Más de 15.0000 agricultores y ganaderos de toda Andalucía, flanqueados por alrededor de 500 tractores, han secundado el paro agrario y la movilización convocada por ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. Con la numerosa protesta, que ha superado con creces las expectativas de asistencia iniciales, han dicho “basta” al expolio que sufre el campo andaluz y han exigido medidas políticas y fiscales para salvaguardar la viabilidad del sector.
Bajo el lema ‘La agricultura y la ganadería, una cuestión de Estado’, los miles de manifestantes, llegados de cada una de las provincias andaluzas, y todos ellos profesionales de la agricultura, la ganadería, representantes de cooperativas y de empresas de servicios, han partido desde la explanada del Estadio Benito Villamarín y ha recorrido la Avenida de la Palmera con destino a la sede de la Delegación del Gobierno de Andalucía. Allí, las organizaciones agrarias y las cooperativas convocantes de la movilización han exigido con la multitudinaria protesta regional soluciones reales que permitan mantener la rentabilidad de las explotaciones agrarias de la comunidad andaluza recordando que «sin agricultura y ganadería, Andalucía no es nada».
La subida de los costes de producción, la competencia desleal de terceros países, la reforma y el Plan Estratégico de la PAC, las novedades laborales y una sequía severa, que asfixia al sector productor desde hace varias campañas, son algunos de los problemas que están comprometiendo el futuro del sector agrario andaluz, una actividad clave para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, que crea empleo, fija población al territorio y vela por el medio ambiente.
Productores y cooperativas creen necesario que se articulen medidas urgentes que garanticen precios justos en origen, ayudas por la inasumible subida de los costes de producción, un control exhaustivo y reciprocidad sobre las importaciones de terceros países, que se corrija el Plan Estratégico de la PAC que ataca la competitividad del sector agrario andaluz y le priva de 450 millones de euros, y una política hídrica real y consensuada, acompañada de ayudas e inversiones, que permitan paliar los nefastos efectos de la sequía.
