Andalucía pide a la ministra Irene Montero durante la Conferencia Sectorial de Igualdad que modifique la ley estatal para que la violencia sexual sea considerada violencia de género
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha reclamado este jueves al Gobierno de España más flexibilización en los gastos de los fondos europeos para los proyectos impulsados por el Ministerio de Igualdad en colaboración con las comunidades autónomas, en concreto para la creación de los centros 24 horas para víctimas de violencia sexual y el Plan Corresponsables. Ruiz ha señalado que “el Ministerio de Igualdad ha instado a las comunidades a poner en marcha centros 24 horas para la atención a mujeres que sufren agresiones sexuales con los fondos de recuperación de la Unión Europea, pero sin tener en cuenta el contexto y las necesidades de cada territorio. A Andalucía le corresponden más de nueve millones para la compra de ocho edificios, uno en cada provincia andaluza, pero esos fondos solo se pueden destinar a la adquisición de los inmuebles, con lo cual los gobiernos autonómicos tendríamos que asumir los costes derivados de personal, mantenimiento y el IVA que, en el caso de Andalucía, solo este gasto ascendería a más de 2,5 millones. Estamos hablando de unos gastos muy importantes que el Gobierno de España ha trasladado a las comunidades, cuando además en Andalucía ya contamos con diferentes programas de atención a mujeres que han sufrido agresiones sexuales, incluido un servicio 24 horas. Por tanto, reclamamos flexibilidad para ajustar los fondos a nuestra realidad“.
Asimismo, Rocío Ruiz ha reclamado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante la celebración esta mañana de la Conferencia Sectorial de Igualdad en el Senado, en Madrid, que confirme si se va a renovar la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que finaliza en 2022. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue aprobado en septiembre de 2017 por los grupos políticos con representación parlamentaria con una financiación de 1.000 millones y en él se recogen 290 medidas que han de implementarse hasta 2022. Ruiz ha subrayado “la importancia de que el Pacto de Estado tenga continuidad más allá de 2022, ya que aún estamos lejos de erradicar esta grave violación de los derechos humanos de las mujeres. En los últimos años se han producido avances, pero aún es necesario continuar con los trabajos de prevención y sensibilización, así como de atención a las mujeres víctimas de violencia machista. Y para ello es fundamental que comunidades autónomas, ayuntamientos y demás instituciones cuenten con la financiación necesaria para seguir mejorando, reforzando e implementando nuevos programas y servicios”.
Además, ha demandado a Irene Montero que modifique la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la violencia de género siguiendo las directrices del Convenio de Estambul, que España ha suscrito, para que se incluyan todos los tipos de violencias machistas, incluida la violencia sexual, tal como ha hecho Andalucía. “El Gobierno tiene que adaptar la ley a la realidad, como hemos hecho en Andalucía, donde la violencia sexual se considera violencia de género. Andalucía es un referente en igualdad y la lucha contra la violencia de género y no lo vamos a dejar de ser”, ha apuntado.
Sobre los centros 24 horas para víctimas de violencia sexual, Rocío Ruiz ha incidido en que “puede llegar a producirse la paradoja de que tengamos unos edificios en propiedad sin posibilidad de ponerlos en funcionamiento al no disponer de créditos propios suficientes. Repito, Andalucía tiene que asumir el coste de personal y mantenimiento de ocho centros. El Gobierno no puede obviar esta realidad. Nosotros preferiríamos invertir ese dinero en más personal y profesionales especializados para la atención integral y acompañamiento de las víctimas”. A este respecto, ha insistido en que “el proyecto que quiere poner en marcha el Ministerio de Igualdad nos genera a las comunidades una enorme incertidumbre desde su origen, porque no nos asegura los fondos para su funcionamiento. Más importante que los edificios, es el personal especializado que atenderá a estas mujeres, el acompañamiento a hospitales, comisarías, el asesoramiento legal e incluso la asistencia letrada para poder poner las denuncias en los tribunales… Cuestiones fundamentales que no están claras cómo se financiarán”.
La consejera ha puesto de relieve que “Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), cuenta con hasta tres programas de atención a mujeres víctimas de abusos y/o agresiones sexuales: uno de atención en crisis 24 horas cuando se produce una violación, otro servicio que incluye apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y la asistencia legal a estas mujeres, así como un recurso psicológico específico para menores de edad que en sus primeras relaciones de pareja sufren agresiones sexuales. Todos estos programas contemplan el asesoramiento a las familias. En nuestra comunidad la asistencia a las víctimas de violencias machistas, en este caso concreto, de violencia sexual, está garantizada y blindada”.
