30/05/2024

Victoria Martín-Lomeña: “La Formación Profesional para el Empleo se está desarrollando a velocidad de crucero en Andalucía”
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En esta nueva legislatura se ha decidido unir el servicio andaluz de empleo con la formación profesional en una secretaria general que dirige usted. ¿Por qué se ha tomado esta decisión?

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Efectivamente, en la nueva Secretaría general que dirijo se reúnen todas las competencias relativas al Servicio Público de Empleo, donde la orientación y la intermediación laboral se erigen como elementos principales sobre los que asentar un servicio público útil y eficaz, muy vinculado a su vez con la Formación Profesional para el Empleo.

Con esta nueva distribución competencial se otorga un papel más visible al SAE, y se impulsa la necesaria sinergia entre las diversas políticas activas de empleo. Además, con la implantación de un nuevo Modelo de Gestión Integral y el perfilado estadístico, buscamos dar un servicio más eficiente para los ciudadanos y las empresas, con una organización “data lead”. Esto es que, a través de un uso intensivo de la información, vamos a poder detectar con mayor precisión los perfiles que requiere el tejido productivo, así como las necesidades formativas de los profesionales que necesitan las empresas.

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Y ¿qué balance puede hacer del funcionamiento de la Formación Profesional para el Empleo puesta en marcha desde la Consejería de Empleo en la pasada legislatura?

La Formación Profesional para el Empleo es una de las principales herramientas que tenemos en favor de la empleabilidad, un recurso que estaba devastado y que hemos logrado revitalizar tras la parálisis de una larga década.

Hoy podemos decir que a la Formación Profesional para el Empleo se está desarrollando a velocidad de crucero en Andalucía.

Estamos dando pasos firmes y decididos, con un nuevo modelo de licitación que cambia en fondo y forma al anterior sistema de subvenciones y que está dando sus frutos, con cerca de cien millones de euros en licitaciones públicas que están permitiendo que en todas las provincias haya alumnos formándose con acciones de calidad, impartidas por centros formativos y empresas con todas las garantías jurídicas.

Para este nuevo ejercicio, el programa de Formación Profesional para el Empleo, con una cuantía de 252 millones en el presupuesto de la Consejería para 2023, es el que experimenta mayor incremento, tanto en términos absolutos como relativos, con un 48% (81,6 millones de euros). Ese dato da muestras por sí solo de la importancia que continuamos otorgando a este valioso recurso.

Nuestro objetivo es formar a más de 41.000 personas desempleadas, alrededor de 12.000 personas ocupadas y unos 1.200 participantes en programas de formación en alternancia con el empleo.

El mercado de trabajo está en constante evolución ¿Se va actualizando la formación en función de la demanda? ¿Qué formaciones nuevas se están poniendo en marcha?

Precisamente ahora estamos inmersos en la actualización del informe de Necesidades Formativas en Andalucía que elaboramos nada más llegar al Gobierno andaluz y que nos permitió detectar hasta 275 especialidades consideradas altamente demandadas en el mercado laboral.

Trabajamos para que la formación que ofrezca la Administración andaluza se ciña a las necesidades de mano de obra que demandan las empresas, así como a las necesidades formativas que requieren los andaluces.

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La metodología que aplicamos para confeccionar dicho informe permite combinar y analizar datos estadísticos del mercado de trabajo gracias al desarrollo de 4.800 encuestas, 520 entrevistas con informantes clave, con 18 expertos de reconocido prestigio, más de 800 cuestionarios a expertos en demanda de empleo y formación, y más de 200 reuniones de trabajo hasta alcanzar las conclusiones.

De esta manera, ajustándonos a las demandas detectadas a raíz del contacto directo con el sector productivo andaluz hemos puesto en marcha, por ejemplo, una licitación por 2,6 millones de euros centrada en el software de gestión de negocio SAP, clave para la digitalización de las pymes y un perfil laboral muy solicitado en Andalucía.

