“Es absolutamente
necesario promover
y luchar por la
agilización de
la tramitación
administrativa.
Reducir la burocracia,
agilizar y modernizar
la Función Pública,
simplificando los
trámites inherentes
a nuestra actividad,
para que las empresas
no vean parados
o ralentizados sus
proyectos”
Hace un año hablábamos de la importancia de que la construcción no se paralizara en esta crisis, que debía ser el impulso para la recuperación económica. ¿Lo hemos logrado?
En cierta manera sí, pero no gracias a la administración precisamente. Lo cierto es que esta crisis es de una tipología bien diferente a la última que vivimos, la cual sumió a la construcción es una profunda crisis de la que apenas terminaba de recuperarse cuando llegó el coronavirus. Por ello, el sector ha seguido su actividad económica, a pesar de todos los problemas que sigue suponiendo la poca agilidad administrativa. La industria de la construcción es consciente de que es la palanca que posibilitará el levantamiento económico y social que necesitamos imperiosamente. Estamos preparados para asumir el reto, sólo esperamos que, desde las distintas administraciones, nos dejen trabajar con fluidez, nos faciliten la actividad y asuman que deben ser una parte de la solución y no el problema
Se habla incluso de una paralización en Tenerife por la que usted se muestra muy preocupado…
Estoy realmente preocupado por la parálisis que sufre Tenerife, primero, por culpa de una burocracia que no funciona en sus distintos ámbitos territoriales o competenciales, retrasando la resolución de expedientes o licencias mucho más allá del tiempo fijado por la propia administración o haciendo continuas encomiendas a medios propios o empresas públicas, que es la mejor demostración de su incapacidad gestora y después, especialmente, por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, que siente una especial sensibilidad medioambiental sólo por nuestra isla, así como por los noistas endémicos de siempre, que cual “quinta columna” intentan frenar, por todos los medios posibles e imposibles, cualquier iniciativa inversora, la ejecución de diversas infraestructuras imprescindibles o sacar adelante proyectos empresariales estratégicos, creando con esos vetos fundamentalistas, pobreza, hambre e imposibilitando el bienestar social de los tinerfeños.
A la ya desesperante espera, que sufrimos los empresarios, en la concesión de licencias de obra mayor, por parte de la inmensa mayoría de las oficinas técnicas municipales o gerencias de urbanismo, donde estamos hablando ya de plazos de más de dos años, que obstaculizan la reactivación económica, creación de empleo y dinamismo productivo, poniendo, incluso, en peligro la viabilidad de muchas empresas, hay que sumar, la política restrictiva y obstaculizadora de la Consejería de Transición Ecológica, hacia los proyectos a ejecutar en nuestra isla, donde siempre aparecen dificultades por doquier, incluidos los escarabajos, en contraposición con las facilidades que da en Gran Canaria, donde todo se aprueba con mucha diligencia y simplicidad
Menciona la burocracia y la poca agilidad administrativa como una de las causas que impiden que el sector siga desarrollándose como debiera. ¿Por qué?
Porque lo que no es normal es que existan cientos de expedientes para licencias de obras amontonadas en los ayuntamientos y las distintas administraciones. Hablamos de paralización y trámites del orden de muchos meses e incluso años, y eso es inconcebible. Es absolutamente necesario promover y luchar por la agilización de la tramitación administrativa. Reducir la burocracia, agilizar y modernizar la Función Pública, simplificando los trámites inherentes a nuestra actividad, para que las empresas no vean parados o ralentizados sus proyectos. Asimismo nos encontramos con una situación de bloqueo de procedimientos de concesión de licencias urbanísticas y no se puede consentir. Esto debe solucionarse bien mediante la admisión de declaraciones responsables o bien gestionando su tramitación a través de servicios técnicos externos, tal y como propone FEPECO
Otra manera de promover el desarrollo del sector es la inversión pública, hecho que usted lleva pidiendo desde el inicio de la crisis para no llegar a una situación de recesión. ¿Vamos por buen camino?
