La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural va a intensificar el Plan Especial de Control de Reetiquetado y Trazabilidad que tiene en marcha en Andalucía desde el año 2020. El objetivo de esta planificación es perseguir y sancionar las prácticas desleales que se puedan producir al realizar alteraciones relativas al origen o la trazabilidad en las etiquetas de productos importados que llegan a la comunidad autónoma.
El aumento de los controles que realiza el Gobierno andaluz se ha iniciado ya en la presente campaña en el sector de las frutas y hortalizas, donde se ha puesto el foco, especialmente, en los productos que proceden de terceros países; es decir, de zonas productoras no incluidas en la Unión Europea. Con esta vigilancia más exhaustiva, la Junta de Andalucía persigue evitar que el sector hortofrutícola de la región se vea perjudicado por prácticas desleales y falsificaciones en origen.
El Gobierno andaluz va a intensificar estos controles, especialmente en cítricos, fresas y frutos rojos y resto de frutas y hortalizas respondiendo así a los acuerdos alcanzados en la Mesa de Interlocución Agraria de Andalucía y va a estudiar la posibilidad de endurecer las sanciones a aquellas empresas que no cumplan con la normativa vigente. En concreto, los técnicos de la Consejería de Agricultura han realizado más de 1.300 controles encaminados a comprobar que el etiquetado de los alimentos cumple con la normativa relativa a trazabilidad y, por tanto, se indica su origen tanto en las etiquetas como en los documentos administrativos.
La ejecución de estas inspecciones muestra la implicación de la Junta en el desempeño de sus funciones de control de los etiquetados pero, para poder tener mayor garantía de que todos los alimentos que llegan al mercado cumplen con la normativa, es preciso que las demás administraciones cumplan también con sus competencias. Al respecto, desde Andalucía se considera necesaria la intensificación de los controles en los Puesto de Inspección Fronterizos (PIF) de los puertos, que deberían aumentar su personal para poder realizar inspecciones más exhaustivas y ágiles que las que se llevan a cabo actualmente a los alimentos procedentes de terceros países en materia sanitaria y fitosanitaria.
Además, como se viene demandando desde hace años desde Andalucía, para garantizar que todos los productores tienen la misma capacidad para competir en el mercado europeo es imprescindible también la inclusión de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales que se firman en Bruselas con terceros países. A pesar de haberse perdido ya la oportunidad de aprovechar la presidencia europea por parte de España, Gobierno y sector andaluz no pierden la esperanza de conseguir esta justa reivindicación en la que se seguirá insistiendo por parte del Ejecutivo autonómico para que el Gobierno central ejerza su papel de defensor del campo español ante la Unión Europea. Únicamente de este modo se podrá evitar la competencia desleal que perjudica a los agricultores y ganaderos comunitarios.
Los alimentos y bebidas de Andalucía son sinónimo de excelencia tanto en sabor y sostenibilidad como en salud, ya que los profesionales que conforman el sector agroalimentario no sólo cumplen con las obligaciones marcadas por la normativa sino que, en gran medida, sus productos superan los estándares de calidad habituales. Ante esta realidad, el Gobierno andaluz quiere ofrecer su máximo respaldo los agricultores, ganaderos y empresarios agroalimentarios, llevando a cabo los controles que permitan demostrar su alto valor y evitar inconvenientes a un sector que es base de la economía andaluza y ejemplo internacional de calidad y sostenibilidad.
