En tan solo tres años hemos desarrollado una normativa que nos permite evaluar y mitigar el impacto del cambio climático y tenemos ya en el Parlamento un proyecto de ley de economía circular que nos situará a la vanguardia en toda España
Es usted consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Vamos a empezar por el final. El desarrollo sostenible parece estar en los planes de todos los gobiernos y de todas las empresas. Andalucía ¿en qué momento está ahora en este asunto?
Desde que llegamos al Gobierno de la Junta hace ya tres años tuvimos muy claro que Andalucía tenía que ser referente en desarrollo sostenible, que la biodiversidad y la riqueza natural de esta tierra debían ser la base de la Revolución Verde de Andalucía. De hecho, la economía y el empleo verde, están siendo motor de la reactivación económica necesaria tras dos años difíciles en lo sanitario, social y económico a causa de la pandemia.
Al mismo tiempo, no pasamos por alto que Andalucía es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático y, por eso, estamos actuando con medidas que contribuyan a que esta tierra sea más resiliente.
Así, por ejemplo, en tan solo tres años hemos desarrollado una normativa que nos permite evaluar y mitigar el impacto del cambio climático y tenemos ya en el Parlamento un proyecto de ley de economía circular que nos situará a la vanguardia en toda España.
También las empresas y las distintas administraciones, como las locales, se implican cada vez más en la toma de medidas orienta- das a ser más sostenibles y a ser más activas para luchar contra el cambio climático. En este sentido, cada vez son más las entidades, tanto públicas como privadas, que miden su huella de carbono e invierten en medidas compensatorias. El futuro pasa por el desarrollo sostenible.
La agricultura está pasando por unos momentos complicados y el reflejo son las numerosas manifestaciones que se suceden por toda España. ¿Usted cree que son justas sus reivindicaciones?
Como bien dice, son momentos complicados y ahora aún más, con una guerra en Ucrania que está agravando los problemas que lleva años arrastrando el campo andaluz. El sector agrario sufre las consecuencias de una tormenta perfecta al coincidir una escalada de costes inasumible, una sequía pertinaz y un Plan Estratégico de la PAC que conlleva pérdidas para Andalucía.
Por todo esto, hemos reclamado al Go- bierno de España que tome medidas excepcionales para hacer frente a una situación excepcional. Medidas que acompañen a las que hemos puesto en marcha desde la Junta de Andalucía para ayudar a agricultores, ganaderos y también a los pescadores.
Pero no olvidemos que, además, el sector lleva meses echándose a la calle en Andalucía para mostrar su rechazo al Plan Estratégico Nacional de la PAC que ha presentado el Ministerio de Agricultura ante Bruselas. El agro andaluz va a perder unos 100 millones de euros anuales si el Ministerio no atiende las alegaciones de Andalucía. Ya logramos, desde la unión del sector y de la Junta, revertir cambios bruscos planteados inicialmente por el Gobierno. Y seguimos de la mano reclamando una PAC que sea buena para la principal receptora de estos fondos comunitarios. En definitiva, sinceramente creo que la situación que están padeciendo agricultores, ganaderos y pescadores es completamente injusta tras el esfuerzo titánico durante la pandemia para garantizar el suministro de alimentos de calidad.
Hay problemas que parecen tener difícil solución como el de la falta de agua, pero ¿una mejora en los canales y sistemas de riego no ayudaría a hacer una gestión más eficaz de este elemento que cada vez es más escaso?
La falta de agua es un problema endémico al que en esta comunidad no se ha dado solución durante décadas. No existía una política de aguas auténtica, previsora e inversora. Al llegar al Gobierno de la Junta, tuvimos claro que debería ser una de las prioridades y así estamos actuando. En lo que llevamos de legislatura, hemos invertido en infraestructuras hídricas como nunca se había hecho. 1.500 millones de euros movilizados en depuración, abastecimiento, mejora del patrimonio hidráulico, restauración de cauces y, también, en ayudar a la modernización y eficiencia de los regadíos.
Pero en este objetivo no podemos ir solos, sobre todo cuando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, perteneciente al Gobierno de España, supone el 67% del territorio andaluz. El Ejecutivo central tiene ahora, con los fondos Next Generation, la oportunidad de ejecutar las obras hidráulicas declaradas de interés general del Estado que aún tiene pendientes en Andalucía. Es el momento de arrimar el hombro, de dejar de lado prejuicios ideológicos y acometer unas obras que hagan posible que mañana tengamos agua para beber, para conservar nuestro patrimonio natural y para un sector primario que es fundamental para la economía y el empleo en Andalucía.
