Agradeciendo la oportunidad que me brinda nuestro diario Tribuna de Andalucía de hacer algunas reflexiones sobre la actualidad empresarial en nuestra región, debo comenzar contando las malas experiencias que he tenido con mis clientes a la hora de andar el arduo, largo y muchas veces desconocido camino de la tramitación administrativa de un proyecto de inversión.
Todos sabemos que para iniciar la actividad productiva que sea, su promotor no solo ha de tener en cuenta la inversión económica, más o menos elevada, sino que ha de saber que también tendrá su particular travesía por el desierto: obtener los permisos, licencias y autorizaciones (comúnmente llamados “PLA’s”) necesarios para que el proyecto llegue a entrar en operación.
Como parte de mi trabajo consiste en acompañar a mis clientes por este peregrina- je, en más de una ocasión me he sentido avergonzado de las cosas que pasan en esta tierra. Aunque en los últimos años se esté tratando de revertir la situación -luego veremos las herramientas con las que se está dotando la Administración para ello- la realidad es que venía siendo una constante que mis clientes y yo nos convirtiéramos en los actores protagonistas de esa película que se conoce popularmente como “El día de la marmota”.
El día de la marmota del empresario consiste en lo siguiente: una vez planificada la “hoja de ruta” que se ha de seguir entre las diversas Administraciones (estatal, autonómica y local) para obtener los PLA’s que les permitan empezar a operar su proyecto de inversión, comienza el peregrinaje entre los diferentes servicios administrativos, hasta que, con suerte, llega el momento en que algún funcionario altruista, que detecta que el proyecto puede incluso crear empleo y riqueza, se apiada de uno y organiza la clásica reunión en la que “van a estar todos los técnicos que tienen que informar tu proyecto”.
Esto es algo que queda muy bien. Una suerte de reunión donde todos los técnicos acudirán con los deberes hechos y se sentarán para coordinarse. Pero no nos dejemos llevar por la precipitación, porque suele ocurrir que alguno de los técnicos no puede asistir a esa reunión. Su ausencia provoca que los demás técnicos y el alto cargo no puedan avanzarnos lo que el técnico ausente dirá, pero sí que se nos tranquiliza con que, normalmente, no debería haber mayores problemas ya que, en la siguiente reunión de coordinación, se verá el parecer del citado funcionario y todo resuelto.
Pasa una semana (o dos, o tres…) y entonces se convoca otra reunión. Vamos a ver el estado de situación y cuánto se ha podido avanzar en los compromisos de tramitación alcanzados en la anterior, y ahora sí, asiste el técnico que no pudo venir a la anterior para manifestar que está todo conforme y no hay ningún problema. Pero cuando tu cliente empieza a creer que hay luz a final del túnel, resulta que uno de los técnicos que sí asistió a la última reunión no ha podido acudir a ésta, pero que sus conclusiones no son favorables, aunque tendría que explicarlo él personalmente en próxima reunión.
Y esto se va repitiendo en varias reuniones, hasta que pasado x meses te pregunta tu cliente, ¿Cuánto hemos avanzado en los permisos? Y le tienes que volver a explicar que estamos en el primer paso, como en el día de la marmota.
Afortunadamente para todos, en estos últimos años algo está cambiando. El Gobierno de Andalucía ha estado analizando las razones por las que la inversión nacional y extranjera se estaba estacando, habiendo llegado a una conclusión clara: la burocracia administrativa.
Sin perjuicio de las acciones normativas desarrolladas sobre las que hablaré en otra ocasión (los reglamentos de simplificación administrativa), en esta legislatura, la Junta de Andalucía haciéndose eco de las peticiones realizadas desde diversas asociaciones de empresarios como CESUR, está desarrollando dos medidas importantes: la creación de una ventanilla única de verdad, que será la Agencia TRADE, y la creación de una figura, los Coordinadores Administrativos de Proyectos, denominados Project Managers adscritos a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP), creada mediante el Decreto-ley núm. 4/2019 de Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.
La UAP, como instrumento novedoso, trabaja conforme a los principios de buena administración; simplificación, agilidad procedimental, claridad en el servicio público, racionalización, transparencia, eficacia, eficiencia y coordinación administrativa y depende de la Secretaría General de Función Pública de esa misma Consejería.
Para tener la oportunidad (y la suerte) de que asignen un proyecto de inversión a la UAP, actualmente existen dos vías: mediante la Declaración como Proyecto de Interés Estratégico (previo cumplimiento de los requisitos fijados en la normativa) o por declaración mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Precisamente por esta segunda vía, en el pasado Consejo de Gobierno de 8 de marzo de 2022, celebrado en Huelva, se acordó la asignación a la UAP de la tramitación de siete proyectos mineros, que conllevan una inversión privada de 1.271 millones de euros en las provincias de Huelva, Córdoba y Granada. En materia de empleo, de los 7.892 puestos de trabajo asociados a estas inversiones empresariales, 1.141 empleos se crearán durante la construcción de las instalaciones industriales, 1.871 serán de carácter directo, y los 4.880 restantes, indirectos.
La asignación de estos proyectos mineros a la UAP supondrá la adscripción de funcionarios de referencia con categoría de Project Managers a cada uno de los proyectos para lograr una tramitación más breve de sus PLA’s. Si un proyecto minero es viable y sostenible, hay que reducir al máximo los obstáculos, sin merma de las garantías legales y con máxima seguridad jurídica.
No podemos olvidar que la minería es un sector clave para nuestra economía, no solo por toda la cuestión de la transición energética, sino, especialmente por ser un sector que crea empleo de calidad, fija la población rural al territorio, crea infraestructuras y es sostenible.
Un informe socio-laboral reciente ha revelado que, entre los años 2013 y 2018, el desempleo en los municipios integrados en la comarca minera de Huelva ha descendido un 35% por la apertura de nuevas explotaciones.
No hay otro camino que garantizar la certeza de la iniciación de la actividad proyectada conforme a la planificación prevista y cumplir los plazos legales (y mejorarlos) en la tramitación de los PLA’s.
Esta es la senda que debemos seguir y en ella parece que estamos.
