Comenzamos con un tema de actualidad, muy controvertido y también muy sensible, como es el de la financiación autonómica. ¿Cómo se analiza este asunto desde esta comunidad y, sobre todo, desde sus municipios?
La propuesta que hay sobre la mesa es una propuesta nefasta porque vuelve a querer generar dos velocidades en España en el sistema de financiación, rompiendo esa caja única donde están los ingresos que pagamos todos con nuestros impuestos y que se reparte, primero a las comunidades autónomas y después a los ayuntamientos, lo que se llama financiación local. Ahora esa caja se rige por el principio de solidaridad, pero lo que se ha negociado con Cataluña es que se pase a un principio de ordinalidad: como tú pagas más, como tú ingresas más, vas a recibir también más.
Quieren enmascarar esto diciendo que, como suben los impuestos, se va a poner más dinero en el sistema y que todas las comunidades van a recibir más. Da igual. Por más que ponga, siempre va a ser más injusto y más insolidario. Lógicamente, si hay uno que recibe más, nos quita a los demás, y eso a los ayuntamientos nos perjudica.
Cuando ha habido otros intentos a lo largo de la historia de España de generar esas asimetrías, sea en competencias o en financiación, Andalucía es la que primero ha levantado la voz, porque nosotros siempre defendemos, desde una visión andalucista pero integrada en España, que no haya esas dos velocidades, que no haya una comunidad autónoma que, por su peso político o por su historia, tenga un tratamiento diferenciado respecto a las demás.
Y esto que nos están queriendo vender es una trampa. La trampa es ponerle un precio a las comunidades autónomas para que aceptemos que se rompa el sistema. Esto perjudica mucho a los municipios andaluces porque de lo que nosotros recibimos ahora, una parte se va a ir a Cataluña. Y ese dinero es con el que se pagan a los policías locales, a los bomberos, a las personas que están limpiando las calles; con ese dinero se construyen polideportivos, centros cívicos y parques. Es decir, toda esa financiación sirve para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Yo creo que el Gobierno de España lo que ha demostrado en los últimos tiempos es muy poca sensibilidad a la presión social y a las demandas ciudadanas. Lo que sí creo es que, afortunadamente, es un Gobierno débil, que tiene muy pocos apoyos parlamentarios, con lo que confío en que finalmente esta propuesta no salga adelante. Además, ya se está viendo un posicionamiento muy fuerte de muchas comunidades, algunas dirigidas por presidentes socialistas, y del municipalismo.
Centrándonos en los municipios andaluces, parece que estamos asistiendo en los últimos tiempos a una revitalización y reindustrialización, sobre todo en algunas zonas concretas.
Hay un Renacimiento andaluz en lo económico, donde nos hemos dado cuenta en los últimos siete años de que no teníamos una lacra histórica que no pudiéramos superar, sino que, trabajando juntos entre todas las instituciones, con un Gobierno como el de Juanma Moreno, que está centrado en lo importante, le hemos dado la vuelta a la situación y hoy Andalucía es la comunidad autónoma donde hay más alta de autónomos, donde más se invierte, donde vienen más empresas y donde se crean más empresas al año. Estamos compitiendo ya con otros territorios que habitualmente lideraban, como Madrid o Cataluña.
La industria está teniendo un papel importantísimo. Ya había un núcleo muy importante de industria en Andalucía, pero hoy en día eso está creciendo con proyectos concretos como el que hay en Córdoba, con la base logística, por apuestas como la de Linares, que también está haciendo muy bien sus deberes en materia de industria, una ciudad que había perdido mucho peso industrial y que lo está recuperando. Hoy Andalucía está liderando la industria y, además, es una industria con características nuevas, con un alto valor añadido, muy tecnológica, innovadora y, en muchos casos, una industria verde.
En el caso de Córdoba, de la que usted es alcalde, se presenta una gran oportunidad a nivel logístico con la nueva base del Ejército, que ya ejerce de polo tractor de otras empresas.
Este caso debe servir de precedente porque en él están trabajando todas las administraciones: nacional, regional y local. Es un proyecto común estratégico de enorme importancia, ya que significa la reindustrialización de una zona. Es un proyecto enorme que incluye los 500 millones de euros de inversión que va a tener la base logística, con un polígono anexo, que ya ha generado 1.600 empleos y 3.200 más en el futuro, ya garantizados.