En relación con el agua tenemos la cuestión del riego procedente de acuíferos del parque nacional de Doñana que ha motiva- do una gran polémica. ¿Es compatible la conservación de ese espacio protegido y el aumento de cultivos de regadío en la zona?
Primero permítame que le aclare que la proposición planteada en el Parlamento no persigue una ampliación de los regadíos. Segundo, que la protección y el futuro de Doñana es, sin lugar a dudas, una tarea y un objetivo capital para el Gobierno que preside Juanma Moreno. Y esto no son solo palabras. En estos tres años se ha invertido en el Espacio Natural como nunca se había hecho para mejorar su biodiversidad, para restaurar los terrenos afectados por el incendio de Las Peñuelas o para adecuar caminos forestales y vías pecuarias. Hemos pasado de las buenas palabras de antes, a los buenos hechos de ahora.
La conservación de Doñana y el futuro de la agricultura es compatible. Pero, para ello, el Gobierno de España tiene que cumplir la ley. En 2017 en el Parlamento y en 2018 en el Congreso, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, se aprobó un trasvase de agua superficial que permita sustituir el uso del agua de los acuíferos que nutren Doñana por agua superficial procedente del Tinto-Odiel-Piedras. El problema es que han pasado ya cuatro años y el Gobierno de España, que es la responsable de la salud hídrica de Doñana, no ha hecho nada para cumplir la ley.
El Gobierno de España le está negando a Doñana y a los agricultores del Condado de Huelva, el agua que necesita para vivir.
Por nuestra parte, además de una inversión sin precedentes en el Espacio Natural para, por ejemplo, sembrar dos millones de árboles y plantas en un plan de reforestación modélico en todo el mundo, ya hemos planteado al Gobierno el diseño de un plan ‘Doñana Futuro’ para mejorar la biodiversidad de esta joya natural.
Hay otras cuestiones cómo la carestía del gasoil, la luz, los piensos que ahora se asocian a la guerra de Ucrania pero que en realidad se vienen arrastrando desde hace bastante tiempo. ¿Qué planes tiene el gobierno andaluz para poder contrarrestar esta escalada que está disparando la inflación a cifras nunca vistas?
En la Junta de Andalucía nos hemos adelantado a todos con la aprobación y desarrollo de una batería de medidas económicas, financieras y de flexibilización de requisitos para el cobro de ayudas, que tiene como objetivo ayudar a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. Asimismo, estamos preparando líneas de ayudas que sirvan para amortiguar el impacto de la subida de costes, sequía y efectos de la invasión rusa de Ucrania en el sector primario. Por ejemplo, para ayudar a los ganaderos en la adquisición de abrevaderos o para que los regantes puedan acometer la instalación de conducciones hasta estaciones depuradoras donde se puedan utilizar aguas regeneradas para el riego.
De forma paralela, trasladamos la voz y las demandas del campo andaluz hasta el Gobierno de España para que tome decisiones necesarias como la activación de la doble tarifa eléctrica para el regadío, una reducción generalizada de los módulos de IRPF o la bonificación del precio del agua desalada. Ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales.
Asimismo, también insistimos en la im- portancia de reclamar a Bruselas una revisión profunda de los acuerdos comerciales con otros países en el ámbito agroalimentario, que se implanten de verdad las cláusulas espejo y un mayor control de los contingentes para poner fin a una competencia desleal que está haciendo mucho daño al sector agroalimentario andaluz.
Por respeto al trabajo de nuestros agricultores y ganaderos, y por respeto a la calidad de los alimentos de Andalucía, es crucial que protejamos a nuestro agro y que la Unión Europea se dé cuenta de que la soberanía alimentaria debe ser un reto prioritario para los próximos años, para evitar dependencias que nos hacen más vulnerables.
Usted defiende que todavía hay tiempo para una modificación de la PAC porque sostiene que en su actual formulación los agricultores andaluces van a salir perdiendo en la adjudicación de estos fondos europeos 2023-2027. ¿Cuáles serían esas modificaciones necesarias?
Con el actual Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común que ha presenta- do el Ministerio de Agricultura a Bruselas, los productores andaluces pierden en torno a 100 millones de euros al año. En Sevilla y Jaén, el 60% de los que reciben la PAC perderán dinero. En Cádiz, un 43% verán mermadas sus ayudas. Esto es inasumible.
La solución la tiene el Ministerio de Agricultura: atender las alegaciones presentadas por Junta y sector. Se trata de cambiar la con- figuración de las regiones productivas, para atender la diversidad del campo andaluz, y sumar cuatro ecoesquemas más. Pasar de 8 a 12 para evitar que estas prácticas ambientales se conviertan en un coste más para los agricultores y ganaderos.
