La pasada Legislatura se propusieron reactivar la Formación para el Empleo tras la judicialización de varios casos en el Gobierno anterior, que aún siguen en los tribunales. ¿Han podido cumplir con su objetivo?
Así es. Hemos sido capaces de llevar la Formación Profesional para el Empleo a más de 65.000 andaluces en los dos últimos años, devolviéndoles así el derecho a la formación tras una década de parálisis, con el objetivo de mejorar su empleabilidad y crecer profesionalmente, y para que las empresas encuentren perfiles adecuados para ganar en competitividad e impulsar su productividad. Encontramos la FP para el Empleo realmente devastada y la estamos revitalizado hasta convertirla en el recurso más valioso con el que contamos como política activa de empleo. Ahora también hemos recuperado la fórmula de subvenciones para entidades privadas, con una orden reguladora que mejora los sistemas de justificación y de cálculo a través de un régimen de módulos con coste económico concreto, garantizando así el buen uso de los fondos públicos. Estamos diseñando la oferta formativa que mejor se adapta en fondo y forma a los requerimientos del sector productivo, y a ello vamos a destinar durante este año un total de 287 millones de euros, casi un 14% más que en el pasado año 2023.
Los empresarios denuncian la falta de perfiles profesionales adecuados para cubrir sus demandas de trabajadores, que se está denominando “holgura laboral” ¿La Formación es la solución a este problema?
La Formación Profesional es un puente hacia el empleo. Una herramienta que otorga a las personas desempleadas una mayor cualificación y les facilita acceder con más garantía a un puesto de trabajo. Pero de nada sirve poner en marcha acciones formativas si éstas no se ajustan a los perfiles que demandan las empresas. Y entonces se produce lo que usted ha mencionado bien como “holgura laboral”, con un 25% de puestos de trabajo de los que se están ofertando que no se están cubriendo, porque no se adecuan las necesidades de las empresas a las de los trabajadores. Desde nuestra consejería, estamos diseñando una FP para el Empleo basada expresamente en el análisis y detección de las necesidades formativas del tejido productivo.
Eso nos ha llevado a preparar programas formativos para especialidades relacionadas con las nuevas tecnologías, como el 5G, transportes, hostelería, construcción o turismo, entre otras. Pero también atendemos a determinados sectores que nos solicitan directamente proyectos singulares, que es una formación que se lleva a cabo como si de un traje a medida se tratara, para cubrir las vacantes de profesionales con una formación específica, y adaptada a las competencias y capacidades que necesita emplear un sector concreto. Ya hemos puesto en marcha acciones para el ámbito aeroespacial o TIC, y estamos actualmente trabajando en otros programas para la Base logística Córdoba, el Clúster Naval de Cádiz, o en un Plan para la excelencia de las profesiones turísticas, entre otros.
¿Cómo se conocen las demandas de los empresarios para poner en marcha cursos de formación que den una respuesta rápida y no lleguen demasiado tarde a lo que solicita el mercado laboral?
Nuestra forma de trabajar no ha sido ni precipitada ni improvisada. Primero hemos diseñado lo que llamamos el “Binomio Formación y Empleo”, por el que pusimos en marcha un proceso que se actualiza periódicamente, en el que hemos sentado en distintas mesas regionales y provinciales a todos los agentes que tienen algo que decir sobre la formación: sindicatos, empresarios, asociaciones locales, sector formativo, expertos, orientadores… Fue un complejo sistema de análisis y consulta que concluyó con el primer informe de Necesidades Formativas en Andalucía que elaboramos nada más llegar al Gobierno andaluz, y que nos permitió detectar hasta 275 especialidades inicialmente. Con las actualizaciones ya alcanzamos las 375.
Gracias a este estudio, que se puede consultar en la web de nuestra consejería de Empleo, pusimos en marcha acciones como, por ejemplo, una licitación pública por 2,6 millones centrada en el software de gestión de negocio SAP, clave para la digitalización de las pymes y un perfil laboral muy solicitado en Andalucía.
