Con los rescoldos de Torre Pacheco aún calientes, puede que sea buen momento para hacer algunas breves reflexiones sobre inmigración en Europa, España y en Andalucía aún a riesgo de contaminar el análisis con la proximidad de los acontecimientos, pero convencido de la necesidad de que volvamos a la sensatez y al rigor y no nos dejemos arrastrar por el huracán de noticias, falsas y verdaderas, que inundan los medios y las redes estos días. No es la primera vez que pasa algo parecido, y seguramente no será la última, lo que es preocupante.
Que la gestión de las políticas migratorias en Europa no ha respondido a las intenciones de los padres de los Tratados, singularmente el de Funcionamiento de la Unión Europea o Tratado de Roma, es un hecho constatable en todos aquellos países que mayor número de inmigrantes han acogido en los últimos cincuenta años. Téngase en cuenta que la Política de Inmigración en Europa no tiene más de tres lustros, pues nace con el Tratado de Lisboa en 2009, y que no fue si no en 2015 que la Agenda Europea de Migración desarrollara una serie de orientaciones en materia de migración legal y asilo basadas en cuatro líneas de acción principales por lo que se refiere a las políticas de migración legal: revisar la Directiva sobre la tarjeta azul, atraer a la Unión a emprendedores innovadores, dotarse de un modelo más coherente y eficaz de gestión de la migración legal a escala de la Unión a través de la evaluación del marco vigente y fortalecer la cooperación con los países de origen clave, con objeto de asegurar vías legales hacia la Unión al tiempo que se mejora el retorno de las personas que no tienen derecho a quedarse. En mayo de 2024 se adoptó un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo que se encuentra en fase de ejecución sobre la base de una extensa batería de normas.
Ya había, obviamente, ciudadanos de terceros Estados en Europa trabajando e incluso adquiriendo la nacionalidad europea antes de esas fechas, pero la realidad es que desde 2010 a 2024 el número de personas nacidas en el extranjero se ha incrementado en un 39% en países como Austria, Suecia, Alemania, Bélgica o España que son los cinco con mayor población inmigrante. Por el peso de la inmigración latinoamericana, España sería el segundo país de la Unión Europea en porcentaje de extranjeros, tan solo por detrás de Suecia. A junio de 2025 el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en España es de 3.096.015, representando el 14% de la población trabajadora, siendo el número total de extranjeros de 9,3 millones. Singularmente todos estos Estados miembros, junto con Francia, presentan fuertes tensiones en materia de integración social lo que deriva esencialmente del origen de la inmigración y del fracaso de las políticas de multiculturalidad que se han mostrado fallidas en toda Europa.
Cuando se quiere hacer política con la inmigración lo fácil es aplicar recetas maniqueas y polarizadoras para decantar el voto del miedo al extranjero, y esas políticas suelen funcionar electoralmente pero a un coste social insoportable. Hoy se nos antoja imposible revertir situaciones como las que se viven en determinadas regiones de Bélgica, Francia, Suecia u Holanda, que son manifiestos ejemplos de fracasadas políticas de integración basadas en la prevalencia del respeto a las culturas de origen sobre la adquisición de los valores comunes del Estado de acogida. Y es justamente ahí dónde deben expresarse las políticas públicas, hay que integrar a los extranjeros en las culturas y valores de los Estados de acogida, no favorecer los guetos y el desarrollo de naciones dentro de las naciones. Pero vamos tarde y la xenofobia es la respuesta fácil a un problema de una complejidad extrema que requiere de un colosal esfuerzo de políticas eficaces, decididas y muy bien planificadas.
Si diéramos de baja de afiliación a esos más de 3 millones de extranjeros que trabajan en España la economía española, las pensiones, los sectores estratégicos -hostelería, construcción, transporte y logística, agricultura, comercio- colapsarían. No estamos en condiciones, a pesar del desempleo nacional subyacente, de remplazar al 14% de la población activa ocupada que además tiene mayoritariamente entre 25 y 35 años, y cotiza. Solo en la hostelería, donde faltan en torno a 200.000 puestos de trabajo, suponen el 28% de todos los trabajadores, y en la construcción, donde faltan casi 100.000 puestos, el 20%. En Andalucía, en provincias como Almería, Málaga o Huelva, la agricultura y la hostelería habría que reinventarlas.
Es preciso fortalecer las políticas inmigratorias en Europa desde el punto de vista inicial de la seguridad en el tránsito de personas, lo que significa luchar activamente contra las mafias de traficantes y no limitarse a multimillonarios tratados de amistad con regímenes autoritarios que forman parte del problema. Las políticas de inmigración deben coordinarse de una manera activa dependiendo de las condiciones y necesidades del mercado único de trabajo en Europa, debiendo ser la contratación en origen la fórmula de acceso general. Con una frontera común para toda Europa, el territorio Schengen, no puede haber diez políticas de control de inmigración diferentes. Se requieren más medios materiales y humanos para que Frontex pueda hacer el trabajo que no está haciendo. La gestión de los conflictos internacionales que desbordan las fronteras de refugiados, requiere una voz única en toda Europa y un reparto solidario de esfuerzos por parte de todos los Estados. Ni África es el problema exclusivo de España o Italia, ni Oriente Medio es el problema particular de Alemania o Suecia. Y volvamos a mirarnos en lo que somos y hemos sido en Europa durante siglos de historia y cultura, y en nuestra realidad actual de potencia moral y de valores democráticos y universales en el mundo, para diseñar una nueva política de inmigración integradora en esos valores que nos haga crecer para afrontar con seguridad los retos de un mundo multipolar y cada vez más impredecible.