El Gobierno de España tiene que dar marcha atrás en su empeño de hacer de los ecoesquemas una tasa plana encubierta que conllevaría un trasvase de fondos desde la única región perjudicada, la Comunidad Autónoma andaluza, a otras. Somos el 35% de los perceptores de las ayudas de la PAC y, por lo tanto, el Gobierno está castigando a miles de productores que han demostrado ser un referente a nivel europeo en innovación, sostenibilidad, competitividad y tecnificación.
El modelo andaluz ha demostrado que funciona y apostamos por exportarlo a los demás territorios de España. El Ministerio de Agricultura aún tiene en sus manos cambiar el Plan Estratégico de la PAC atendiendo nuestras propuestas. Si no lo hace, será el único responsable de las pérdidas que sufran los agricultores y ganaderos de Andalucía.
Cada vez oímos hablar más de economía circular, pero tiene sus defensores y sus detractores. ¿Cuál es su punto de vista en esta cuestión?
La economía circular es el futuro, sin duda. Y a partir de este convencimiento pleno, trabajamos desde la consejería con el reto de conseguir que Andalucía sea la región más circular de Europa. Esto significa más oportunidades de empleo y de negocio vinculados a la lucha colectiva contra el cambio climático. La economía circular no es una cuestión ideológica ni de percepción. Es una forma de optimizar los procesos productivos y los hábitos de consumo.
Para alcanzar este objetivo, está ya en el Parlamento de Andalucía para su debate un proyecto de ley de economía circular que es pionera en España por su ambición y profundidad. Un texto en el que ha participado la sociedad andaluza a través de más de 300 aportaciones al borrador inicial. Y que aún sigue enriqueciéndose en la Cámara autonómica con las propuestas de colectivos y entidades sociales.
Espero que esta ley salga adelante con el máximo apoyo posible de los grupos parlamentarios, ya que esta norma abre las puertas a nuevas posibilidades de desarrollo sostenible en ámbitos tan dispares como la industria de la moda, la construcción o la ganadería.
Junto a este proyecto de ley, el Gobierno de Juanma Moreno está facilitando a los ayuntamientos andaluces que puedan seguir dando pasos hacia delante en economía circular y una gestión sostenible de los residuos. Por ejemplo, con líneas de ayudas dirigidas a impulsar la implantación del contenedor marrón y aprovechar los restos orgánicos de los hogares andaluces para generar compost o biogás.
Otro de los grandes problemas que vivimos en Andalucía son los incendios que devastan el medio natural y destruyen el modo de vida de cientos de personas Hace pocas semanas se ha reforzado el Infoca con más personal, pero ¿no cree que es necesario un plan mas ambicioso que lleve a descubrir realmente que hay detrás de estos incendios que incluso se cobran vidas como sucedió en Sierra Bermeja?
La necesaria modernización y rejuvenecimiento del Infoca no está reñida con la investigación. Es más, en muchas ocasiones van de la mano a través de iniciativas como el Centro Ibérico para la investigación y Lucha Contra Incendios Forestales (Cilifo).
Cuando llegamos al gobierno de la Junta, el Infoca estaba prácticamente abandonado a su suerte. Vehículos autobomba con más de 25 años de antigüedad, sin un verdadero centro operativo regional y una plantilla que no se renovaba. La última de las ofertas de empleo apenas sumaban 50 plazas.
En estos tres años hemos invertido en la adquisición de autobombas y material logístico para ser más eficaces, en mejorar las aeronaves que se usan en el combate contra incendios, en construir o ampliar los centros de defensa forestal, en reforzar la seguridad de nuestros bomberos forestales y en intensificar los trabajos de prevención en los montes. Pero, además, estamos apostando por el rejuvenecimiento del dispositivo de tal manera que en esta legislatura habremos sacado 1.100 plazas.
De forma paralela, la Junta de Andalucía lidera un innovador proyecto internacional, en el que colaboramos con Portugal, para fortalecer los sistemas de prevención y extinción de incendios forestales en dos de los países más vulnerables al cambio climático de la Unión Europea. Se trata del proyecto denominado Firepoctep.
A todo esto hay que sumar que somos referentes en todo el mundo el trabajos de restauración ambiental tras incendios forestales, donde la resiliencia al cambio climático es un factor esencial a la hora de llevar a a cabo actuaciones de reforestación. Es el caso del que desarrollamos en el Espacio Natural de Doñana, donde se están sembrando ejemplares de 25 especies diferentes de árboles, arbustos y plantas.