Además, en la ciudad de Córdoba se van a poner a disposición otro millón de metros cuadrados de suelo logístico. Hay prevista una inversión de más de mil millones de euros en proyectos privados. Es una gran ciudad inteligente de la defensa para toda España. Es decir, estamos hablando de un proyecto de Estado en Córdoba, que el Estado y nosotros estamos aprovechando.
Ahora en Córdoba tiene presencia Indra, que está fabricando satélites; tiene presencia Escribano, que está desarrollando proyectos del Ministerio de Defensa y que la semana pasada anunció que ampliaba sus instalaciones. Están ampliando instalaciones Hitachi, Cunext y Génova. En definitiva, se está produciendo ese renacer industrial ligado a un proyecto estratégico cuando todavía no ha arrancado completamente.
Es imposible hablar de Andalucía, y también de Córdoba, sin poner el foco en el sector turístico. ¿Cómo están gestionando los municipios el fenómeno de las viviendas turísticas?
Creo que el modelo andaluz es un modelo que está dando resultados, funciona y puede ser un ejemplo para otras comunidades autónomas y otros territorios en España. Hay que tener en cuenta que el mundo ha cambiado y la forma de viajar ha cambiado. El fenómeno de la vivienda turística ha venido para quedarse. Tenemos que ser conscientes de que hoy en día se viaja mucho más y hay que entender que las viviendas turísticas ofrecen otras posibilidades y a menor coste, sobre todo cuando se viaja en familia. Los datos nos dicen que el impacto de la vivienda turística es mínimo en el precio de la vivienda en el conjunto de la ciudad.
Lo que tenemos que tener claro es que el turismo es una industria indispensable en territorios como Andalucía, si no hay un sustituto. Nosotros no podemos demonizar el turismo porque el turismo da muchos empleos. Es el sustento de miles de familias de Andalucía y sigue siendo nuestro principal motor económico.
El modelo que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía es muy inteligente. Es un modelo asimétrico, porque no en todos los municipios tenemos ese problema. Incluso puede haber municipios donde las viviendas turísticas sean la única fórmula para tratar de ganar algo de turismo. Sabemos de municipios rurales, municipios pequeños, donde seguramente un hotel no tendría cabida por tamaño, pero sí pueden tener un conjunto de viviendas turísticas con las que complementar su oferta, que de otro modo sería nula.
Por eso no puede haber una solución común. Nos tienen que dar libertad a los ayuntamientos para que podamos regular, y esa regulación tiene que hacerse con una base jurídica sólida. No podemos caer en la arbitrariedad. Por eso, desde el Gobierno andaluz se aprobó primero un decreto y ahora una ley. Entre los requisitos de calidad y los requisitos urbanísticos que los ayuntamientos ya hemos podido regular, se está controlando ese fenómeno que, insisto, en su conjunto es positivo.
Hablamos entonces más de medidas con bisturí, respaldadas por observatorios y estudios que vengan a resolver problemas.
Así es. De hecho, nosotros hemos sacado adelante en la FAMP un Observatorio de Sostenibilidad Turística, junto con la Junta de Andalucía y la Confederación de Empresarios de Andalucía, para evidenciar que el turismo es un fenómeno que hay que tratar con bisturí. Las medidas tienen que ser muy concretas y muy basadas en estudios.
Ya se hizo con la tasa turística. Nos reunimos todos los agentes públicos y privados y se observó que poner una tasa podría significificar que determinados turoperadores dejaran de operar en Andalucía y buscaran otros destinos. Nos dimos cuenta de que hay un equilibrio muy inestable.
El Observatorio trata de que cada ayuntamiento tenga una fotografía muy exacta de qué pasa en su municipio: cómo impacta territorialmente, cuántos turistas van, cuánto se quedan, qué gastos hacen. Tiene una serie de epígrafes que se pueden consultar para que la toma de decisiones esté basada en datos y para que se puedan adoptar medidas, por ejemplo, en torno a la tasa o a las viviendas turísticas. En un territorio heterogéneo como este no puede haber una medida homogénea, porque sería ilógico. Cada ayuntamiento es un mundo.
Siguiendo con el tema de la vivienda, el enorme encarecimiento que la hace inaccesible para muchos ciudadanos es un grave problema a nivel nacional, incluso europeo. ¿Qué se puede hacer desde los municipios?
Creo que para este problema tampoco hay una solución única. Hay municipios como Córdoba, que tenemos mucho suelo, y otros que apenas tienen suelo. Hay municipios donde existe tensión en el mercado de la vivienda y otros pequeños municipios rurales donde ocurre lo contrario.
