La primera semana de este año se conoció el dato de que el número de perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2025 en España se había incrementado un 19% respecto del 2024, casi 400.000 beneficiarios más, lo que solo puede interpretarse en términos de crecimiento de la pobreza real en nuestra sociedad.
Desde su puesta en marcha en junio de 2020, el IMV se ha consolidado como una de las principales prestaciones no contributivas del sistema de protección social español y su diseño inicial como herramienta esencial para combatir la pobreza y la exclusión social ha mutado de manera significativa si lo ponemos en el contexto de nuestro mercado laboral. Según los datos oficiales más recientes, alrededor de 2,44 millones de personas se encontraban protegidas por el IMV a finales de 2025, con casi 800.000 hogares beneficiarios y una cuantía media de la prestación en torno a 483 euros mensuales por hogar. Cuesta entender que el gobierno se empeñe en decirnos todos los días que la economía española va como un tiro. Como un tiro en el pie, añadiría yo.
Este volumen de beneficiarios representa una proporción considerable de la población total en situación de vulnerabilidad, pero en términos relativos frente a la población activa y la población ocupada es más complejo realizar un cálculo directo porque las estadísticas públicas no siempre cruzan estos datos. No obstante, si tomamos como referencia que en 2023 España tenía más de 24 millones de personas activas en el mercado laboral, la cifra de 2,44 millones de perceptores de IMV equivaldría a cerca de un 10% de la población activa total, casi un 12% en relación con la población ocupada. Este dato indica que una parte significativa de la población en edad laboral y con empleo todavía recurre a ayudas de último recurso porque sus ingresos laborales no son suficientes para cubrir necesidades básicas, reflejando un reto persistente de precariedad y bajos ingresos laborales en ciertos segmentos del mercado laboral.
Al paisaje de este lienzo podemos añadirle otras figuras. En España las prestaciones no contributivas de jubilación o invalidez estás diseñadas para garantizar ingresos mínimos a personas que no han cubierto los requisitos contributivos por falta de cotizaciones suficientes a lo largo de su vida laboral. La relación de estas prestaciones con la población ocupada es relevante para entender la eficacia del mercado laboral y la protección social: cuando un número elevado de personas ocupadas necesita complementos no contributivos para alcanzar un nivel mínimo de ingresos, esto refleja que los ingresos por trabajo son insuficientes para cubrir estándares básicos. Aunque no existen cifras unificadas fácilmente accesibles sobre la proporción de perceptores de prestaciones no contributivas entre las personas ocupadas, distintos análisis sectoriales muestran que en algunas comunidades autónomas más del 50% de los beneficiarios de prestaciones asistenciales y no contributivas se relacionan con contextos de empleo precario o intermitente. Este fenómeno sugiere que la presión del trabajo por sí solo no garantiza la seguridad económica de amplios segmentos de la población, especialmente cuando los ingresos laborales son bajos o temporales, cuestiones ambas intrínsecamente ignoradas en las últimas reformas laborales que se han acometido en España.
Sumemos a este cuadro que los costes laborales y salariales en España han mostrado un aumento sostenido en la última década, aunque con ritmos relativamente moderados en comparación con otros países europeos. Los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa y estadísticas laborales indican que el salario medio bruto mensual ha pasado de aproximadamente 2.274 euros en 2019 a 2.520 euros en 2023, lo que supone un incremento acumulado de alrededor del 12,3% en cuatro años. El SMI ha experimentado una subida del 61% entre 2018 y 2025, confrontándose a un incremento de la inflación del 23%. Este crecimiento salarial, aunque positivo, ha sido inferior al que se registra en el conjunto de la Unión Europea. Además, los costes laborales totales —que incluyen no solo remuneraciones sino también cotizaciones sociales por parte de empleadores y empleados— han aumentado debido a incrementos de cotizaciones y ajustes en las bases mínimas de cotización, reflejando tendencias de consolidación que no tienen correspondencia con las pérdidas de poder adquisitivo.
Sin cifras oficiales homogéneas para los siete últimos años, el incremento de costes laborales en España puede considerarse sustancial, implicando mayores cargas para las empresas y mayores ingresos para la Seguridad Social, pero también un desafío para la competitividad en algunos sectores y para la mayoría de las empresas españolas, que son PYMES.
En comparación con la media de la Unión Europea, los salarios en España continúan estando por debajo del promedio comunitario. Para 2023, el salario medio bruto en España fue de 2.520 euros mensuales, frente a una media de aproximadamente 3.417 euros en la UE27. Esta brecha salarial sitúa a España significativamente por debajo de la media europea, evidenciando que los trabajadores españoles, en promedio, perciben remuneraciones inferiores en términos absolutos. Además, el crecimiento de los salarios netos en España ha sido menor que en varios países europeos, lo cual tiene impactos directos sobre el poder de compra real de los trabajadores.
