La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha subrayado hoy que Andalucía ha pasado de ser una comunidad “intervenida de facto y dependiente del Fondo de Liquidez Autonómico”, a ser una comunidad “equilibrada, solvente y con plena autonomía financiera gracias a la gestión responsable y rigurosa” desarrollada en los últimos siete años.
Durante su intervención en el Pleno del Parlamento andaluz, la responsable de Economía ha recordado que, hasta 2019, Andalucía acumulaba una década de fuerte incremento de deuda. “Entre 2008 y 2018, la deuda autonómica pasó de aproximadamente 8.000 millones a más de 35.000 millones de euros, un aumento superior al 300%, con incumplimientos de reglas fiscales y bajo tutela efectiva del Ministerio de Hacienda”, ha apuntado, “esa fue la herencia que nos dejó la entonces consejera María Jesús Montero”.
“Éramos una comunidad intervenida de facto: dependíamos del FLA para pagar facturas, había impagos a proveedores y una deuda acumulada con ayuntamientos. Ese era el estado de las finanzas andaluzas que nos encontramos”, ha subrayado.
A ello se sumaba, ha añadido, un sistema de financiación autonómica caducado que, según estimaciones de FEDEA, sitúa a Andalucía en una posición de infrafinanciación estructural de 1.528 millones de euros menos al año respecto a la media.
Frente a ese escenario, Carolina España ha defendido que desde 2019 el Gobierno de Juanma Moreno ha aplicado una política de estabilidad presupuestaria y disciplina financiera que ha permitido reducir el peso de la deuda hasta el 18,3% del PIB, casi cuatro puntos menos que hace siete años -lo que la sitúa en el nivel más bajo de los últimos doce años- y dos puntos por debajo de la media nacional.
“Andalucía ha cumplido de forma sistemática los objetivos de estabilidad y hoy la AIReF nos sitúa entre las comunidades con mejor perfil de sostenibilidad a medio plazo”, ha destacado.
Asimismo, la consejera ha resaltado que “la deuda con ayuntamientos se ha reducido, y se ha eliminado la morosidad con proveedores”, mientras que la implantación de un Marco de Finanzas Sostenibles ha permitido emitir nueve operaciones de bonos sostenibles por un total de 6.600 millones de euros destinados a inversiones sociales y medioambientales.
Esta evolución, ha señalado, ha tenido reflejo en la mejora de la calificación crediticia. Así, Moody’s ha elevado dos escalones el rating de Andalucía hasta A3, el mejor en trece años y equiparable al del Reino de España, mientras que Standard & Poor’s reconoce la solvencia de la comunidad.
Ello se ha traducido, ha continuado, en tipos de interés más bajos y en una elevada demanda de las emisiones andaluzas, como se pudo comprobar con la reciente emisión de 1.250 millones de euros a diez años, la mayor en la historia de la Junta, que recibió más de 5.000 millones en peticiones de 114 inversores de más de 15 países, con un diferencial de solo 14 puntos básicos sobre el Tesoro.
La consejera ha subrayado cómo con esta gestión rigurosa ha provocado que Andalucía “se sitúe hoy entre las cinco comunidades con menor deuda por habitante (4.669 euros, 2.258 euros menos que la media nacional), lo que representa el 11,9% de la deuda autonómica total, por debajo de su peso poblacional”.
“Este año no pediremos ni un solo euro al FLA ni a ningún mecanismo extraordinario del Estado, cubriremos el 100% de nuestras necesidades de financiación en los mercados, en condiciones similares a las del Tesoro Público”, ha afirmado, “esa es la autonomía financiera y la solvencia de esta tierra”.
Frente a este escenario, la consejera ha reiterado su rechazo a la “propuesta de quita de deuda trampa” planteada por el Gobierno de España al considerar que “no aporta ni un solo euro adicional para sanidad, educación, dependencia o infraestructuras”.
“La absorción planteada afecta únicamente al capital, no a los intereses, y no genera margen adicional de gasto computable. Es dinero de papel, dinero de Monopoly: mejora una solvencia que Andalucía ya tiene, pero no refuerza el estado del bienestar”, ha señalado.
Además, ha advertido de que la medida supondría mutualizar la deuda, trasladándola al conjunto de los españoles, y podría generar efectos desincentivadores sobre la disciplina fiscal, premiando a quienes han incumplido frente a las comunidades cumplidoras.
“No vamos a aceptar que se penalice a Andalucía por gestionar bien mientras se premia a quienes han gestionado mal”, ha afirmado, para reprocha a continuación que el acuerdo del Parlamento andaluz sobre financiación autonómica de 2018 recogía que la condonación era solo para las comunidades infrafinanciadas, “pero ahora es para todas porque así se lo reclama el independentismo”.
“Lo que el Gobierno central dice perseguir con la condonación —mejorar nuestra solvencia y permitirnos acudir a los mercados— Andalucía ya lo ha conseguido por sus propios medios, sin rescates y sin condonaciones”, ha remarcado.
De la misma manera, la consejera de Economía ha reprochado que la propuesta para nuevo sistema financiación autonómica negociado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con Oriol Junqueras “no corrige la infrafinanciación estructural de Andalucía”, y mantiene a la región por debajo de la media.
Se trata de un modelo, ha dicho, por el que un andaluz seguirá recibiendo 143 euros menos por habitante ajustado que la media nacional, y 389 euros menos que un catalán y por el que Andalucía continuaría situándose 1.192 millones de euros por debajo de la media, mientras Cataluña se coloca muy por encima.
“Andalucía no pide privilegios, pide igual y justicia constitucional. Exigimos un sistema justo y equitativo que tenga en cuenta la población ajustada y las necesidades reales de gasto. Eso sí serían euros reales para hospitales, colegios y políticas sociales”, ha indicado. Para añadir: “No somos menos que nadie, ni pedios limosna. Sólo justicia”, ha concluido.