Tenemos que partir de una reflexión previa antes de entrar en la dinámica de soluciones. Yo me lo aplico en mi ciudad y creo que todos los ayuntamientos lo tenemos claro: de nada nos sirve crecer en lo económico, en el empleo o en servicios públicos si al final vivir en una ciudad como Córdoba, o como cualquier otra, se convierte en un lujo porque no se puede acceder a una vivienda.
En Andalucía, la Junta nos ha dado herramientas para trabajar, primero a través de un decreto y ahora con una Ley de Vivienda. Esta ley nos permite disponer de más suelo, permite que equipamientos diseñados en otros planes generales para atender barrios más antiguos se puedan destinar hoy en día a nuevas viviendas y nos permite contar con un catálogo de suelos públicos a disposición en cada municipio para que los ayuntamientos podamos desarrollar viviendas.
En Córdoba tenemos ahora mismo el mayor desarrollo de un barrio en Andalucía. Estamos hablando de un barrio de más de 4.000 viviendas que se está desarrollando conjuntamente entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, propietarios privados y una junta de compensación de mayoría pública. De esas viviendas, el 50 % serán VPO: 2.000 viviendas protegidas que entrarán en el mercado en los próximos años. Hay que tener oferta, porque si no hay oferta el precio se dispara, y desde los ayuntamientos tenemos que introducir mecanismos de corrección.
La simplificación administrativa y la colaboración público-privada parecen fundamentales tanto en el tema de la vivienda como en el resto de proyectos empresiales e industriales que se están poniendo en marcha en Andalucía. ¿Cómo se está abordando este tema a nivel regional y local?
La Junta de Andalucía ha aprobado varios decretos de simplificación burocrática que, la verdad, han venido muy bien, aunque en materia de vivienda todavía queda avanzar. En el tema de la vivienda hay que avanzar en los plazos. Los ayuntamientos tenemos que adoptar el compromiso de otorgar las licencias en menos de cien días, pero si no hay simplificación administrativa es imposible.
Hay que simplificar también la forma de sacar el suelo al mercado. No puede ser que desde que empezamos a hablar de desarrollar un barrio nuevo hasta que se culmina el proceso puedan pasar 5, 6 o 7 años. Hay que pasar por demasiados informes sectoriales. No sé si son demasiados —seguramente sean los justos—, pero hay que hacerlo más ágil. No podemos estar esperando informes de carreteras del Ministerio de Fomento, de confederaciones hidrográficas de cuenca o de influencia aeroportuaria, que al final hacen que la aprobación de un plan para un barrio se alargue demasiado en el tiempo. Eso impide que la vivienda salga al mercado a un ritmo razonable.
¿Cuáles son los objetivos que usted se marca a corto, medio y largo plazo?
Como Federación Andaluza de Municipios y Provincias, en el corto plazo tenemos la urgencia de la financiación local. Tenemos claro que no puede haber una reforma de financiación autonómica si no va acompañada de una reforma de financiación local, ligada también a un marco competencial concreto. No vamos a consentir bajo ningún concepto que se hable solo de financiación autonómica sin abordar la financiación local, porque llevamos 25 años esperando y mucho nos tememos que, si ahora se cierra este debate en falso, pasarían otros 25 años sin abordar esa reforma de financiación local.
En segundo lugar, como federación andaluza, tenemos en marcha un proyecto que, a corto plazo, me parece precioso. Hemos puesto en marcha un laboratorio de cuidados para experimentar y desarrollar un piloto con varios municipios, que va desde la utilización de residencias de mayores hasta analizar las nuevas posibilidades que ofrece la economía para personas mayores con buen poder adquisitivo, tiempo libre y capacidad de aportar a nuestra economía. También se aborda la atención a las personas cuidadoras, que cada vez son más y que necesitan el apoyo de su ayuntamiento.
Ya en una visión más a medio y largo plazo, hay grandes problemas como la vivienda, la convivencia social, el turismo o la sostenibilidad del medio ambiente. Al final, el ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano. El reto a largo plazo es que se nos reconozca como la administración madura que somos, para que en todas estas materias no se legisle al margen de los ayuntamientos, sino que se nos tenga en cuenta desde el primer momento, porque al final sobre nuestras espaldas acaba recayendo la gestión y la solución de los problemas.
