11/05/2025

Juan Rafael Leal: “Las cooperativas agroalimentarias de la región aportamos más del 5% del Producto Interior Bruto de la comunidad”
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“Nuestras administraciones, desde las municipales hasta las europeas, tienen en su mano las herramientas necesarias para favorecer la estabilidad de las explotacionesy las empresas agroalimentarias”  El sector agroalimentario ha sido […]

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“Nuestras administraciones, desde las municipales hasta las europeas, tienen en su mano las herramientas necesarias para favorecer la estabilidad de las explotaciones
y las empresas agroalimentarias” 

El sector agroalimentario ha sido fundamental en estos dos últimos años de pandemia y por eso ha sido considerado sector esencial. ¿Cómo han vivido las empresas agroalimentarias estos momentos tan complicados para todos? 

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Con mucho sufrimiento y angustia, como el resto de la ciudadanía. Las primeras semanas de pandemia nos movimos con muchísima incertidumbre. Era una situación completamente desconocida e inesperada para nosotros. De hecho, semanas antes de decretarse el estado de alarma, nos manifestábamos en las calles por una crisis de precios que azotaba a la gran mayoría de producciones. No fue nada fácil, se lo aseguro. Tuvimos que adaptarnos rápido a las restricciones de movimiento, a los cambios normativos, pero no podíamos faltar al compromiso que teníamos con nuestro entorno. En un contexto tan convulso, y en el que nosotros también sufrimos pérdidas personales, tuvimos la agilidad para adaptarnos. Demostramos, una vez más, que las cooperativas agroalimentarias son un seguro social, simplemente por ser un modelo con una base social comprometida, profesionalizada y muy innovadora. Además, sacamos tiempo para limpiar y desinfectar las calles de nuestros pueblos, acudimos a la llamada de ayuda de muchas entidades sociales e incluso muchas de nuestras empresas aprovecharon el momento para explorar otros canales de comercialización como la venta online. 

Y ahora que parece que estamos saliendo de esta pesadilla, es cuando el sector parece enfrentarse a la suya propia, y de hecho dentro de unos días está planteada una manifestación a nivel nacional. ¿Creen que quizá ustedes han hecho un gran esfuerzo cuando más se necesitaba y ahora no se han sentido correspondidos por las instituciones? 

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Lamentablemente, llevamos décadas en un segundo plano. Si bien es cierto los efectos secundarios de la pandemia, la crisis de precios previa y la actual situación, marcada por un incremento jamás visto de los costes de producción y la escalada de inputs básicos como la energía eléctrica o el gasóleo, han venido a empeorar la situación de un sector que es esencial. Básicamente porque como mínimo comemos tres veces al día. También estratégico, al menos en Andalucía. Tenga en cuenta que sólo las cooperativas agroalimentarias de la región aportamos más del 5% del Producto Interior Bruto de la comunidad. Además, sostenemos el equilibrio de la balanza comercial. En 2021, por ejemplo, se exportaron alimentos y bebidas por valor de 12.385 millones. Y, para mí, lo más importante, mantenemos viva nuestra Andalucía rural, nuestros pueblos. Así que no nos queda más remedio que poner pie en pared y reclamar justicia, respeto, dignidad y medidas políticas, fiscales y comerciales que salvaguarden el futuro del sector agroalimentario. 

El sector agroalimentario, por sus características, se ve afectado por la subida de los carburantes, de la luz, del gas, por los bajos precios en origen, por la sequía. ¿Cree realmente que hay una solución a tantos problemas? ¿Cuáles son las medidas que se tienen que tomar para paliar su situación? 

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La solución a estos problemas es la voluntad política. Los conflictos mundiales -los bélicos y los comerciales- complican el escenario y la dependencia que tiene nuestro país de insumos del extranjero no la podemos modificar de la noche a la mañana. Sí existe un instrumento, la política. Nuestras administraciones, desde las municipales hasta las europeas, tienen en su mano las herramientas necesarias para favorecer la estabilidad de las explotaciones y las empresas agroalimentarias. Al igual que existe el gasóleo B, necesitamos tarifas propias eléctricas. No tiene sentido que un agricultor con riego pague electricidad todo el año, por ejemplo. Debería pagar potencia sólo cuando riega. También se puede aplicar una reducción del IVA, por ejemplo en las producciones hortofrutícolas. Y, sin duda, aplicar una reducción de módulos del IRPF acorde a la situación actual, especialmente de sequía. 

La PAC, la Política Agraria Común, es una herramienta fundamental para el campo andaluz, pero parece que el nuevo Plan Estratégico 2023-2027 no está a la altura de sus necesidades. 

