En la primera semana de marzo de 2023, el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión, que tiene entre otros objetivos, cumplir con las directrices de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para garantizar a las mujeres las mismas oportunidades que los hombres en el empleo, el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los niveles. Lo ha hecho en medio de una crisis política, institucional y jurisdiccional derivada de los efectos aplicativos en el marco del derecho penitenciario de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida en los medios de comunicación como la ley del “sólo sí es sí”.
Esta coincidencia de eventos de naturaleza política, que no nos parece casual, nos mueve a realizar algunas reflexiones sobre un tema recurrente desde la década de los setenta del siglo pasado en la epistemología jurídica, la crítica al uso alternativo del derecho, esto es, al debate entre las tesis anglosajonas clásicas según las cuales los derechos fundamentales constituyen límites absolutos para el ejercicio del poder político, o la tesis constitucionalista francesa, según la cual los derechos humanos constituyen un programa de gobierno. Este es el debate real de tintes desorbitados que puede adquirir la aplicación apresurada de esta Ley en la parrilla informativa, y conducir a exacerbados debates estériles.
El Anteproyecto de Ley Orgánica pretende transponer, aunque no es ésta su única finalidad, la Directiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 2022, relativa a un mejor equilibrio de género entre los administrado- res de las sociedades cotizadas y medidas conexas, con lo que España adquiriría una posición adelantada a la hora de incorporar a su ordenamiento las normas y recomendaciones internacionales relativas a la igualdad de género teniendo en cuenta que el plazo de transposición de la Directiva no finaliza hasta 2026. La cuestión es si están justificadas las prisas -apenas cuatro meses tras su aprobación- especialmente bajo condicionantes de tipo político electoral, en un tema tan sensible y de tanta trascendencia como el que trata la Directiva. Este enfoque de política de igualdad es tan sumamente sensible que debería ser objeto de una reflexión profunda por sus múltiples implicaciones en nuestro singular mercado de trabajo donde los techos de cristal son abundantes en buena parte de los sectores más productivos de nuestra economía. ¿No sería mejor centrar los esfuerzos en remover de manera efectiva esos techos de cristal antes de imponer apresuradamente una promoción forzada de consecuencias lesivas para las mujeres como género subrepresentado?
Como declara el propio gobierno, la nueva norma busca garantizar la representación efectiva de las mujeres en el ámbito político, por lo que va más allá del ámbito técnico que circunscribe la Directiva. Sin duda alguna esto es necesario, imprescindible. Para ello, modifica la legislación electoral con el fin de establecer la obligatoriedad de las listas cremallera (candidaturas integradas por personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alternativa) en las elecciones de miembros del Congreso, Senado, Parlamento Europeo, asambleas autonómicas, municipios, consejos insulares y cabildos insulares. Consideramos esencial este mecanismo de reparto de puestos representativos, pero dudamos mucho que a las alturas de 2023 la Ley Orgánica pueda aprobarse sin poderosas disposiciones transitorias que permitan las adecuaciones necesarias a las situaciones reales de infrarrepresentación de las mujeres en municipios, consejos y cabildos. Aquí surge el debate y crítica al uso alternativo del derecho. ¿Se han creado previamente las condiciones efectivas que permitan que las mujeres estén en disposición de formar parte de la cremallera electoral? Nos tememos que falta aún un largo camino por recorrer, lamentablemente, para conseguir este objetivo.
El Anteproyecto traslada al máximo órgano ejecutivo del Estado, el Consejo de Ministros, el principio de representación equilibrada, consistente en que ningún sexo debe tener una presencia inferior al 40% de los puestos en dicho órgano. Este principio se aplicará a la hora de nombrar a las personas titulares de las vicepresidencias y de los ministerios. En el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos (por ejemplo, las secretarías de Estado, las subsecretarías y las direcciones generales) de cada ministerio deberán incorporar también este principio en los próximos cinco años. La obligación se extenderá a todas las entidades del sector público estatal. Esta propuesta no parece de especial dificultad, si tenemos en cuenta que el número de órganos es limitado y que en la actualidad existen incluso Administraciones con subrepresentación de hombres.
Los problemas se presentarán, sin duda, cuando constatemos que aún no se han alcanzado en los ámbitos de la sociedad civil los estándares de paridad que serían deseables antes de una aplicación inmediata de la Ley. El anteproyecto de ley incorpora el mencionado principio de representación equilibrada a distintos ámbitos de la sociedad civil, especialmente el empresarial. Actualmente, la presencia de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas en España se sitúa en el 29,3% (357 consejeras de un total de 1.220), y se limita al 19,6% en el caso de la alta dirección (excluidas altas directivas consejeras). Si no se establecen medidas materiales tangibles para revertir estos porcentajes, a través de una promoción real y efectiva de las carreras profesionales de las mujeres, alcanzaremos objetivos alternativos de derecho con la aplicación de esta ley, siempre que no puedan encontrarse mujeres suficientemente cualificadas para alcanzar los porcentajes legalmente establecidos. Y esto perjudicará exclusivamente a las mujeres como colectivo subrepresentado.
Esto es lo que ocurrirá en el caso de los consejos de administración de las sociedades cotizadas y de las entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores o una cifra de negocios de más de 50M€ o un activo superior a 43M€, pues deberán tener una composición acorde con este principio, de modo que el número de mujeres no podrá ser inferior al 40% del total de los miembros del consejo. Para lograrlo, deberán adaptarse los procesos de selección para asegurar el cumplimiento de esta disposición, debiendo, en caso de empate entre varios candidatos, elegir al del sexo menos representado en el consejo. Las sanciones graves a estas sociedades no serán el camino para resolver el problema. Y lo mismo sucederá con las juntas de gobierno de los colegios profesionales, que además deberán incluir en su memoria anual el número de miembros desglosados por sexo y, en caso de no alcanzar el porcentaje establecido, aclarar los motivos y las medidas adoptadas para alcanzarlo, lo que alcanzará tribunales, jurados y órganos colegiados constituidos para otorgar premios o condecoraciones de la Administración General del Estado o entidades integrantes del sector público institucional estatal o cuando sean presididos por representantes de aquellas.
En definitiva, habría que haber trabajado mucho más para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres en todos estos ámbitos de aplicación de la Ley, antes de pretender colgarnos la medalla de ser los primeros en transponer una esencial Directiva comunitaria que podría verse frustrada en sus fines esenciales e imprescindibles por hacer indebido uso alternativo del derecho. Y, mucho nos tememos, serán las mujeres como colectivo en los distintos ámbitos productivos e institucionales las que paguen reputacionalmente estas prisas electoralistas.
