El apoyo a las empresas de transporte será clave para el desarrollo de la Andalucía rural en la lucha contra la despoblación
La multicrisis que nos asola desde que estalló el Covid-19 y la guerra de Ucrania, obliga a adaptarnos a la realidad y a conformarnos con las medidas aprobadas por el Gobierno de España, muchas de las cuales se han adoptado de manera unilateral y sin consenso y las menos, fruto de la negociación con determinados sectores económicos y sociales afectados.
En este artículo voy a detenerme en la coyuntura en que se encuentra el sector del transporte público de viajeros por carretera, sin lugar a dudas uno de los más perjudicados, y su incidencia en el desarrollo socio-económico de la Andalucía rural.
La movilidad es parte esencial de la vida de todos los seres humanos, con independencia de su condición social, lugar de residencia o de ser propietario de un vehículo privado. Es un Derecho Fundamental consagrado en el artículo 19 de nuestra Constitución, que no solo hemos de proteger, sino desarrollar y mejorar.
El tren y el autobús nunca deben competir, sino alimentarse mutuamente en beneficio de ambos. Sólo la integración de la oferta ferroviaria, del autobús y del transporte a la demanda, permitirá crear alternativas de movilidad atractivas al coche privado, también en las zonas rurales.
AMSIR (Alianza por la Movilidad Sostenible y la Innovación Rural), fue fundada por asociaciones, federaciones, operadores de transporte por carretera, de movilidad a la de- manda y ferroviarios, empresas consultoras, instituciones académicas y compañías tecno- lógicas que representan unas 300 empresas e instituciones relacionadas con el transporte público de toda España, en su inmensa mayoría PYMES con arraigo en el territorio al que dan servicio. Para evitar el colapso de los operadores y garantizar la continuidad del transporte público, reivindica medidas urgentes como la reducción de los impuestos sobre los combustibles y la energía, un nuevo modelo fiscal y de financiación del transporte público, especialmente en las zonas rurales que haga innecesario el uso de los vehículos privados, y el impulso de nuevos modelos de transporte colectivo, como el Transporte a la Demanda (TAD), que las nuevas tecnologías están haciendo posible.
En las zonas rurales existe un mayor riesgo de que no se respete el derecho fundamental a una movilidad sostenible e innovadora. Por esta razón, las zonas no-metropolitanas constituyen un pilar estratégico para revertir el abandono que han sufrido muchos de los territorios menos poblados y así contribuir a la lucha contra la despoblación.
Cada vez somos más conscientes que esa lucha contra la despoblación debe contemplar las medidas que las distintas plataformas reivindicativas de la llamada “España Vaciada” ponen encima de la mesa. Se denuncian las carencias del mundo rural y la necesidad de vertebrar el territorio, para evitar el aislamiento y conseguir el reequilibrio territorial. Para ello, estas plataformas proponen el denominado “Plan 100/30/30”, que considera imprescindible que todos los pueblos dispongan de internet a una velocidad mínima de 100 MB simétricos, estén a un máximo de 30 minutos de viaje para el acceso a servicios básicos y a una distancia no superior a los 30 kilómetros para el acceso a una vía de alta capacidad.
Y aquí es donde las empresas de transporte de viajeros por carretera deben jugar un papel esencial y determinante, puesto que la revitalización de la Andalucía rural depende en gran medida de arbitrar un fácil y cómodo sistema de traslado de las personas desde el pueblo a la ciudad y desde la ciudad al pueblo.
Si queremos que la Andalucía rural prospere, debemos hacer atractivo vivir y residir en los pueblos andaluces. Para ello es imprescindible mejorar el hábitat rural y que los jóvenes puedan desplazarse diaria y fácilmente a las universidades y facultades de la capital y regresar a su pueblo de residencia en no más de una hora. Hacer atrayente la vida en el pueblo, requiere dotar a los municipios de unos centros de salud eficientes; garantizar una educación primaria y secundaria provechosa con maestros y profesores vocacionales y entusiastas; disponer de un acceso potente y fiable a internet; facilitar el desarrollo de negocios relacionados con el ocio y la diversión; invertir recursos públicos en la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio cultural y monumental que potencie el turismo etnológico; adecentar nuestras rutas de senderismo y vías pecuarias; difundir la gastronomía autóctona; desarrollar polígonos industriales donde los autónomos y PYMES puedan desplegar todo su potencial; invertir en la mejora de las carreteras comarcales y secundarias y sobre todo, compatibilizar todas estas propuestas con medidas sostenibles que preserven el medio ambiente, esencia de la naturaleza rural.
Para todo ello, las distintas administraciones deben implementar las medidas necesarias encaminadas a la revitalización del mundo rural. A este fin, el sector del transporte de viajeros por carretera ha de desempeñar un papel esencial, para lo cual es merecedor de ayudas públicas que lo hagan competitivo y económicamente sostenible. Entre estas medidas hay que reconocer las aprobadas por el gobierno de la Junta de Andalucía entre otras, con la Orden de 20 abril 2022, que convoca subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico y social que ha sufrido el sector del transporte discrecional de viajeros por carretera. Esta convocatoria, que cuenta con un montante global de 5,9 millones de euros financiados a través del programa operativo Feder, está dirigida a autónomos, pymes y cooperativas con hasta 1.700 euros de ayuda por cada vehículo destinado a la prestación del servicio de transporte público. Las subvenciones se destinarán a sufragar gastos de personal, suministros, alquileres, seguros, mantenimiento y reparación, seguridad, asesoría o medidas protectoras frente a la pandemia.
En definitiva, la cohesión social de la Andalucía rural y su proyección para asegurar la estabilidad poblacional, depende en gran medida de un sector del transporte público de viajeros potente, garantizado por la coexistencia de empresas privadas que aglutinen eficazmente el desarrollo de la actividad.
