Así es; con independencia de nuestra ideología política o posicionamiento sobre la forma en que se organizan los medios de producción, el capital y la industria en el mundo, a fecha de hoy: todos somos ecologistas. Y lo somos porque al igual que algunas ideologías políticas (pienso en lo que hoy es ser de izquierda y lo que era serlo en la época de la transición española, por ejemplo) determinadas ideas “se desplazan” desde un lugar a otro dentro del espectro conceptual.
Dice la Wikipedia que el ecologismo es un variado movimiento político, social y global, que defiende la protección del medio ambiente; y se entiende como protección del medio ambiente a la práctica de proteger el medio ambiente natural por parte de individuos, organizaciones y gobiernos. Sus objetivos son conservar los recursos y el entorno natural existente y,cuando sea posible, reparar los daños y revertir las tendencias.
Así definido, no cabe duda de que todos somos ecologistas porque queremos proteger el medio ambiente natural, conservar los recursos y, por supuesto reparar los daños que se produzcan en estos. No solo es que queramos, sino que debemos, porque la Ley nos obliga a ello. El movimiento ecologista tiene tres raíces principales: conservación y regeneración de los recursos naturales, preservación de la vida silvestre, y el movimiento para reducir la contaminación y mejorar la vida urbana.
Y reflexionando sobre una frase escuchada hace unos días en una Jornada celebrada en Sevilla, donde alguien señaló que este es un momento histórico porque estamos cumpliendo los objetivos de las entidades ecologistas de los años 70, me surgió esa idea de que al final del día, todos somos ecologistas.
En Europa, tenemos que el Pacto Verde Europeo o “Green Deal” es una herramienta de lucha contra el cambio climático que pretende que Europa sea, en 2050, el primer continente climáticamente neutro. Para ello, desde la Comisión Europea se ha lanzado este gran acuerdo que busca una economía limpia, con cero emisiones, y proteger nuestro hábitat natural. Así, se mejorará el bienestar de las personas y la sostenibilidad de las empresas, con el objetivo de que Europa lidere la acción climática en todo el planeta. Para ello, la Comisión Europea ha adoptado un conjunto de propuestas para que las políticas climáticas, energéticas, de transporte y fiscales de la UE sean adecuadas para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % para 2030, en comparación con los niveles de 1990.
Teniendo en cuenta que la producción y el uso de energía representan más del 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE. La descarbonización del sistema energético es, por tanto, fundamental para alcanzar estos objetivos climáticos para 2030 y la estrategia a largo plazo de la UE de lograr la neutralidad en carbono para 2050.
Y ¿cómo lograr esto? Entre otras medidas la UE pretende garantizar un suministro energético seguro y asequible, y desarrollar un sector energético basado en gran medida en fuentes renovables. Para ello, la Comisión propone aumentar el objetivo vinculante de fuentes renovables en la combinación energética de la UE al 40 %. Las propuestas promueven la adopción de combustibles renovables, como el hidrógeno, en la industria y el transporte como objetivos adicionales.
Desde luego y siguiendo este recorrido, para garantizar el suministro energético seguro y asequible para los países de la UE y poder desarrollar las energías renovables tenemos que abordar también un punto importante como es preguntarnos sobre los materiales que componen los equipos, redes e infraestructuras necesarios para desarrollar las energías renovables, y ahí comprobamos la importancia que tiene el acceso a los minerales locales en las mejores condiciones posibles.
Para ello, con fecha de 16 de marzo de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Propuesta de Reglamento Europeo de Materias Primas Críticas, norma de aplicación directa en los Estados Miembros y prevalente sobre el ordenamiento nacional.
Dicha propuesta, es bienvenida por el sector minero y extractivo español, pero necesita ser mejorada incluyendo materias primas esenciales que no sean minerales críticos y estratégicos y, especialmente, regulando de una forma más precisa como será la incidencia que la nueva normativa tendrá en los actuales procesos administrativos (mineros, urbanísticos y ambientales principalmente) que tramitan las Comunidades Autónomas, siendo ello un punto imprescindible para lograr esa radical reducción de los plazos necesarios para que un proyecto minero esté en operación tal y como pretende Europa.
Continuando el silogismo, todos somos ecologistas y por eso, aplaudimos estas medidas que vienen de Europa (la neutralidad en carbono para el 2050 quizás sea un objetivo demasiado ambicioso y muy costoso para el ciudadano medio europeo como para ser alcanzado…) por lo que no podemos aceptar alegremente la demagogia de determinados grupos ambientalistas sobre estos temas.
Mejoremos el sistema productivo para hacerlo más sostenible (siempre lo digo, la sostenibilidad es ambiental, económica y social) pero sin que ello suponga hacernos “antisistemas”, partidarios de la acción directa o seguidores del NIMBY, no nos dejemos manipular por informaciones falsas.
Y esto último lo digo porque, leyendo de nuevo las definiciones de la Wikipedia, lo que ya no somos todos (ni queremos serlo) es seguidores del “ecocentrismo”, que es una corriente dentro del ecologismo que niega que existan divisiones existenciales entre la naturaleza humana y la no humana; que reniegan de afirmaciones como que los seres humanos posean un valor intrínseco superior a la naturaleza no humana, siendo esta, la idea del mayor valor de la persona humana, una opinión propia de los que nos declaramos “antropocentristas”.
Es decir, una gran mayoría son los que creemos que el ser humano merece ser el centro de atención de las políticas públicas y que por tanto estas deben procurar y asegurar que tengamos libertad, seguridad, bienestar, trabajo digno, acceso a una vivienda, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, derecho a la propiedad privada… y todo ello sin merma, afección o desprotección del medio ambiente digno y adecuado reconocido en el artículo 45 de la Constitución Española de 1978.
