Una de las funciones legales básicas del CARL consiste en favorecer los procesos de negociación colectiva en los distintos sectores productivos de Andalucía. Para ello, dentro del estricto respeto a la autonomía colectiva de las partes negociadoras, disponemos de distintas herramientas que son puestas a disposición de las mesas de negociación, bien directamente a través del Consejo, bien a través del SERCLA, cuya gestión técnica nos corresponde. Señaladamente son los servicios de presidencia de convenios colectivos, de asistencia técnica a los negociadores, o los equipos de mediación SERCLA en caso de conflictos derivados de la aplicación o la interpretación de los convenios. Junto a estas intervenciones técnicas, el CARL ha elaborado en el seno de su Comisión Permanente unas Recomendaciones y Cláusulas Tipo para la negociación colectiva de Andalucía que, sumadas a las Guías de Negociación Colectiva redactadas por la Cátedra UNIA/CARL de Negociación Colectiva y Relaciones Laborales de Andalucía, constituyen un acervo documental imprescindible para la puesta en marcha de procesos de negociación colectiva de calidad.
El sector agrícola, ganadero y pesquero andaluz, así como el de la industria agroalimentaria, cuentan actualmente con 17 convenios colectivos de sector en sus distintas provincias, lo que supone un 14,29% del total de convenios de sector en Andalucía, que incluyen al 12,13% de las personas trabajadoras, existiendo también un convenio sectorial de acuicultura marina de Andalucía que está pendiente de ponerse al día. Es muy dispar entre provincias el número de empresas y trabajadores incluidos en estos convenios, destacando Almería, Córdoba o Jaén como provincias con más empresas y trabajadores afectados, frente a Cádiz o Huelva donde el impacto cuantitativo es menor. Uno de los primeros encargos que recibimos de la Consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en noviembre de 2022 fue el de impulsar la negociación del convenio colectivo del campo de Granada, que llevaba bloqueado al menos cinco años y que se pudo desbloquear en 2023 con la asistencia técnica del CARL. El convenio de Almería también ha salido adelante tras varios años de bloqueo, aunque la asistencia técnica que propusimos no fue finalmente necesaria. Estas son las buenas noticias que nos gusta dar desde el Consejo.
El nivel sectorial provincial es clave en el desarrollo de la negociación colectiva en el campo. En la provincia de Sevilla el convenio de faenas agrícolas, forestales y ganaderas extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, siendo su última inscripción una revisión de las tablas salarias para el año 2025, lo que suele ser común en convenios de otras provincias. El peso del sector en la provincia es notable con más de 20.000 empresas y 125.000 trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación. En la provincia de Málaga, se ha registrado y publicado el convenio colectivo del programa de fomento de empleo agrario con fecha de extensión hasta el 31 de diciembre de 2028, un convenio que viene a desarrollar y aplicar las estipulaciones del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, que regula la afectación de créditos al Programa de Fomento de Empleo Agrario para propiciar el acceso al empleo de trabajadores agrarios a través de un conjunto de actuaciones de información y orientación profesional, formación, participación en planes de empleo público, etc, desarrolladas en forma de itinerario de inserción en el mercado de trabajo. El convenio colectivo de actividades agropecuarias de la provincia ha tenido distintas modificaciones que extienden su vigencia hasta finales de 2025, momento en el que habrá que plantear la renegociación del nuevo convenio.
En la provincia de Granada, junto al mencionado convenio de actividades agropecuarias con vigencia hasta 2025, se encuentra registrado y publicado el convenio colectivo del sector de Agua para Riegos, cuya prórroga automática llega hasta diciembre de 2025. En otras provincias, como es el caso de Jaén, las actividades de riego se incluyen dentro del convenio de actividades agropecuarias, que como en el caso de esta provincia, ha subsumido a los convenios de recolección del espárrago y el de producción de plantas vivas y su venta, teniendo vigencia hasta septiembre de 2026. En esta provincia hemos constatado recientemente la situación de bloqueo en que se encuentra el convenio de la industria del aceite y sus derivados, sector al que hemos ofrecido nuestros servicios de asistencia técnica. En Córdoba, por su parte, el sector cuenta con un convenio del campo cuya vigencia llega hasta diciembre de 2026, afectando a más de 8.000 empresas y 70.000 trabajadores.
Cádiz suele presentar una situación de amplia diversidad en los distintos convenios sectoriales que se encuentran en vigor o en situación de ultraactividad, así como situaciones recurrentes de bloqueo. Con extensión hasta diciembre de 2025 se encuentran dos convenios colectivos fundamentales en la provincia como son el de viticultura, cuyo ámbito funcional son las faenas en las viñas, y el de la industria almadrabera. Por el contrario, el de industrias vinícolas, se encuentra en un punto próximo a la resolución de su proceso de negociación, cuyo cierre esperamos se produzca en breve. Por su parte el convenio del campo de la provincia se encuentra en situación de ultraactividad, habiéndose producido un acuerdo de mediación SERCLA en 2020 sobre la aplicación del SMI legal sobre las tablas salariales del convenio, lo que requiriría una pronta reactivación de la mesa de negociación del convenio. Por su parte, el convenio de la pesca de Sanlúcar de Barrameda, se encuentra si actividad registrada desde hace más de una década.
En la provincia de Huelva, el convenio de actividades agropecuarias extiende su vigencia hasta finales de 2025, constituyendo una buena noticia que el convenio de salazones se haya por fin desbloqueado en este mismo año. Por lo que se refiere a la provincia de Almería, el convenio de manipulado y envasado de frutas, hortalizas y flores, extiende su vigencia hasta diciembre de 2025, y habrá que renegociarlo en breve porque tiene una extensión de siete años, mientras que el de actividades agropecuarias, que ya hemos mencionado, extenderá su vigencia hasta diciembre de 2026. Téngase en cuenta que el sector agrícola en esta provincia agrupa al colectivo de trabajadores más numeroso por sectores de producción, un total de 82.229 y al mayor número de empresas de la provincia, 11.131.
