"La vivienda es uno de los grandes retos de nuestra sociedad y debe ser una prioridad de cualquier Gobierno"
Rocío Díaz, Consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación Territorial de la Junta de Andalucía
El Gobierno andaluz ha decidido convertir Vivienda en una consejería propia, separándola de Fomento. ¿Qué significa en la práctica esta decisión? ¿Supone que la vivienda va a tener más peso político y presupuestario?
Es una decisión que demuestra que la vivienda es una prioridad para el Gobierno de Juanma Moreno. Y no partimos de cero. En estos años hemos puesto en marcha o entregado más de 18.300 viviendas protegidas y hemos destinado más de 2.200 millones de euros a políticas de vivienda.
Ahora damos un paso más, concentrando esfuerzos, recursos y herramientas en una Consejería específica para afrontar uno de los grandes retos que tenemos por delante.
Nuestro objetivo es claro: aumentar la oferta de vivienda asequible y facilitar el acceso a quienes hoy lo tienen más difícil.
Y para conseguirlo necesitamos inversión, suelo, colaboración con los ayuntamientos y el sector privado y, sobre todo, mucha gestión.
La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de Andalucía. ¿Cuál es, a día de hoy, el principal obstáculo para que una familia pueda acceder a una vivienda a un precio razonable?
El principal reto es que necesitamos más vivienda allí donde existe mayor demanda.
Durante muchos años se construyó muy poca vivienda protegida y hoy tenemos que seguir recuperando ese terreno.
Cuando la oferta no crece al ritmo de la demanda, los precios suben y las dificultades de acceso aumentan, tanto en compra como en alquiler.
Nuestra respuesta pasa precisamente por aumentar esa oferta: construir más vivienda protegida, movilizar suelo, colaborar con los ayuntamientos y dar seguridad jurídica para favorecer también la inversión privada. Necesitamos más vivienda disponible y asequible.
La Junta acaba de anunciar la movilización de suelo público con capacidad para construir 3.678 nuevas viviendas. ¿Cuándo podrán estar esas viviendas realmente disponibles para las familias?
Lo importante es que ya estamos movilizando suelo público para convertirlo en viviendas. AVRA ha puesto en marcha un plan con 327 parcelas residenciales y capacidad para 3.678 viviendas.
Los plazos dependerán de la situación urbanística de cada parcela y del desarrollo de cada promoción, por lo que no sería serio dar una fecha única.
Lo que sí puedo garantizar es que vamos a trabajar para acortar los tiempos. No podemos permitirnos tener suelo público con capacidad residencial sin desarrollar cuando necesitamos aumentar la oferta. Queremos que ese suelo se transforme cuanto antes en viviendas y esas viviendas, en hogares.

Andalucía necesita mucha más vivienda protegida, pero construirla lleva años. ¿Está la Junta planteándose medidas para acelerar los plazos de construcción y reducir la burocracia que encarece y retrasa los proyectos?
Sí, y es una de nuestras prioridades. Para construir más vivienda no basta con poner más recursos. También tenemos que facilitar que esos recursos se conviertan cuanto antes en promociones.
La nueva Ley de Vivienda de Andalucía incorpora herramientas para impulsar la vivienda protegida y movilizar suelo. Y desde Ordenación del Territorio estamos trabajando también para simplificar procedimientos y ofrecer seguridad jurídica.
Se trata de agilizar sin rebajar garantías.
Cada trámite innecesario que eliminemos y cada plazo que consigamos reducir nos permitirá poner antes una vivienda a disposición de una familia.
La nueva Ley de Vivienda de Andalucía apuesta por aumentar la oferta de vivienda protegida y vivienda asequible. ¿Qué cambios concretos va a notar una persona que hoy está buscando vivienda?
Queremos que note algo muy concreto: que tiene más oportunidades para acceder a una vivienda.
La ley está pensada para aumentar la oferta, facilitar la construcción de vivienda protegida, movilizar suelo e impulsar la colaboración entre administraciones y con el sector privado.
Y vamos a desarrollar nuevas herramientas que aporten más transparencia y seguridad, como el Sistema de Información de la Vivienda Protegida de Andalucía.
No queremos una ley que se quede en el BOJA. Queremos una norma que se traduzca en más vivienda, más seguridad y más oportunidades para las familias.
Uno de los colectivos que más dificultades tiene para emancipar son los jóvenes. ¿Puede una persona con un salario medio permitirse comprar o alquilar una vivienda en Andalucía? ¿Qué solución le ofrece la Junta?
Hoy muchos jóvenes tienen dificultades para emanciparse y construir su proyecto de vida. Y tenemos que ayudarles. Con el Programa Garantía Vivienda Andalucía estamos facilitando la compra de la primera vivienda a jóvenes que pueden afrontar una hipoteca, pero no disponen de los ahorros necesarios para la entrada. Ya tenemos más de 3.000 solicitudes favorables.
Y vamos a seguir avanzando con nuevas medidas: 25 millones para facilitar la compra de vivienda a menores de 40 años y otros 25 millones para impulsar el alquiler con opción a compra.
Queremos que un joven que estudia, trabaja y quiere quedarse en Andalucía encuentre aquí oportunidades también para emanciparse.

