15/04/2024

La negociación colectiva y los macro indicadores
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La tozuda realidad de las grandes cifras de nuestra economía y de nuestro mercado de trabajo parece estar desconectada del pulso subyacente de la negociación colectiva, pero solo lo parece. Si no fuera por el relevante papel que desarrollan las organizaciones sociales y empresariales en los procesos de negociación a todos los niveles – empresarial, sectorial, provincial, regional y nacional – la situación de las empresas y de las familias sería manifiestamente peor que la que resultaría de la directa incidencia de los indicadores macroeconómicos sobre sus cuentas de resultados y sus economías domésticas. Y es que cumple a la negociación colectiva desempeñar dos funciones de la máxima importancia económica, por un lado, hacer posible que la economía de las empresas y su productividad sean compatibles con el compliance laboral, es decir, que haya empleo productivo con derechos, y, por otro, condicionar y controlar la deriva de las grandes cifras de la economía como la inflación, tasa de desempleo, tasa de ahorro, déficit, o renta disponible.

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Una herramienta esencial para enfrentar los retos que la economía impone sobre el mercado de trabajo es el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), cuya última edición fue la de 2018-2020, lo que implica la necesidad imperiosa de que las organizaciones sindicales y empresariales alcancen ya un acuerdo para cerrar este instrumento clave en la ordenación de la negociación colectiva a nivel nacional. La inflación es el dato macroeconómico clave en este proceso y la razón de que se encuentre bloqueado desde mediados de enero en que volvieron a reunirse las partes. Nunca, desde 2010, fecha del primer AENC, se había tardado tanto en cerrar el acuerdo, y eso que los anteriores, también trianuales, tuvieron que lidiar con las dificultades económicas del periodo de crisis financiera global, donde el dato macroeconómico crítico era la tasa de desempleo, que llegó al 24,5%, pero no la inflación, que llegó a ser del -0,24% en algunos meses del año 2012.

Las diferencias de posición y planteamiento entre las organizaciones firmantes van más allá de la mera cuantificación de los indicadores. Las propuestas sindicales, pasan por establecer incrementos salariales que compensen la pérdida de poder adquisitivo resultante del hecho de que los salarios crecieron un 3,7% en 2022 frente al 8,4% de inflación. La propuesta del gobierno de incrementar el SMI hasta un 8% es otro factor que se suma a la ecuación, cada vez más compleja, teniendo en cuenta, además, que su incremento del 35,89% entre 2019 y 2022 ha tenido especial incidencia en sectores productivos intensivos en mano de obra. Se ha adelantado que podrían valorarse incrementos salariales diferenciados por sector económico en función de la diferente evolución de estos, lo que puede constituir un punto de acuerdo. Otra cosa es cómo se articule esta solución para que no termine derivando en un factor creador de desigualdades salariales estructurales. Desde el punto de vista cualitativo, la pa- tronal mantiene su pretensión de no vincular salarios directamente con IPC, sino con conceptos como la productividad, los resultados empresariales, incluyendo el EBITDA, o el comportamiento del PIB. Evidentemente, no es igual la posición de las PYMEs que la de las grandes empresas. Estas últimas presentan a lo largo de los últimos trimestres mejores macroindicadores, tanto en empleo creado, un 3,4% más, como en ventas totales deflactadas y corregidazs, un 5,9%, y en exportaciones, un 9,6%. Sin embargo, 2023 comienza con un incremento del desempleo de más de 70.000 personas, aunque la cifra récord de personas trabajadoras empleadas haya llegado a 20,5 millones. Esa diferente posición justifica, más que nunca, que se hagan todos los esfuerzos posibles por alcanzar el AENC dentro de este primer trimestre del año.

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El pacto de rentas – indefectiblemente unido a la negociación colectiva – es otra de las asignaturas pendientes en nuestro sistema, de necesidad imperiosa, pues seguimos liderando en Europa la pérdida de renta disponible de las familias, cuyo ahorro se volatiliza por efecto de la inflación, habiendo caído un 8% desde 2019, nivel que no hemos vuelto a alcanzar desde entonces. El ingreso familiar per cápita ha caído en España un 1,94%, acompañándonos en el furgón de cola Reino Unido, con -1,85%, Alemania con -0,83% y República Checa con -0,59%.

Frente a este panorama, la negociación colectiva de nivel empresarial y sectorial provincial, que en el caso de Andalucía es la dominante por número de trabajadores afectados, tiene que innovar fórmulas imaginativas que contribuyan al desbloqueo de los procesos de negociación y permitan a las empresas seguir adelante en estas difíciles situaciones. Estamos asistiendo a procesos ingeniosos de negociación de cláusulas salariales que difieren en el tiempo los efectos del incremento de la inflación y el IPC, de forma que las empresas no tengan que asumir de golpe las subidas salariales. Igualmente, estamos viendo desaparecer de muchos convenios conceptos salariales tradicionales, como el plus de antigüedad, que empiezan a ser congelados y topados, para ser sustituidos progresivamente por cláusulas que vinculan estos pluses al incentivo antiabsentismo y a la productividad.

Sin duda alguna, el incremento de costes laborales con motivo de las alzas del precio de la electricidad y de los combustibles, que han dejado de estar bonificados desde enero, está empezando a encontrar respuestas, tímidas aún, pero respuestas al cabo, en la negociación colectiva. El apoyo técnico que entidades como el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales está brindando a los procesos de negociación es clave en este sentido. El CARL está impulsando la celebración a nivel andaluz del II Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva con la intención, entre otras, de ofrecer a los negociadores cláusulas tipo sobre nuevas formas de organización del trabajo, buenas prácticas negociales, iniciativas de responsabilidad social empresarial, o nuevos espacios para la negociación colectiva, buscando favorecer soluciones negociales realistas y factibles que se puedan integrar en los convenios colectivos con plena seguridad jurídica.

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