Se han hecho acciones, pero por supuesto no son suficientes. La inversión pública regular es la estrategia que deben promover las intuiciones públicas. Esto se lleva a cabo mediante el mantenimiento de los compromisos presupuestarios para incentivar la inversión de obra pública, que permite un notable retorno fiscal a la propia administración y arrastra a los demás sectores económicos que se han quedado muy debilitados por la pandemia, además de vertebrar y cohesionar el territorio.
Además, es urgente promover nuevas licitaciones, desbloquear licencias, recurrir al procedimiento de urgencia, de forma que se acorten sustancialmente los plazos de licitación para evitar largos tiempos de espera, que ahora no se pueden soportar. En otro orden se deberían unificar los criterios en los pliegos de contratación y la incorporación a los mismos de criterios sociales, laborales y medioambientales.
¿Puede ayudar en este sentido la vivienda pública?
Sería un impulso extraordinario. Desde FEPECO hemos pedido activar inmediatamente el Plan de Viviendas de Canarias, sin más dilaciones, con la colaboración público-privada, como garantía de su éxito, como revulsivo del empleo y solución a una demanda social primaria.
En otro orden, y a colación de la administración, se podría dar otro impulso con un plan de nuevas actuaciones en la conservación y mantenimiento en carreteras muy exigente, por nuestra geografía, climatología y densidad circulatoria, tanto principales como secundarias, para aumentar la seguridad en la movilidad viaria.
En los últimos meses hemos visto a FEPECO y a usted personalmente preocupado por la actitud del Cabildo de Tenerife el cual, según ustedes, fomentada la competencia desleal con medios propios de la administración, una tesitura complicada…
Así es, por desgracia y hemos remitido una carta al presidente del Cabildo de Tenerife a tales efectos. Nos preocupa, en primer lugar, que se sustraiga de la competencia y de la licitación pública, que goza de los principios de publicidad y concurrencia, la ejecución de los contratos administrativos que son de plena competencia de la iniciativa privada. Además, ni siquiera se justifica en una supuesta urgencia, ya que, como usted bien sabe, la Ley de Contratos del Sector Público tiene previsto plazos y procedimientos específicos para ejecutar las obras de forma urgente. En segundo lugar, nos preocupa que esta práctica, ha vuelto a extenderse por diversas administraciones canarias, con el lógico malestar de las empresas locales del sector de la construcción, por la competencia desleal que les supone.
Todo esto viene como consecuencia de la problemática surgida con la obra del Polígono de la Campana, en el Municipio de El Rosario y ante la suspensión de la empresa madrileña para continuar la obra por las supuestas deficiencias detectadas, para lo que mantuvimos una larga reunión con Pedro Martín, consejeras del Cabildo y empresarios afectados, el pasado 27 de enero de 2021, para analizar la situación creada y encontrar posibles soluciones
Y ahí está la labor de FEPECO, en defender a todas las empresas del sector, incluso ante las instituciones, ¿no es cierto?
Por supuesto. Como organización empresarial que defiende los intereses de las empresas del sector de la construcción, vamos a estar vigilantes para recurrir, cualquier encargo a medio propio, que vulnere la legalidad o se haga en perjuicio de las empresas contratistas locales. Además, recuerdo que hay resoluciones de los Tribunales de Recursos Contractuales en las que, como no puede ser de otra forma, se han estimado las pretensiones de la Confederación Nacional de la Construcción, CNC, a la cual pertenece nuestra Patronal, declarando la nulidad de los encargos a medios propios hechos por diferentes administraciones en diversas Autonomías
¿Le preocupa los precios tan desorbitados de las materias primas?
Sin lugar a dudas, es una de las cosas que me quita el sueño. Todo el sector está realmente preocupado porque desde principios del año pasado, se viene produciendo un incremento generalizado de precios, en algunos casos sin precedentes, en determinados materiales básicos de la construcción, afectando directa y gravemente, tanto en el proceso edificatorio como en obra civil. Por ejemplo, los incrementos interanuales 2020-2021, han sido en acero corrugado (+78%), cobre (+102%), aluminio (+56%), petróleo (+106%) y mezclas bituminosas (+85%).
