Llevamos desde la convocatoria electoral por parte del presidente Sánchez con un debate sobre la conveniencia de votar o no a finales de Julio. La decisión personalísima del presidente de convocar veinticuatro horas después de la debacle electoral en las municipales y regionales de su partido, eliminó la posibilidad de cualquier debate interno en el seno del partido socialista para remar juntos hacia la consecución de una remontada que garantizará el mantenimiento del poder. Ni la Presidencia de la Unión Europea de turno, iniciada el 1 de Julio de este año, ni las fechas dentro del mayor volumen de desplazamientos vacacionales, hicieron temblar la decisión del presidente.
Pero el debate a nivel mediático, incluso a nivel político, de votar en plenas vacaciones de verano, con un incremento del voto por correo de casi 3 veces, y con la duda de si la empresa pública Correos llegará a tiempo para entregar todos los votos, han hecho olvidar las consecuencias económicas de esta decisión.
En estas fechas, deberían estar todos los ministerios cerrando los presupuestos de cada área una vez que hace, aproximadamente un mes, se hubiera aprobado el techo de gasto para el ejercicio siguiente. Es decir, estaría sentado a la base de los Presupuestos Generales del Estado para 2024. ¿Y en qué estamos? Pues en elecciones. Y podría asegurar, sin riesgo a equivocarme, que en enero de 2024, no tendremos Presupuestos Generales del Estado 2024, ni con una continuidad del signo del gobierno actual y que implicaría la no salida en bloque de todos los altos cargos. Pero dada que la mayor probabilidad, a tenor de los sondeos, es que haya un cambio de signo en el ejecutivo, esto implicará un cambio de toda la cúpula: desde el ministro del ramo hasta el último director general o presidente de empresa pública, por lo que mientras se produce el aterrizaje, van a ir pasando las semanas y no se podrá avanzar en casi nada. Por lo que, en este escenario, un presupuestado prorrogado a enero de 2024 está asegurado.
Y gestionar un presupuesto bajo esta restricción es realmente algo no sólo más complicado sino que deja a la actividad del sector público casi en “ralentí” cubriendo sólo el gasto del día a día y sin poder acometer ninguna intervención de calado.
Y si esto fuera poco, nos encontramos que la ejecución del Presupuesto 2023, que, a nivel de inversiones, se suelen concentrar en la segunda mitad del año, quedará sin realizarse. Y para más desidia, los Fondos Next Generation, que ya sabemos la complejidad que están teniendo en su desarrollo y puesta en valor en la economía real, están casi paralizados.
Mucho se habla del ciclo económico de origen político, es decir, que las decisiones políticas se imponen a las económicas. En un contexto de ralentización económica generalizada, con una Alemania que ya ha entrado en recesión técnica en su PIB o unos Estados Unidos que se van frenando donde incluso su Reserva Federal anuncia recesión técnica en unos meses, nos encontramos paralizando la economía nacional por un interés solo tacticista. La política imponiéndose a los intereses de los ciudadanos. Esto no se permite en algunos países, donde las fechas electorales y su calendario son inamovibles evitando este desastre en términos económicos. Pero es que podría ser peor, ¿imaginemos que la aritmética parlamentaria hiciera imposible una investidura rápida o aún peor una repetición electoral? Pues nuestro país, entraría con alta probabilidad a una tasa de crecimiento de un punto si no negativo, por la inacción de su sector público. En medio de una desaceleración generalizada, nosotros nos dedicamos a convocar elecciones… a 40 grados en la sombra
