BRUC ha inaugurado el mayor clúster de energía renovable de Andalucía, bautizado como Cartago ¿Qué significa esta inauguración para BRUC y para Andalucía?
Esta inauguración es un hito clave para BRUC y creemos que también para Andalucía. Cartago representa una inversión de 820 millones de euros y concentra el 70 % de nuestra capacidad en la comunidad actualmente. Es el mayor clúster renovable de BRUC hasta la fecha. Su capacidad de generación —1.875 GWh anuales— equivale al consumo eléctrico de más del 10 % de los hogares andaluces. Estamos hablando de una infraestructura que no solo aporta energía limpia, sino que genera empleo, renta para los propietarios de terrenos y un importante impulso industrial en zonas eminentemente rurales. Con una inversión de más de 820 millones de euros, 18 plantas solares, y una capacidad de producción que puede abastecer a más de 475.000 hogares, este proyecto supone un punto de inflexión en la transición energética en la región.
¿Qué impacto económico y social tiene este complejo en el territorio?
Ha supuesto la creación de 1.652 empleos cualificados, muchos en zonas rurales donde hay menos oportunidades. Se asienta en cuatro municipios y abarca 1.610 hectáreas, generando también ingresos estables para los propietarios de esos terrenos. Además, hemos colaborado con empresas andaluzas durante la ingeniería y construcción, fortaleciendo la cadena de valor local.
¿Qué atractivos tiene Andalucía para la inversión en renovables?
Es evidente que el principal atractivo son las horas de sol, que duplican a países como Alemania. Pero esta ventaja no se materializaría si no se diesen las condiciones económicas y regulatorias adecuadas para invertir. En este sentido, nos encontramos con un gobierno autonómico que, apuesta por el desarrollo de las energías limpias, que, a su vez, tienen un papel destacado en las políticas estatales vinculadas a la transición energética. Además, Andalucía dispone de un tejido industrial cualificado y capaz de responder al desafío de esta industria nueva.
¿Qué diferencia a BRUC de otras empresas que están invirtiendo en renovables?
Nuestros principales hechos diferenciales son el modelo de negocio y la estructura del accionariado. Respecto al primero, nosotros no somos desarrolladores, sino propietarios y gestores de las infraestructuras energéticas. Llegamos a acuerdos estratégicos con empresas que desarrollan, como Magtel, y adquirimos la propiedad de los activos cuando las plantas entran en la fase ‘ready to build’. Una vez construidas y en operaciones, gestionamos las plantas con una visión de largo plazo. Esta visión es posible gracias a que nuestros principales accionistas son fondos de pensiones (OPTrust y USS), inversores con perspectiva de largo plazo basada en la sostenibilidad. Este modelo de negocio nos permite reducir los riesgos, alcanzar acuerdos de venta de energía a largo plazo (PPA), lograr financiación en condiciones muy competitivas, tener una perspectiva equilibrada de los negocios y navegar así los movimientos coyunturales del mercado eléctrico.
¿Qué papel ha tenido Magtel y la Junta de Andalucía en este proceso?
Magtel ha sido un socio clave y el gran generador de este proceso en su papel como desarrollador. Y la Junta ha sido decisiva: su apoyo, su disposición favorable y su rigor técnico han hecho posible que este proyecto saliera adelante. La colaboración público-privada ha sido ejemplar. Sin ese entorno, este despliegue renovable sería imposible.
¿Cómo se enmarca esta inversión dentro de la estrategia a largo plazo de BRUC en Andalucía?
Nuestro compromiso con Andalucía es firme. Entre lo ya invertido y lo que tenemos planificado hasta 2028, vamos a destinar 2.260 millones de euros en la comunidad. En ese horizonte esperamos tener más de 3.000 MW operativos, capaces de producir energía para cerca de 800.000 hogares —una cuarta parte de los andaluces—. Andalucía es prioritaria para nosotros.
¿Qué desafíos enfrentan ahora las renovables en España?
Los dos grandes retos son almacenamiento y redes. Necesitamos hibridar estas plantas con baterías para gestionar mejor la producción, lograr el máximo aprovechamiento de los recursos energéticos que son autóctonos (sol, viento y, en menor medida, agua) y así estabilizar los precios, que siempre serán más competitivos que los que proceden de quemar combustibles fósiles o de la energía nuclear. El segundo es el despliegue de la red en coherencia con las necesidades de productores y consumidores. España necesita una inversión monumental en infraestructuras eléctricas para soportar el crecimiento renovable. Hoy, muchas industrias y puntos de carga de vehículos eléctricos no se pueden conectar porque no hay red. Y el sistema está denegando nueva demanda.
¿Qué riesgos conlleva no afrontar estos retos?
Si no facilitamos el almacenamiento ni ampliamos la red, tendremos que cuestionar el sistema de precios actual, que no está adaptado al peso que ya tienen las renovables. Es ridículo que tengamos energía limpia abundante, pero no podamos usarla para cargar un coche eléctrico o alimentar una nueva fábrica. Eso compromete la transición energética.
¿Qué oportunidades abre todo esto para Andalucía?
Enormes. La energía ya no es solo un vector ambiental, es un factor de competitividad industrial. Andalucía y España están ante una oportunidad histórica: liderar la tercera revolución industrial, la energética. Disponemos de recursos, talento y capacidad. Pero hay que tomar decisiones valientes y urgentes para consolidar esa posición.
A casi tres meses vista del gran apagón de finales de abril, parece que ya nadie culpa a las renovables del mismo, como así ocurrió al principio. ¿Cuál es su opinión sobre las causas de aquel cero peninsular?
Si bien no hay consenso acerca de los culpables, las energías renovables ya no aparecen en el centro del debate técnico ni del político. Sin embargo, sí hay bastante consenso en torno a las soluciones destinadas a robustecer el sistema eléctrico sin renunciar al despliegue de las únicas energías primarias que realmente tiene España: sol, viento y, en menor medida, agua.
La solución pasa por potenciar el almacenamiento e invertir en redes. Por fin, el gobierno se ha decidido a acelerar la regulación de esta tecnología, algo que venimos solicitando encarecidamente desde el sector de las energías limpias para seguir invirtiendo y cumpliendo así con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), incardinado, a su vez, en el Pacto Verde Europeo.
El Real Decreto-Ley 7/2025, de 24 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, facilita el despliegue del almacenamiento mediante baterías. Esperemos que ahora que también se pongan las pilas con las redes de transporte.
