Dentro de las posibilidades que nos ofrece el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la función de fomento de la negociación colectiva ejercida por el CARL se abre a la exploración de niveles de negociación y sectores funcionales donde, bien por dificultades derivadas de la ausencia de organizaciones suficientemente representativas, bien por la inexistencia previa de convenios colectivos, sea deseable un marco convencional de regulación de las relaciones laborales. La geometría del marco de negociación colectiva en Andalucía es particularmente compleja por muchos factores relacionados con la estructura productiva de nuestra economía andaluza, por el tamaño medio de las empresas y por la dispersión de actividades entre provincias, por eso el CARL se afana en ofrecer a las organizaciones sindicales y empresariales todo tipo de herramientas para facilitar la acción negociadora allí donde ésta sea especialmente difícil.
Nuestro marco constitucional -artículo 37.1 CE- ampara una negociación colectiva con convenios de eficacia general o erga omnes, lo que nos distingue dentro de nuestro ámbito europeo, donde los convenios colectivos tienen eficacia meramente contractual -solo vinculan a las partes firmantes- e implica que en España la vinculación de empresas y trabajadores al convenio es independiente de la pertenencia por afiliación o asociación a las organizaciones firmantes. Aquí el convenio colectivo tiene eficacia normativa, es, en definitiva, ley, lo que tiene indudables ventajas en el plano de la seguridad jurídica de la regulación de las relaciones laborales y de la protección social.
De nuestro Informe Estadístico de Negociación Colectiva en Andalucía, elaborado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales al cierre de 2022, se obtienen datos significativos como que 92 convenios de sector se aplican a 154.549 empresas andaluzas que engloban a 839.103 personas trabajadoras, cifra que contrasta con la de convenios de empresa, donde 566 convenios de otras tantas empresas engloban a 68.769 personas trabajadoras. Los convenios interprovinciales de sector -que reclaman un impulso decidido- son 3 y agrupan a 408 empresas con 50.500 personas trabajadoras, siendo 23 las empresas andaluzas con convenio interprovincial que engloban a 5.142 trabajadores y trabajadoras. Por sectores de actividad y número de personas trabajadoras afectadas, destacan las actividades artísticas con un 17,97% del total de trabajadores, otros servicios con el 15,93%, el comercio con el 14,3%, las actividades administrativas con el 11.44%, la hostelería con el mismo porcentaje, y las industrias manufactureras con el 10,97%. A pesar del relevante peso de los convenios de sector, que agrupan y afectan a la mayoría de empresas y personas trabajadoras, puede hablarse de dispersión negocial, de atomización negocial y de escasa presencia de los convenios interprovinciales.
Es voluntad del CARL impulsar para 2023 un II Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva en Andalucía (2023-2025), con el objeto de mejorar en términos de modernización y adecuación a las nuevas realidades del tejido productivo andaluz, todo el proceso negociador, que consume enormes esfuerzos de las organizaciones empresariales y sindicales y también de la Administración Pública, para conseguir un incremento de la productividad empresarial y una mejora sustancial de los niveles de estabilidad y calidad del empleo. La vocación del CARL de apoyo permanente a las organizaciones sindicales y empresariales andaluzas es irrenunciable, convirtiendo de este modo a la Administración de la Junta de Andalucía en palanca de impulso a la insustituible labor económica y social que despliegan estas organizaciones en nuestro sistema de relaciones laborales.
Para ello, está previsto convocar durante 2023 a los protagonistas de nuestro sistema andaluz de negociación colectiva para concertar y acordar, dentro de este II Plan de Apoyo, una serie de medidas tendentes a impulsar de forma más sistemática y continua el programa de formación de personas negociadoras del CARL, tras las primeras experiencias positivas interrumpidas por la pandemia. Igualmente, se pretende apoyar la actualización de contenidos de los convenios colectivos a las nuevas realidades, al nuevo marco regulador tras la reforma laboral y a las actuales coyunturas macroeconómicas, mediante recomendaciones, clausulas tipo, buenas prácticas o informes y estudios específicos. También se impulsarán procesos ágiles con ocasión de la finalización de las vigencias de los convenios colectivos e inicio de nuevos procesos de negociación, estimulando la constitución de las comisiones negociadoras y propiciando actuaciones mediadoras y arbitrales para la resolución de discrepancias sobre legitimación negocial. De igual manera, se incorporará una estrategia específica a nivel andaluz a través de grupos de trabajo del Pleno del CARL que pueda apoyar el reforzamiento y mejora de las relaciones laborales en general y de la negociación colectiva en particular en las principales actividades productivas de nuestra comunidad autónoma: Comercio, Metal, Campo, Hostelería, Construcción, Transporte y Limpieza, sectores que subsumen en su negociación a más del 75% de empresas y personas trabajadoras en Andalucía.
Las realidades del tejido productivo se imponen siempre sobre las voluntades de sus agentes sociales y de la Administración, pero prueba de su permanente afán de desarrollo y mejora es el cierre de importantes procesos de negociación con el apoyo directo de servicios del CARL y del SERCLA durante el año acaba de finalizar. Destaquemos así, la aprobación de los convenios de limpieza de Córdoba, Málaga, Sevilla o Almería; de los convenios de transporte de viajeros de Sevilla, Granada, Almería y Cádiz y transporte de mercancías de esta última provincia; del convenio de la industria vinícola de Jerez y aceite en Jaén; de ambulancias de Málaga; campo de Jaén y de Huelva; de pastelerías y confiterías de Sevilla o metal de Huelva, entre otros a nivel sectorial; o convenios de empresa importantes como los de Santa Bárbara en Sevilla, Avanza en Málaga o Inagra en Granada.
Todo ello nos convence de manera definitiva para cerrar filas con nuestros agentes sociales y económicos en torno a un marco andaluz de negociación colectiva que impulse nuestra economía y sistema de relaciones laborales hasta el primer lugar entre las más potentes de España.