El alquiler se ha disparado especialmente en las grandes capitales y en las zonas turísticas. ¿Hay algún riesgo de que determinados municipios de Andalucía se conviertan en lugares donde sea imposible vivir para quienes trabajan allí?
Hay territorios donde la dificultad para acceder a un alquiler es especialmente importante y tenemos que actuar. Pero también tenemos que aprender de las medidas que se han aplicado en otros lugares.
Intervenir precios sin conseguir aumentar la oferta puede provocar justamente el efecto contrario al que se busca: que se retiren viviendas del mercado y haya todavía menos opciones para las familias.
Nuestro modelo es diferente. Queremos más vivienda en alquiler, más colaboración con los ayuntamientos y seguridad para propietarios e inquilinos.
La solución no puede ser reducir la oferta. Tiene que ser aumentarla.
Málaga es uno de los ejemplos más claros de esta tensión residencial. La Junta está utilizando incluso edificios públicos infrautilizados para convertirlos en viviendas protegidas. ¿Es una fórmula que se va a extender a otras ciudades andaluzas?
Tenemos que aprovechar todas las posibilidades que tengamos. Si existe patrimonio público que ha perdido su uso original y puede convertirse en vivienda, tenemos la obligación de estudiarlo.
En Málaga hemos movilizado tres edificios públicos para destinarlos a diez viviendas protegidas. Evidentemente, esto por sí solo no resuelve el reto, pero suma.
No existe una única solución. Necesitamos nueva construcción, suelo, rehabilitación y también recuperar patrimonio público cuando sea viable. Cada vivienda cuenta.
"Queremos que un joven que estudia, trabaja y quiere quedarse en Andalucía encuentre aquí oportunidades también para emanciparse"
¿Qué papel debe jugar el alquiler turístico en esta crisis? ¿Considera que hay que limitarlo en determinadas zonas cuando compite directamente con la vivienda residencial?
Tenemos que evitar respuestas generales para realidades que son muy diferentes. No tiene las mismas circunstancias una gran capital, un municipio de la Costa del Sol o un pueblo del interior.
Los ayuntamientos tienen herramientas para ordenar las viviendas de uso turístico en función de la realidad de cada municipio.
Desde la Junta hemos trabajado precisamente para darles instrumentos.
Hay que compatibilizar una actividad económica tan importante para Andalucía como el turismo con las necesidades residenciales de nuestros vecinos.
Pero tampoco debemos simplificar el debate. El reto de acceso a la vivienda tiene muchas causas y la cuestión de fondo sigue siendo la misma: necesitamos aumentar la oferta residencial.
Hay miles de viviendas vacías mientras muchas familias tienen dificultades para encontrar una. ¿Cómo puede la Administración conseguir que parte de ese parque de viviendas entre realmente en el mercado del alquiler?
Generando confianza y seguridad jurídica. Un propietario estará más dispuesto a poner una vivienda en alquiler si sabe que existe un marco estable y que sus derechos están protegidos.
Por eso creemos que algunas de las políticas impulsadas por el Gobierno de Sánchez pueden terminar consiguiendo justamente lo contrario: generar incertidumbre y retirar oferta del mercado.
Nosotros vamos a movilizar vivienda vacía desde los incentivos y la seguridad, no desde la imposición. Si queremos precios más asequibles, necesitamos conseguir que haya más viviendas disponibles para alquilar, no menos.

La Junta está apostando también por fórmulas como el cohousing, las viviendas intergeneracionales y los alojamientos temporales. ¿Pueden convertirse estas alternativas en una solución real o seguirán siendo modelos minoritarios?
Son fórmulas que no vienen a sustituir a la vivienda tradicional, pero sí pueden dar respuesta a nuevas necesidades.
Nuestra sociedad ha cambiado. Hay jóvenes, mayores, estudiantes o profesionales que necesitan soluciones diferentes en determinados momentos de su vida.
La Administración también tiene que evolucionar y ser capaz de ofrecer respuestas más flexibles. No se trata de imponer un modelo, sino de ampliar las posibilidades para que cada persona pueda encontrar la solución que mejor se adapte a sus circunstancias.
¿Cuántas viviendas protegidas necesita realmente Andalucía para empezar a corregir el déficit actual? Y, sobre todo, ¿cuál es el objetivo de la Junta para los próximos cuatro años?
Andalucía necesita aumentar de forma sostenida su parque de vivienda asequible.
Y nosotros hemos fijado un objetivo ambicioso y concreto: impulsar 20.000 nuevas viviendas protegidas durante esta legislatura y actuar sobre otros 22.000 inmuebles mediante rehabilitación.
Lo hacemos además desde la experiencia. Desde 2019 hemos puesto en marcha o entregado más de 18.300 viviendas protegidas.
Y vamos a acompañar esos objetivos con recursos. El nuevo Plan de Vivienda supondrá una gestión cercana a los 1.200 millones de euros, con una aportación de la Junta de alrededor de 478 millones.
Tenemos objetivos, tenemos herramientas y vamos a poner los recursos para cumplirlos.
Y una cuestión política: ¿cree que la vivienda puede convertirse en uno de los grandes temas de las próximas elecciones andaluzas? ¿Se juega el Gobierno de Juanma Moreno buena parte de su credibilidad en la capacidad para resolver este problema?
La vivienda ya es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad y, por tanto, tiene que ser una prioridad para cualquier Gobierno.
Nosotros no hemos esperado a que lleguen unas elecciones para actuar. Llevamos años haciéndolo y ahora vamos a intensificar ese trabajo.
Y creo que aquí se ven dos modelos diferentes. Frente a quienes creen que la solución pasa fundamentalmente por intervenir y limitar, en Andalucía apostamos por construir más, movilizar suelo, colaborar con los ayuntamientos y el sector privado y ayudar a las familias y a los jóvenes.
No sería responsable decir que un reto acumulado durante años se resuelve de un día para otro. Pero sí podemos comprometernos a trabajar para seguir cambiando las cosas, y eso es lo que estamos haciendo.
Tenemos una hoja de ruta, recursos y objetivos concretos. Queremos que haya más vivienda protegida, más vivienda asequible y más oportunidades para acceder a ella.
Porque al final la credibilidad de un Gobierno no se mide por los anuncios que hace, sino por los resultados que consigue. Y ahí es donde queremos que nos juzguen.