Más atenciones a víctimas
De esta forma, el Instituto Andaluz de la Mujer atendió el pasado año a través del Servicio de atención inmediata psicológica 24 horas a las mujeres víctimas de violencia sexual en Andalucía a 118 mujeres, de las cuales 46 requirieron de una intervención presencial en crisis. En 2020 se prestó asistencia especializada a 59 víctimas, de las cuales 15 precisaron apoyo presencial en el lugar de los hechos, ello supone que las atenciones se han duplicado en el último año. Desde la puesta en funcionamiento de este programa, a mediados de 2018, se ha ofrecido apoyo a 254 mujeres. Este servicio se activa siempre a través del teléfono 900 200 999 del Instituto Andaluz de la Mujer y para ello se cuenta con un Centro de atención y coordinación regional atendido las 24 horas del día, los 365 días del año, por una psicóloga especializada en intervención en crisis, atención a víctimas de violencia sexual y con perspectiva de género.
La fase de intervención contempla dos niveles: por un lado, la atención psicológica telefónica inmediata especializada, que consta, en líneas generales, de ampliación de la información, valoración de las necesidades y del riesgo, primeros auxilios psicológicos, información y asesoramiento especializado sobre violencia sexual, pautas de actuación y acompañamiento en la toma de decisiones, información sobre recursos, movilización de los recursos externos necesarios y establecimiento de un pan de intervención presencial acordando con la víctima lugar y momento de intervención. Y el segundo nivel de intervención psicológica es la modalidad presencial en crisis. El servicio cuenta con un equipo de psicólogas disponibles para realizar la intervención presencial en crisis en las ocho provincias, las 24 horas del día y los 365 días del año. Estas profesionales tienen experiencia y formación en la atención a víctimas y la intervención psicológica en crisis, llevando a cabo todo ello desde la perspectiva de género.
Asimismo, el IAM dispone del Servicio de asesoramiento, asistencia legal y atención psicológica a mujeres víctimas de violencia sexual que en 2021 prestó atención integral y especializada a 345 nuevas usuarias, un 25,45% más que en 2020, cuando fueron 275. Además, se ha asesorado a 143 familiares de las víctimas. Gracias a este servicio en 2021 se han logrado 68 sentencias condenatorias. Desde la puesta en marcha de este programa, en el año 1995, se ha ayudado a casi 6.000 víctimas (5.979) de violencia sexual.
Este recurso se configura como una red de atención especializada, multidisciplinar y gratuita a las mujeres víctimas de violencia sexual en Andalucía. Las usuarias son mujeres, mayores de 18 años, con domicilio en Andalucía, que hayan sido sufrido abusos y/o agresiones sexuales; así como adolescentes mayores de 16 años y que demanden la asistencia legal las personas que actúen como sus representantes legales. El propósito del programa es dar soporte emocional a la mujer víctima de violencia sexual en las distintas instancias, apoyarla y orientarla, así como valorar su situación e informarla sobre las actuaciones precisas dirigidas a cubrir sus necesidades para su recuperación de la violencia padecida, lograr que tenga la asistencia letrada necesaria para que pueda emprender acciones legales, ejercer la acusación particular y la representación procesal de las mujeres en los procedimientos penales y recursos, además de movilizar los recursos para instar la reparación del daño producido e impulsar todas aquellas medidas que implican mayor protección y prevención de la victimización previstas en la legislación actual.
Y, finalmente, el Gobierno andaluz ha implementado el Programa de atención especializada en violencia sexual el cual se ha intervenido con 133 adolescentes, un 18,7% más que en 2020. Además, se ha asesorado a 149 familiares. Este servicio ofrece atención especializada para hacer frente a las consecuencias psicológicas derivadas de las agresiones y/o abusos sexuales sufridos por las menores usuarias en sus primeras relaciones de pareja. El programa está formado por un equipo de psicólogas expertas en violencia de género y otro de sexólogas expertas en violencia sexual. Además, también se orienta y asesora a las familias para un mejor abordaje de esta situación.
Con respecto al Plan Corresponsables, la consejera ha reiterado dos peticiones fundamentales: “Queremos que se introduzca con un carácter prioritario a las familias y especialmente mujeres que tengan a cargo el cuidado de menores de 16 años con discapacidad, así como permitir que parte del gasto se destine a la contratación de personal, ya que el desarrollo y ejecución del Plan Corresponsables implica utilizar recursos humanos y materiales que están empleados en el discurrir ordinario de la administración”. Ruiz se ha mostrado partidaria de la inclusión de Planes de formación en corresponsabilidad y cuidados destinados a los hombres: “Un aspecto que está directamente relacionado con nuestra agenda de Masculinidades igualitarias, en la que impulsamos la implicación de los hombres en el camino de la igualdad y la lucha contra las violencias machistas. En España más del 85% de las excedencias para el cuidado de la familia la siguen solicitando mujeres. Y esa es una realidad que tenemos que cambiar a través de la sensibilización, concienciación y formación con los hombres que creen en la igualdad de género y de oportunidades”.
El Plan Corresponsables está impulsado por el Ministerio de Igualdad en colaboración con las comunidades autónomas y tiene por objeto garantizar el cuidado como un derecho desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres. Los gobiernos autonómicos son los encargados de poner en marcha la creación de bolsas de cuidado profesional que faciliten la conciliación de familias con hijas e hijos menores de 16 años, el fomento del empleo y la certificación de la experiencia profesional de cuidado no formal.
