Analizar la aparente paradoja de la desconexión entre PIB y las rentas laborales está siendo objeto de esfuerzos variados por parte de los agentes económicos y sociales en España y en Andalucía. El crecimiento económico es habitualmente interpretado como un indicador de mejora del bienestar social. Sin embargo, en el caso español, el aumento del Producto Interior Bruto (PIB) en los últimos años no se ha traducido en un incremento proporcional del poder adquisitivo de los trabajadores. La expansión del PIB real entre 2021 y 2024, cercana al 12,9 %, contrasta con el estancamiento o incluso retroceso de los salarios reales durante el mismo periodo.
A partir del análisis de dos aportaciones recientes en la prensa económica —Rafael Myro (septiembre 2025), “Algunas razones del reducido aumento de los salarios reales en España”, y Manuel Alejandro Hidalgo (octubre 2025), “El crecimiento económico español: ¿por qué no lo sentimos en nuestros bolsillos?”—, nos planteamos por qué el aumento del PIB español no se refleja en los salarios reales. La hipótesis central es que el crecimiento español reciente ha sido esencialmente extensivo y desequilibrado: más orientado a la creación de empleo y a la preservación de la rentabilidad del capital que al aumento de la productividad y de las remuneraciones.
El punto de partida es la constatación empírica del crecimiento económico español entre 2021 y 2024. Según Hidalgo (2025), el PIB aumentó un 12,9 % en términos reales, impulsado en un 6,5 % por la mejora de la eficiencia, en un 4,6 % por el incremento del empleo y apenas en un 1,6 % por la acumulación de capital físico. Este patrón revela que la expansión reciente se ha basado más en el aprovechamiento del capital existente y en la incorporación de nuevos trabajadores que en la inversión productiva o tecnológica. La cuestión decisiva, sin embargo, es cómo se ha distribuido ese crecimiento. De los 12,9 puntos porcentuales de incremento del PIB, solo 10,8 se tradujeron en renta nacional neta (la parte realmente distribuible entre los factores productivos). De ellos, 6,3 puntos correspondieron al excedente bruto de explotación y renta mixta —esto es, a los beneficios empresariales y rentas de autónomos—, mientras que 5,1 puntos se destinaron a la remuneración de asalariados. El reparto, aparentemente equilibrado, encubre una asimetría: el capital aportó solo un 1,6 % al crecimiento del PIB, pero captó más de la mitad del aumento de la renta nacional, lo que implica una elevación de su rentabilidad relativa.
Desde una perspectiva de largo plazo, Myro (2025) muestra que la raíz del problema se encuentra en la débil evolución de la productividad del trabajo. Entre 1990 y 2024, el salario nominal por trabajador creció a un ritmo similar al de otras economías europeas, pero el salario real avanzó mucho menos debido a un incremento de precios más elevado y a un menor crecimiento de la productividad. Como consecuencia, el coste laboral real unitario —indicador que mide el peso de los salarios en el valor añadido— se redujo de forma sostenida desde comienzos del siglo XXI. En otras palabras, el trabajo ha perdido participación en el reparto de la riqueza generada.
Durante los años de la burbuja inmobiliaria (2000-2007), los salarios aumentaron con fuerza, pero la productividad se estancó. Se trató de un crecimiento basado en la expansión del crédito y el empleo en sectores de bajo valor añadido, no en la innovación ni en la eficiencia. Tras la crisis de 2008, la productividad del trabajo creció ligeramente, pero los salarios reales se estancaron por el alto desempleo y la moderación salarial derivada de la reforma laboral de 2012. Así, el vínculo clásico entre productividad y remuneraciones se debilitó de manera estructural. Hidalgo (2025) confirma que esta tendencia persiste en el ciclo reciente. Aunque el número de asalariados aumentó, el salario real por trabajador cayó un 0,8 %, y el salario por hora descendió un 0,6 %. La masa salarial creció, pero no porque los trabajadores ganaran más, sino porque había más personas empleadas. El crecimiento español ha sido, por tanto, extensivo —basado en el volumen de empleo— y no intensivo —fundado en productividad y salarios—.
La evolución de los beneficios empresariales es otro elemento clave para entender la brecha entre PIB y salarios. Myro destaca que la rentabilidad bruta de las empresas españolas ha sido igual o superior a la de sus homólogas europeas durante la mayor parte del periodo analizado, incluso en fases de salarios y precios elevados, como durante la expansión inmobiliaria. Esta rentabilidad elevada refleja la capacidad del capital para mantener su tasa de beneficio aun en contextos de escasa productividad del trabajo. En parte, ello se explica por la necesidad de destinar una fracción creciente del valor añadido a remunerar el capital físico y financiero, dada su menor productividad y los mayores costes de financiación en España. Pero también responde a una dinámica institucional: la ausencia de una política industrial coherente y la debilidad de la negociación colectiva. El resultado es un modelo en el que la rentabilidad empresarial se preserva incluso a costa de los salarios reales. El mantenimiento de este equilibrio desigual puede tener implicaciones de largo alcance. Por un lado, restringe el margen para elevar las retribuciones sin reducir beneficios. Por otro, desincentiva la inversión en innovación y capital humano, pues el capital obtiene rentabilidad suficiente sin necesidad de aumentar la productividad. De este modo, se perpetúa un círculo vicioso: baja productividad, salarios contenidos y beneficios sostenidos.
La desconexión entre crecimiento y salarios tiene también una dimensión coyuntural. Hidalgo señala que los shocks recientes —pandemia, guerra de Ucrania, encarecimiento de la energía y de las materias primas— provocaron un aumento de los precios relativos de las importaciones que erosionó el poder adquisitivo. Incluso con aumentos nominales, los salarios reales se redujeron. A su vez, la reducción de las horas trabajadas por empleado agravó el efecto. Sin embargo, más allá de estos factores transitorios, subsisten causas estructurales. Entre ellas, la baja inversión en capital intangible (tecnología, digitalización, formación), la especialización productiva en sectores de escaso valor añadido y la insuficiente articulación de la negociación colectiva como mecanismo de distribución de la productividad. Como advierte Myro, sin un impulso decidido a la innovación y al capital humano, las empresas españolas no podrán aumentar su productividad ni, por tanto, mejorar de manera sostenida los salarios reales. En medio de esta situación, se plantea la problemática generada por el debate de reducción de la jornada de trabajo al margen del diálogo social.
La solución a esta paradoja pasa por redefinir la estrategia de crecimiento. Myro propone una política industrial activa que promueva la innovación tecnológica y la formación, y una negociación colectiva más vigorosa que vincule el aumento de los salarios a las mejoras de productividad sectorial. Hidalgo, por su parte, subraya la importancia de consolidar un crecimiento intensivo en eficiencia, que permita que los incrementos nominales de los salarios se traduzcan en aumentos reales de poder adquisitivo. Ambos coinciden en que el futuro dependerá de la capacidad de las empresas para transformar su estructura productiva y de la acción coordinada de las políticas públicas. Un marco de incentivos a la inversión en I+D, la promoción del capital humano y la mejora del diálogo social son condiciones indispensables para que el crecimiento económico deje de ser un fenómeno macroeconómico desconectado del bienestar de los hogares.
El papel que nos cumple desarrollar en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales consiste precisamente en fortalecer la negociación colectiva en sus distintos niveles, habida cuenta de la importancia y trascendencia que en los actuales contextos de retos tecnológicos, ecológicos y demográficos tiene la consecución de acuerdos que mejoren la productividad, la seguridad jurídica, la eficiencia de las inversiones, y la mejora de las retribuciones y condiciones de trabajo.
