica, no como un gasto. Anticiparse a los impactos del cambio climático resulta, a medio y largo plazo, mucho más eficiente —y económico— que actuar una vez producido el daño.
Infraestructuras para garantizar la Justicia hídrica
Ahora que, en estas fechas, celebramos el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, no debemos olvidar que, más allá de la ingeniería, existe una dimensión social que resulta fundamental: la equidad. Romero introduce un concepto clave en este debate, el de “justicia hídrica”.
Garantizar que el sistema de saneamiento funcione correctamente en toda la ciudad no es solo una cuestión técnica, sino también social. Las inundaciones no afectan a todos por igual: los colectivos más vulnerables suelen ser los más expuestos y los que cuentan con menos recursos para recuperarse.
Por ello, invertir en infraestructuras hídricas es también una forma de reducir desigualdades. Significa asegurar que todas las personas, independientemente de dónde vivan, estén protegidas frente a los efectos del cambio climático.
No actuar, en cambio, supondría trasladar los costes —económicos, sociales y ambientales— a la ciudadanía, agravando las brechas existentes.
El desafío que enfrenta Sevilla no es único. Muchas ciudades, especialmente en el sur de Europa, se encuentran en una situación similar. Esto abre la puerta a un enfoque colaborativo en el que compartir conocimiento, financiación y estrategias se vuelve imprescindible.
La cooperación entre administraciones emerge, así como un elemento central. No solo para movilizar recursos, sino también para coordinar políticas y garantizar que las soluciones se implementen de manera eficaz y equitativa.
En este sentido, los fondos europeos representan una oportunidad clave para acelerar la transformación de las infraestructuras urbanas y adaptarlas a los nuevos escenarios climáticos.