También hemos combinado este proceso con consultas a asociaciones empresariales y clústeres, como el trabajo desarrollado con el Málaga TechPark y con profesionales de grandes empresas como Accenture, Google, Dekra o Indra, con los que hemos diseñado un programa sobre Inteligencia Artificial, computación en la nube y ciberseguridad en Málaga y que pronto replicaremos en Sevilla, de la mano del PCT Cartuja.
¿Los fondos europeos están teniendo incidencia en la puesta en marcha de programas formativos?
Ahora mismo tenemos en marcha varios proyectos con fondos Next Generation. Por ejemplo, ‘Preparadas’, destinado a 59.000 mujeres desempleadas en municipios de menos de 30.000 habitantes o de zonas vulnerables de otras localidades, que cuenta con una inversión de 30,6 millones. Más de 8.000 mujeres se han formado ya con conocimientos y herramientas digitales que les van a permitir mejorar su nivel de empleabilidad y fomentar su vocación emprendedora.
Otro de los proyectos financiados con fondos MRR busca el reciclaje profesional de casi 47.000 desempleados y trabajadores ocupados. Con el nombre ‘Acciones de reskilling y upskilling’, está financiado con 25,8 millones.
Son programas que estamos desarrollando, buscando la mayor efectividad posible, pero hay que tener en cuenta que son fondos que el Gobierno de España nos remite con unos condicionantes prediseñados para todas las Comunidades Autónomas, y eso conlleva cierta dificultad a la hora de trasladarlo a cada región. Habríamos preferido tener mayor libertad a la hora de emplear esos fondos, porque los gobiernos regionales conocemos mejor cómo y dónde aplicar estas medidas en nuestro territorio para la mejora de la empleabilidad de las personas.
La FP Dual está dando muy buenos resultados ¿La fórmula de combinar formación teórica y práctica también está siendo prioritaria para su Consejería en la FP para el Empleo?
Efectivamente. Un ejemplo claro es el programa de Empleo y Formación, que es una mejora sustancial de las antiguas Escuelas Talleres y Talleres de Empleo, que antes sólo se llevaba a cabo con ayuntamientos. Ahora lo desarrollamos en colaboración tanto con entidades locales y como sin ánimo de lucro y conlleva la puesta en marcha de iniciativas de formación en alternancia con la práctica profesional, que respondan a las necesidades del mercado en ocupaciones de utilidad pública o de interés general y social. La última convocatoria estuvo dotada con 94 millones, pero se superaron con creces las expectativas iniciales, con un 60% de solicitudes más que en la convocatoria anterior, y por lo que hubo que ampliar el crédito hasta alcanzar los 178,7 millones: 163 para entidades públicas y 15,7 para entidades sin ánimo de lucro, alcanzando los 434 proyectos subvencionados y superando los 6.500 beneficiarios.
¿Puede avanzarlos algún proyecto nuevo que se vaya a poner en marcha a corto plazo?
Recientemente hemos publicado la convocatoria de un nuevo programa de subvenciones para entidades que impartan acciones gratuitas de Formación Profesional para el Empleo, dirigidas preferentemente a desempleados, que cuentan con 20 millones de euros y permitirán a los alumnos participantes acceder a certificados profesionales entre unas 400 especialidades. Recuperamos así para las entidades privadas el sistema de subvenciones, con una norma reguladora nueva que aporta mayor seguridad jurídica al sistema. Se incluye un anexo con las especialidades concretas sobre las que se pueden impartir las acciones formativas para obtener los certificados profesionales, con los datos específicos de coste, número de alumnos y horas formativas. Este anexo cuenta con alrededor de 400 especialidades que están entre las más demandadas por el mercado laboral. Y como le avancé antes, hemos implantado el régimen de módulos para obtener el coste económico de cada acción formativa de forma objetiva, así como para facilitar la justificación de la impartición de los cursos.
Las acciones formativas irán dirigidas prioritariamente a desempleados mayores de dieciocho años e inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo, pero también podrán participar trabajadores ocupados en un porcentaje máximo del 30% por cada acción formativa.
