Sobre la simplificación administrativa que modifica 80 normas y que fue aprobado por el Parlamento andaluz con los votos de PP, Ciudadanos y Vox
El PSOE-A está preparando presentar un recurso al Tribunal Constitucional (TC) contra el decreto-ley de la Junta sobre la simplificación administrativa que modifica 80 normas y que fue aprobado por el Parlamento andaluz con los votos de PP, Ciudadanos y Vox.
El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha confirmado en rueda de prensa que su partido tiene ya un primer informe jurídico que “avala” que el decreto-ley es susceptible de ser recurrido.
Los socialistas analizan si es suficiente este informe o si necesitan un informe adicional, aunque Espadas ha dejado claro que la intención de su partido es presentar el recurso al TC si hay posibilidades de que prospere.
“Consideramos que hay una falta de garantías fundamentales en la tramitación del mismo, de un decreto exprés que debería haber sido objeto de una negociación y ser tramitado como proyecto de ley en el Parlamento”, ha esgrimido.
En su opinión, en el texto del decreto-ley, una de las medidas estrella del Gobierno andaluz para impulsar la reactivación económica, hay cuestiones de fondo que “son inaceptables, no solo en términos políticos en garantías de derechos para los andaluces”.
Espadas ha aclarado, no obstante, que para tomar la decisión de recurrir al Constitucional esta norma su partido debe tener argumentos jurídicos “de peso para plantear esta vía”.
Según el Gobierno andaluz, con esta nueva ley se reducirá la burocracia con 330 actuaciones enfocadas en materia de simplificación administrativa, mejora de la regulación o derogaciones normativas.
El decreto afecta a 33 materias (medio ambiente, turismo, educación, agricultura, pesca, patrimonio histórico, vivienda, puertos, energía, fondos europeos, salud, colegios profesionales, fundaciones, transportes o urbanismo, entre otras) y supone la modificación de 80 normas entre leyes, decretos leyes, decretos u órdenes, incluyendo diversas derogaciones normativas.