También hemos impulsado un novedoso programa de FPE en tecnología 5G junto a Vodafone, con 4,8 millones de euros, para ofrecer a más 3.000 andaluces la posibilidad de formarse en uno de los sectores con mayores perspectivas de futuro en la actualidad.

O bien, gracias al trabajo conjunto con el Málaga TechPark y con profesionales de reconocido prestigio de grandes empresas como Accenture, Google, Dekra o Indra; hemos diseñado un programa específico para formar a profesionales en Inteligencia Artificial, computación en la nube y ciberseguridad.

Y también tenemos que destacar el buen hacer de las escuelas de formación que dependen de la Consejería de Empleo, que se están situando como referentes en España por la excelencia de la formación que en ellos se imparte. El caso más significativo es el del CioMijas, que en apenas dos años pasó de estar cerrado a ser distinguido como Centro de Referencia Nacional por su primerísimo nivel en materia de innovación y experimentación.

¿Cómo se trabaja desde el SAE con las empresas para poder cubrir su demanda? Estamos constantemente leyendo noticias sobre empresas que no encuentran el personal cualificado que necesitan y por otra parte las cifras del desempleo no varían mucho.

Como le decía, estamos en contacto permanente con el tejido empresarial para programar una formación profesional que responda a las necesidades reales de las empresas andaluzas.

Aquí es imprescindible el papel que también hacen las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, que son las que toman el pulso a cada rincón de Andalucía. Porque la forma- ción que necesitan en Almería no tiene que ser la misma que requieren las empresas de Málaga o Córdoba.

Además del estudio de Necesidades Formativas, que trabajamos de la mano de las empresas; mantenemos multitud de encuentros y reuniones que han dado lugar a otras iniciativas como, por ejemplo, el programa de Formación con Compromiso de Contratación, que ayuda a las compañías a formar a los profesionales con las competencias que mejor se ajustan a sus necesidades, con la condición de que terminen contratando, al menos, al 40% de los alumnos.

Por otra parte, hemos puesto en marcha, junto a la Consejería de Desarrollo Educativo, las Mesas Provinciales por la FP Dual, que suponen dar un paso más para ajustar tanto esta formación como la Formación Profesional para el Empleo a los requerimientos del sector privado, y también para que nos coordinemos mejor y ampliar al máximo el abanico de opciones formativas a las que puedan acceder los andaluces.

Hay programas de formación profesional para el empleo que se están financiando con fondos europeos. ¿Están llegando estos fondos de manera fluida? Y ¿hasta cuándo están esos fondos garantizados?

Efectivamente, ahora mismo tenemos en marcha varios de esos proyectos. Por ejemplo, ‘Preparadas’, un programa de capacitación y formación digital destinado a mujeres desempleadas en municipios de menos de 30.000 habitantes o zonas vulnerables de otras localidades, que cuenta con una inversión de 30,6 millones a cargo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este programa nos va a permitir dotar a 59.000 andaluzas durante los próximos dos años de los conocimientos y las herramientas suficientes en el ámbito de digitalización que les permitan mejorar su nivel de empleabilidad y fomentar su vocación emprendedora.

Otro de los proyectos financiados con fondos MRR busca el reciclaje profesional de casi 47.000 desempleados y trabajadores ocupados. Con el nombre ‘Acciones de reskilling y upskilling’, está financiado con 25,79 millones y aborda materias como la digitalización, la robótica o la maquinaria agrícola.

Son programas que estamos desarrollando buscando la mayor efectividad posible, pero hay que tener en cuenta que son fondos que el Gobierno de España nos traslada con unos condicionantes prediseñados para todas las comunidades autónomas, y eso conlleva cierta dificultad a la hora de trasladarlo a cada región. Lo cierto es que habríamos preferido tener mayor libertad a la hora de aplicar esos fondos, porque los gobiernos regionales somos los que mejor conocemos cómo y dónde aplicar estas medidas en nuestro territorio para la mejora de la empleabilidad de las personas.

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