El incremento desproporcionado de las materias primas está haciendo inviable la ejecución de muchos proyectos y complicando sensiblemente la ejecución de algunos contratos públicos, poniendo en peligro, en ambos casos, la viabilidad en las empresas. Esta situación coincide con una importante actividad del sector, que está arrastrando al resto de la economía y posibilitando la creación de empleo, porque es el único que se mantiene en pie y con potencialidad, que puede quedar paralizado como consecuencia de esta subida descomunal de los precios de los materiales básicos para la construcción.
No podemos olvidar que están en marcha importantes planes inversores, que podrían verse afectados. Hemos alertado de este asunto a la Comisión Europea, solicitando a los Estados miembro la implementación de mecanismos de revisión de precios específicos para los contratos de obras en ejecución. Es urgente.
Bajo vuestro punto de vista, ¿sigue existiendo economía sumergida en este sector en el archipiélago?
Sí, y sigue siendo un gran problema que nos debería preocupar a todos. La economía sumergida en el sector de la construcción está experimentando un crecimiento exponencial muy preocupante. Afectando principalmente a las pymes, microempresas y autónomos legales, que sufren una tremenda competencia desleal, perjudicando la creación de nuevo empleo, poniendo en peligro la supervivencia de muchas empresas, afectando a la seguridad en la prevención y salud laboral y propiciando una mala imagen del sector de la construcción, que no se siente, en absoluto, identificado con estas prácticas ilegales y fuera de todo control.
Además, propicia la picaresca de los que actúan en este ámbito, que no cuentan con la formación, profesionalidad y capacitación necesaria para ejecutar las obras. La gente debe saber que pueden llegar a tener responsabilidad penal ante cualquier accidente que se produzca durante la realización de la obra que, por cierto, son más frecuentes, porque no incorporan ninguna medida de seguridad o salud laboral en sus trabajos.
En la mayoría de los casos son personas que cobran alguna prestación social de desempleo y mediante los “cancamitos”, especialmente los fines de semana, llegan a cobrar incluso más de lo que está establecido en el Convenio Provincial. Como consecuencia, por muchas facilidades e incentivos, que se les proponen desde la Administración, para que se incorporen a la legalidad, los rechazan, porque viven muy cómodamente establecidos en la insolidaridad y el egoísmo.
¿Se posiciona FEPECO a favor de un proyecto como el Puerto de Fonsalía?
Lo cierto es que ha despertado muchas voces en contra las últimas semanas… Rotundamente sí, Tenerife quiere y necesita el Puerto de Fonsalía. Tenerife vuelve a salir perdiendo por culpa de los mismos de siempre, esos noistas emperrados en parar todo, que utilizan el ecologismo como enseña demagógica o populista para desestabilizar económicamente la isla, hundirla, escacharla, empobrecerla socialmente y quitarle competitividad, con el fin de imposibilitarle la potencialidad necesaria para liderar Canarias y así dejar expedita la capitalidad económica de nuestra Comunidad Autónoma a la isla de enfrente, siendo la Quinta Columna que mina el presente y futuro de Tenerife.
La caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental al proyecto del Puerto de Fonsalía, es la demostración, una vez más, del fracaso de la gestión política y burocrática en Tenerife. Se agota un plazo de seis años y encima los responsables de la Consejería lo anuncian con satisfacción, cuando lo que deberían demostrar es vergüenza, además de preocupación, por no ser capaces de tramitar los expedientes en tiempo y forma.
Esperamos que se pidan responsabilidades políticas por incumplimiento de los deberes del cargo, así como también, que se tomen las medidas disciplinarias, oportunas, drásticas, en todo el aparato administrativo responsable, que ha fallado estrepitosamente. El dinero público no se puede dejar vencer tan alegremente, cuando todos sabemos lo que cuesta en nuestra Comunidad Autónoma, no sólo económicamente, sino en tiempo, la redacción de una Declaración de Impacto Ambiental