El poder adquisitivo —ajustado por niveles de precios y capacidad de compra— también refleja una posición rezagada de España respecto al promedio europeo. Según indicadores de ingresos ajustados por poder de compra, España se sitúa por debajo de la media de la OCDE en ingresos netos ajustados por persona y por hogar, destacando que la renta disponible promedio ajustada en España es inferior a la media de países de nivel económico similar. Esta diferencia implica que, aunque nominalmente los salarios y beneficios puedan crecer, el nivel real de bienes y servicios que pueden adquirirse con esos ingresos es menor en España que en otras economías europeas, especialmente en contextos donde el coste de la vida —vivienda, servicios básicos— ha crecido rápidamente.
Dibujemos ahora en el cuadro la figura siempre inquietante de la presión fiscal — medida como ingresos fiscales totales en proporción al PIB— que en España ha sido tradicionalmente superior a la media de la OCDE y de muchos países europeos, aunque cercana a la media comunitaria si se comparan los países de la UE27. En 2023, el ratio impuestos/PIB en España fue del entorno del 37,3%, mientras que el promedio de la OCDE fue aproximadamente 33,9%. Esto sitúa a España en una posición de alta presión fiscal, lo que unido a los bajos salarios, tiene implicaciones sobre la competitividad económica y sobre la renta disponible de personas y empresas, financiando importantes partidas de gasto social, especialmente pensiones y prestaciones de protección social, y trasladando sobre la clase media de manera indisimulada desde 2018 el peso de la redistribución de la riqueza en España. Es decir, en contexto poblacional, somos todos más pobres porque el Estado es voraz con las rentas medias y altas, que sostienen el grueso de las aportaciones sociales y fiscales para el mantenimiento de un sistema de protección social sobredimensionado que desincentiva el trabajo con una presión de costes insostenible para las clases productivas.
Y que no falten en este jardín de las delicias los problemas siempre ignorados y preteridos de la inversión de la pirámide demográfica. El envejecimiento demográfico en España ha elevado el número de pensionistas jubilados, y las comparativas demográficas muestran que una proporción significativa de la población adulta mayor recibe prestaciones de jubilación. Según un módulo específico de la Encuesta de Población Activa, en el grupo de edad entre 50 y 74 años, 24,2% de las personas recibían algún tipo de pensión (incluida jubilación) en 2023. Si contemplamos todo el espectro de edad jubilada (65-74 años), la proporción se dispara (el 67,2% de ese grupo de edad). Aunque no existe un dato anual oficial que divida directamente el número de pensionistas respecto al total de población activa, los datos disponibles señalan que la población pensionista es un segmento demográfico creciente, con una relación creciente entre quienes reciben pensiones y quienes están en edad y activo laboral, en gran parte debido al aumento de la esperanza de vida y a la jubilación de cohortes grandes como los baby boomers.
Añadamos a esto que existe cierto interés en determinadas esferas políticas y mediáticas en confrontar a los jóvenes en situación de precariedad salarial y habitacional con sus padres y abuelos, señalándolos como responsables directos de una situación injusta que en absoluto han provocado. Si los salarios son bajos, la culpa no es de quien percibe la prestación de jubilación que por ley le corresponde. Si no hay vivenda adsequible, la culpa no es del pequeño propietario. Este desplazamiento de responsabilidades sobre determinados colectivos -un etiquetado inculpatorio en toda regla- es extremadamente peligroso en un Estado de derecho serio y en una economía de mercado consolidada, pero no parece que España sea ninguna de ambas cosas en este momento.
Los datos del sistema de pensiones español indican que el valor medio de una pensión contributiva se sitúa en torno a 1.370 euros mensuales para las pensiones de jubilación, aunque esto puede variar según casos individuales y otros tipos de pensiones (viudedad, incapacidad, etc.). Comparado con el salario medio bruto en España de 2.385 en 2025, la prestación media de jubilación representa aproximadamente 54% del salario medio, siendo la pensión máxima del sistema 3.267 euros. Este ratio de sustitución es consistente con muchas economías europeas que sitúan la pensión compensada en torno al 50–60% del salario promedio, aunque varía sustancialmente según países y cohortes. Es obvio que desde hace muchos años el Pacto de Toledo está reclamando una verdadera puesta al día que despeje las dudas sobre la viabilidad futura del sistema de pensiones, viabilidad que pasa por una mejora sustancial de los salarios que solo vendrá en un contexto de favorecimiento de la actividad económica mediante la reducción drástica de impuestos y de costes laborales.
