El cambio climático es una realidad. La sequía es un rasgo recurrente del clima que se caracteriza por la escasez temporal de agua en relación al suministro normal en un período de tiempo dado (pueden afectar regiones durante semanas, meses o años) pudiendo causar graves impactos en el medio ambiente, la sociedad y la economía.
Es importante destacar que, por la naturaleza misma del fenómeno, no existe una respuesta única y definitiva a la pregunta: ¿Cuál es el impacto económico de una sequía? Los impactos totales y sectoriales dependerán de la cuantía de la reducción en la disponibilidad de agua, así como de las condiciones económicas tanto estructurales como coyunturales. El Gobierno andaluz, en su recientemente constituido Comité de Expertos frente a la Sequía, al estilo del que emanó para la gestión del COVID-19, hablaba de un impacto del 25% sobre el PIB andaluz, como mera suma de las aportaciones al mismo del total del Turismo (un 14% aprox.) y de la Agricultura (que supera el 5%).
Se estima que la sequía y la ola de calor generalizadas en Europa de 2003 costaron casi 15.000 millones de euros, el segundo evento climático más costoso sufrido por los estados miembros de la UE hasta la fecha (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2019). Los efectos de este fenómeno natural pueden ser directos y/o indirectos. Los primeros serían aquellos específicos del sector con cambios en la producción, el valor agregado o el empleo centrados en actividades que utilizan el agua como una parte crítica o importante de su proceso de producción, como el suministro público de agua, la agricultura o el suministro de electricidad. Los segundos vendrían derivados de los primeros, es decir, una reducción en el suministro podría afectar a la productividad de una empresa y, por tanto, al flujo de bienes y servicios a través de interconexiones sectoriales y cadenas de suministro. Las sequías severas afectarán la demanda de bienes y servicios de los hogares.
El cambio climático es una realidad. La Comisión Europea tratará de adaptar las políticas de la UE en materia de clima, energía, transporte y fiscalidad con el fin de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí a 2030 (Pacto Verde Europeo, 2019). En definitiva, dado que el agua es un recurso natural vital para la vida su escasez es un problema bastante severo. Por ello, de acuerdo con el portal ambiental de Andalucía (Junta de Andalucía, 2022) las sequías constituyen un riesgo de primera magnitud en Andalucía. La Red de Información Ambiental de Andalucía (Rediam) perteneciente a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía elabora informes mensuales para apreciar la incidencia de la sequía por comarcas agrarias a partir del estudio conjunto de la precipitación y el estrés de la vegetación, y se establecen previsiones sobre la persistencia del fenómeno en los próximos meses. La participación pública es uno de los principios rectores que rigen las actuaciones derivadas de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. Por ello, la ley define dos órganos de participación en materia de cambio climático: la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, y el Consejo Andaluz del Clima. Ambas Comisiones trabajan en la lucha frente al cambio climático.
En la Universidad Loyola Andalucía, junto con las profesoras Beltrán y Villegas, hemos querido tener una primera aproximación cuantitativa y realista de lo que estamos hablando. De acuerdo con nuestro análisis – a partir de modelización multisectorial lineal- obtenemos que el impacto en la economía andaluza de una sequía del 60% sería de alrededor del 7% tanto en términos de ingresos como en términos de PIB. Si bien es cierto que el Plan SOS de la Junta de Andalucía, bien ejecutado, conseguiría reducir casi a la mitad. Los embalses se encuentran a una capacidad del 23% lo que supondría una caída de 6,3% en términos de ingresos y de 7,3% en términos de PIB.
Para intentar paliar las consecuencias la Junta de Andalucía ha anunciado el Plan SOS que distribuirá 4.000 millones de euros en 8 ejes. Gracias a esta inyección monetaria, se conseguirá una mejora de los sectores más afectados como, por ejemplo, la agricultura pasando de un 52% de caída de ingresos a un 29%. La caída en términos de PIB también mejoraría y sería de un 3,9% (3,2% en ingresos).
Todo esto, como es habitual, teniendo el resto de los factores que pueden afectar a nuestra comunidad autónoma constante y sin otro tipo de sobresalto. Y esto no es garantizable, desgraciadamente. Está claro que hay que anticiparse, pero no basta con hacerlo en el momento de la crisis. Hay que prever estas situaciones cíclicas con una planificación a largo plazo.
