Inauguro mi participación en este nuevo Diario Tribuna de Andalucía con una reflexión sobre el presente y futuro empresarial de Andalucía.
Desde hace unos años me encuentro inmerso en un estado que he denominado como “nuevo patriotismo andaluz”. Es un nuevo estado porque desde que empecé a comprender qué podría esperar de mercado de trabajo me encontraba sumido en un pesimismo activo, no en vano éramos la generación del paro; las dificultades para abrirte camino en el mundo profesional parecían imposibles de superar y esto es algo que lo he tenido presente en muchas fases de mi vida. Luego cuando empieza uno a recorrer su camino laboral, resulta que lo difícil no era empezar, sino mantenerse y, sobre todo, crecer profesionalmente. Por eso me vengo resistiendo desde hace tiempo a esos “cantos de sirena” de un mayor y mejor desarrollo profesional en una ciudad que lo tiene todo como es Madrid, ahí están sus números.
Y la resistencia era difícil de aguan- tar; siendo abogado de empresa resulta que nuestro escenario está formado por un
tejido empresarial andaluz, que no es solo que esté mayoritariamente formado por Pymes, sino que, nada más y nada menos que el 95 % de nuestro sector empresarial son microempresas (menos de 10 empleados). Estas empresas, por su propio dimensionamiento tienen menos necesidades de contar con un asesoramiento más complejo o sofisticado y pese a ello, la oferta de servicios profesionales en Andalucía no solo es muy numerosa, sino de primer nivel; muchas veces pienso que hay más abogados que clientes…
Pero cuando todo parecía perdido, resulta que a mi resistencia a ese cambio a Madrid se le has sumado nuevos e inesperados aliados: en los últimos años hemos visto como la innovación y el desarrollo tecnológico se ha convertido en una prioridad estratégica para muchas empresas andaluzas, la mayoría de las cuales se han fijado como objetivo elevar su facturación y aumentar el número de empleados para poder sobrevivir en mejores condiciones en el mercado. Además, otro factor que están potenciando las empresas y los empresarios andaluces es el de la internacionalización, no sólo entendido como una primera fase, la exportación, sino con el complejo proceso de establecimiento en países extracomunitarios.
Estos aliados, sin perjuicio de que estén condicionados por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del COVID-19, no han surgido espontáneamente, sino que vienen siendo alimentados desde la Administración. Siempre me ha gustado esa frase de algunos políticos sobre que la Administración no ha de crear el empleo, sino facilitar que se creen más empresas, que se hagan más grandes, más fuertes y competitivas. Así, resulta que en apenas poco más de dos años, Andalucía surge como una oportunidad en si misma, en donde las últimas reformas legislativas emprendidas por el Gobierno de Andalucía (Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico, Decretos de Simplificación Administrativa, reducción de burocracia, potenciación de actuaciones ambientalmente sostenibles…) está teniendo un efecto llamada para que se invierta en nuestra tierra en nuevos proyectos industriales, de innovación o de energías renovables.
Pero al igual que me ocurrió a mí cuando a empecé mi vida laboral, resulta que lo más difícil no es empezar (centrarse en lo que la empresa necesita), sino mantener esas políticas y especialmente, aumentar la eficacia y eficiencia de estas.
La nueva Agencia TRADE parece que será una herramienta básica para lograr un mayor alcance de estas políticas, pero también Andalucía debe de salir de su zona de confort. Andalucía no debe ser solo el “ocio” de Europa, el Turismos es fundamental, pero debe combinarse con una mayor presencia industrial y de innovación en nuestra región. Un ejemplo sobre esto: el año pasado la OCDE hizo su tercer informe dedicado a ciudades y regiones mineras del mundo y lo dedicó a Andalucía. La OCDE no es una institución cualquiera, tiene el mejor servicio de estudios económicos de mundo, y se dedicó a analizar las fortalezas y debilidades de Sector Minero andaluz.
Y de entre todas sus conclusiones y recomendaciones de mejora, me quedo con dos: potenciar la imagen minera de Andalucía en el mundo (siempre lo digo, crear la marca “Andalucía Minera” y pasearla por el mundo) para que ese conocimiento nos sirva para atraer inversión y trabajadores cualificados, proyectando una imagen de nuestra región como entorno no solo con calidad de vida, sino innovador y sostenible. La otra recomendación de la OCDE, sobre la que la Junta de Andalucía puede y debe incidir, es mejorar la posición de las Pymes mineras (industria auxiliar) hacia actividades de mayor valor añadido, mejorando la red con las empresas tractoras e iniciando el camino de su internacionalización. La OCDE ha visto la experiencia y altísimo nivel profesional que tiene el sector de industria auxiliar minera y considera que es un talento claramente exportable. Ahí debemos incidir ahora.
Pero sobre todo, lo que más ha cambiado en estos últimos años en la región es la cada vez mayor riqueza de su sociedad civil. Ninguna acción política debe plantearse ni realizarse sin el apoyo de la sociedad civil; las asociaciones empresariales, vecinales, patronales, Cámaras de Comer- cio, Sindicatos, ONG’s no solo dan un plus de legitimidad a la acción política, sino que precisamente aglutinan a la sociedad civil para dar una visión parcial, pero que, si las sumamos todas, se vuelve global.
Próximamente veremos nuevos foros, think tanks, empresas y lobbies que servirán para cumplir esta importante misión; como ha dicho la Comisión Europea, todos ellos sirven para mejorar las decisiones políticas al comunicar percepciones realistas de empresas, asociaciones o colectivos de ciudadanos.
En definitiva, frente a una visión simplista de los problemas, la complejidad de estos se soluciona precisamente desde la pluralidad, el dialogo, la negociación y alcanzando buenos acuerdos. Para lograrlo habrá que definir cuáles son los interlocutores más válidos, veremos que no sólo existen los que tradicionalmente vienen haciéndolo, sino que será preciso abrir nuevos cauces de información y transparencia a estas nuevas formas que tiene la sociedad civil de relacionarse con lo público.
