La historia ha situado a Europa como el mayor fabricante de motores de combustión del planeta. En la década de los 90, Francia se convertía en el epicentro de la fabricación de vehículos diésel y hoy continúa albergando la planta más grande del mundo, en la localidad de Trémery.
Sin embargo, y a pesar de este arraigo, la Unión Europea es quien lidera actualmente la hoja de ruta más ambiciosa hacia la descarbonización de la movilidad, con una normativa mucho más restrictiva que la del resto de mercados competidores. China, el gigante asiático que controla la producción de baterías de litio, con una capacidad de producción tres veces superior a la planificada por el resto del mundo, ha fijado su límite de emisiones de CO2 de los vehículos, en 117 gramos por kilómetro recorrido.
Japón aumenta el límite de emisiones hasta los 122gr/km y mucho más laxa es la política de Estados Unidos en cuanto al control de los gases de efecto invernadero. Tras el abandono del Acuerdo de París en julio de 2017, la administración Trump estableció la línea roja en los 125gr/km. La Eurocámara ha planteado los objetivos más duros del mundo, tal y como desprende del paquete de medidas “Fit for 55” presentado recientemente y que supondrá el paso previo para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Con todas estas medidas, Europa pisa el acelerador de la transición energética pero, ¿estamos preparados? El sector transporte, y más concretamente la industria de la automoción, será un actor clave en esta transición. En Faconauto Canarias, somos conscientes del papel esencial que jugarán los concesionarios canarios en los próximos años. Este ha sido, entre otros muchos, uno de los objetivos fundamentales con los que nace la patronal canaria en 2019: liderar el debate de la movilidad en las islas, en este momento de cambio.
La nuestra es una patronal comprometida con los objetivos climáticos y que apuesta decididamente por una movilidad sostenible. Coincidimos plenamente en la necesidad de ser ambiciosos con el horizonte fijado para alcanzar la neutralidad climática en 2050 pero, al mismo tiempo, asistimos con preocupación a las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, anunciando la prohibición de vender vehículos de combustión a partir de 2035.
Nos preocupa el impacto que este anuncio tendrá a corto y medio plazo, en un sector ya de por sí muy debilitado por la crisis sanitaria. Los concesionarios cerraron 2020 con un desplome de las ventas del 50% y en lo que llevamos de año seguimos sin acercarnos a las cifras anteriores a la pandemia. A este contexto se suma la crisis de los microchips en fábricas, y la consiguiente falta de stock en la mayor parte de las redes de distribución; y por si fuera poco, en el último año ha aumentado significativamente la incertidumbre entre los consumidores respecto a qué tipo de tecnología de propulsión elegir a la hora de comprar un coche nuevo.
Precisamente porque este sector es clave para la competitividad empresarial y para garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos y que, en último término, deben ser libres para decidir qué opción se adecúa mejor a sus necesidades, es necesario que nuestros representantes públicos aporten certidumbre y seguridad a los consumidores.
El anuncio de Europa ahonda en la criminalización de las tecnologías de combustión sin tener en cuenta que éstas seguirán siendo muy importantes a lo largo de los próximos años para muchos ciudadanos que no pueden acceder a un vehículo eléctrico, hasta que se democraticen los precios, y especialmente para aquellos que no habitan en núcleos urbanos. A la espera de que se confirme la entrada en vigor de la normativa EURO 7, podemos afirmar sin ningún género de dudas, que los motores de combustión actuales, están cumpliendo con los objetivos climáticos que establece Europa. Los vehículos diésel o gasolina modernos, que hoy por hoy podemos adquirir en nuestro concesionario de confianza, son menos contaminantes, más eficientes y mucho más seguros que antaño.
Debemos avanzar hacia una movilidad libre de emisiones, sí, pero de forma segura y pausada, con la madurez necesaria para desarrollar de forma óptima las infraestructuras eléctricas que sustentarán el nuevo modelo energético. Y mientras el tiempo y la tecnología resuelvan las carencias detectadas, el objetivo a perseguir es la renovación de nuestro parque, sustituyendo aquellos vehículos más antiguos y más contaminantes. Canarias alberga el segundo parque automovilístico más antiguo de España, sólo por detrás de Ceuta y Melilla, con una antigüedad media de 13,8 años. Un parque que contamina y que además pone en riesgo la seguridad de conductores y peatones. Debemos dar salida a estos vehículos, achatarrando y reciclando, reduciendo con ello las emisiones de CO2. Urge ponderar de manera correcta la incidencia de las políticas sobre la industria de la automoción española y europea, así como sobre el conjunto de la cadena de valor, e insistimos en la necesidad de que el discurso político sea coherente y tranquilizador.
Debemos acompañar esta transición energética de medidas valientes por parte de nuestros gobernantes, en un sector que es tractor de la economía. En primer lugar, debemos defender la conveniencia de mantener el plazo fijado hasta el año 2040, a partir del cual, todos los vehículos nuevos serán de nulas emisiones, tal y como establece la Ley del Cambio Climático nacional, aprobada recientemente.
En segundo lugar, debemos acompasar el objetivo de “nulas emisiones” con el desarrollo de una infraestructura adecuada y con objetivos de penetración para todos los territorios de la UE, de forma singularizada en los territorios ultraperiféricos. Y en tercer lugar, implementar incentivos fiscales sobre el precio de la energía destinada a la carga de los vehículos eléctricos.
Faconauto Canarias ha hecho sus deberes y ya ha presentado al Gobierno de Canarias una propuesta “valiente” con la que se podrían llegar a sustituir o eliminar unos 11.000 vehículos en Canarias de más de 10 años. Un plan que ofrece subvenciones para la compra de cualquier coche nuevo, de gasolina, diésel o electrificado, es decir, sin discriminación tecnológica. Se trata de un propuesta bautizada como PASAC (Plan de Ayuda al Sector de la Automoción de Canarias), con un presupuesto de 38 millones de euros que se sumaría al plan nacional MOVES que, recordemos, sólo está
destinado a la compra de vehículos con etiqueta cero. Otras regiones han apostado sin complejos por este tipo de instrumentos, como el recién aprobado plan “Cambia 360” del Ayuntamiento de Madrid, que destinará 67,5 millones de euros para la renovación de su parque. Si la carrera hacia un mundo sin emisiones exige velocidad, debemos dar los pasos adecuados para ganar el sprint final.
Yara de León
Vicepresidenta ejecutiva de Faconauto Canarias