El Ministerio de Agricultura ha diseñado su Plan Estratégico de la PAC de espaldas al campo andaluz. Este hecho demuestra un des- conocimiento del sector, pues Andalucía es la principal región agraria de España. Es decir, el cheque español de la PAC depende en gran medida de la producción agrícola y ganadera de nuestra comunidad. El departamento de Luis Planas ha tomado dos decisiones que van en contra de lo que Bruselas plantea en su arquitectura agraria: competitividad, sostenibilidad y profesionalización. Por un lado, ha decidido reducir el número de regiones de 50 a 20, medida que obvia la diversidad productiva que existe en Andalucía, donde solo provincias como Sevilla contaban hasta ahora con 17 zonas productivas. Por otro, el sistema de ecoesquemas planteado (modelo en el que se basa la arquitectura verde de la Comisión Europea y que sustituye al actual greening) tampoco es coherente con esta diversidad, ya que se reduce a ocho prácticas y se limita a un solo ecoesquema por productor. Es decir, no se incentiva el refuerzo de la sostenibilidad. Y, para colmo, se obvian los derechos históricos, todos los productores, incluso aquellos sin derecho a PAC, podrán acceder a la ‘bolsa’ de los escoesquemas. Hemos intentado trasladarle al Gobierno central el perjuicio que nos va a provocar su hoja de ruta, pero no nos ha querido escuchar y muestra de ello es que no ha tenido en cuenta ni las alegaciones presentadas por el sector ni por la Junta de Andalucía. ¿Qué va a suponer esto? La pérdida de 450 millones para el campo andaluz; y lo más importante, un hándicap para los productores, que tendrán mayores problemas para sostener su renta y, por tanto, mantener la viabilidad de sus explotaciones. 

Está reñida la cultura medioambiental, cada vez más exigente por parte de Europa con la productividad del campo andaluz. 

La sostenibilidad no está reñida con la productividad del campo andaluz. El problema está en supeditar la producción agraria europea a mayores exigencias medioambientales al tiempo que se abren las puertas de nuestro mercado de par en par a producciones de países terceros que cultivan con materias activas que a nosotros se nos prohíbe. El cuidado del medio ambiente no depende sólo de la producción agraria y de los productos que utilicemos, también está ligado a tener infraestructuras e inversiones que nos permitan hacer un uso más eficiente de los recursos naturales. Por ejemplo, del agua. Tenemos un grave problema con la sequía que no podemos abordar porque llevamos años (incluso décadas) de retraso con infraestructuras como la Presa de Rules, el Túnel de San Silvestre o con obras menores que nos permitirían aprovechar las aguas de las escorrentías, pero la falta de un plan de inversiones y de un Plan Hidrológico nacional nos impide aprovechar al máximo las pocas gotas de agua que nos da la naturaleza. 

No obstante, el sector agrario andaluz, y nuestras cooperativas, son el mejor ejemplo para demostrar que la sostenibilidad y la competitividad no están reñidas. Nuestro sector trabaja desde el campo hasta la distribución para dejar la menor huella posible en el planeta. Ejemplo de ello son los sensores que nos permiten ajustar el riego a las necesidades de fertirriego de la planta, de las instalaciones de placas solares de las que se autoabastecen nuestras cooperativas o de la reutilización de subproductos de olivar o de la producción de invernadero para generar biomasa, por ejemplo. Asimismo, cuando hablo de sostenibilidad no sólo me refiero a la medioambiental, que para nosotros es esencial, ya que sin tierra que cuidar, nuestra actividad carecería de sentido; también aludo a la social y a la económica. 

Parece un poco incongruente que las autoridades políticas estén visiblemente preocupadas por la despoblación de las zonas rurales e incluso surjan grupos en defensa de la España vaciada y por otra parte no se proteja al sector agroalimentario. 

Totalmente incongruente. Andalucía en sí misma lo explica. Si una persona habla de nuestro medio rural y dice que está vacío, miente. ¿Sabe por qué? Porque la agricultura, la ganadería y las cooperativas agroalimentarias han conseguido mantener vivos los pueblos de Andalucía. Le hablo con conocimiento de causa. Soy ganadero y vecino del Valle de Los Pedroches, una comarca cuya economía se mueve alrededor de una cooperativa agroalimentaria. Por tanto, si las administraciones no velan por mantener un modelo agroalimentario competitivo, profesionalizado, internacionalizado y plural como el nuestro, probablemente dentro de no mucho sí podamos decir aquello de la Andalucía vaciada. Andalucía ya ha perdido toda la industria que tenía y no se puede permitir perder la poca que le queda, que no es otra que la agroindustria. 

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