ATA exige que Veri*factu entre en vigor al mismo tiempo que la factura electrónica y un calendario único que contemple la Directiva europea ViDA
Lorenzo Amor: "forzar a los autónomos a cambiar o adaptar sus sistemas tecnológicos dos y hasta tres veces supone un sobrecoste inasumible y una carga burocrática absurda"
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA exige al Gobierno la sincronización inmediata del calendario de implantación del sistema Veri*factu con el de la facturación electrónica obligatoria entre empresas y profesionales (Ley Crea y Crece) y con el marco de la Directiva europea ViDA (VAT in the Digital Age).
ATA considera un sinsentido operativo que las tres normativas y obligaciones avancen con plazos desacompasados, obligando al colectivo a realizar transiciones tecnológicas consecutivas en lugar de una única adaptación integral.
Con el calendario actual, el tejido empresarial se enfrenta al mandato de implantar los requisitos informáticos de Veri*factu antes de la plena operatividad de la factura electrónica entre empresas (B2B) y antes de conocer el estándar definitivo que exigirá la Unión Europea.
Tal y como están los plazos, un autónomo societario tendría que aplicar Veri*factu el próximo 1 de enero de 2027, el autónomo persona física el 1 de julio de 2027, y estarían obligados a la factura electrónica el 31 de marzo de 2028, y a comunicar digitalmente el estado de las facturas el 31 de marzo de 2030. Todo esto teniendo en cuenta que el 1 de enero de 2030 se acaba el plazo para la transposición de la Directiva ViDA, que establece una hoja de ruta con el estándar europeo para el reporte digital del IVA y la facturación electrónica estructurada en transacciones (DRR). “Es una locura”, sentencia Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Además, ATA queremos señalar que ya se tuvo que aplazar Veri*factu tal y como solicitamos porque no se había tenido en cuenta los impactos y la variada casuística diversa en muchos sectores.
“En una frutería el cambio y adaptación a Veri*factu de las balanzas digitales puede superar los 2.500 euros y en un bar/restaurante las cajas registradoras digitales hasta 1.800 euros. Tampoco se tuvo en cuenta a las oficinas de farmacia que funcionan con un sistema integrado en el que ya han realizado grandes inversiones de receta y facturación electrónicas, conectado a los colegios y a la propia Administración” subraya el presidente de ATA.
Es por ello que ATA denunciamos que esta falta de coordinación y unificación obligará a los autónomos a realizar inversiones sucesivas en tecnologías con riesgo de quedar obsoletas en pocos años, y representa una grave amenaza para la sostenibilidad financiera de los pequeños negocios y una carga burocrática inasumible.
A este escenario se suma la falta de visión a medio plazo respecto al marco de la Unión Europea. La Directiva ViDA establece una hoja de ruta con el estándar europeo para el reporte digital del IVA y la facturación electrónica estructurada en transacciones (DRR).
ATA consideramos un despropósito que España legisle aceleradamente mediante parches nacionales que corren el peligro de no ser plenamente interoperables con los estándares transfronterizos que exigirá la Unión Europea. Esta desarmonización obligará al autónomo a pagar una primera adaptación a Veri*factu, una segunda a la factura electrónica nacional y una tercera modificación para cumplir con el estándar europeo ViDA.
"No tiene ningún sentido exigir hoy al autónomo que adapte su programa a Veri*factu para tener que volver a ajustarlo o cambiarlo meses después para cumplir con la factura electrónica obligatoria. Forzar a un farmacéutico o a un frutero a cambiar su balanza, o a un bar a renovar su caja registradora, para luego decirles que ese sistema no sirve ni para la factura electrónica ni para la normativa europea ViDA, es una falta de respeto al esfuerzo de los autónomos", declara Lorenzo Amor, presidente de ATA.
ATA urge a los Ministerios de Hacienda y de Economía a coordinar reglamentariamente las entradas en vigor de Veri*factu y de la factura electrónica obligatoria, y a alinearlas con la Directiva europea ViDA, para consolidar en una única fecha y un único procedimiento el salto tecnológico exigido a los trabajadores por cuenta propia.
"Pedimos algo tan elemental como coherencia: un calendario único, coordinado y con plazos realistas. Exigimos congelar la exigencia de Veri*factu hasta que se garantice un marco técnico único, convergente con la Unión Europea y con un periodo de transición realista, para que la transición digital sea una oportunidad de mejora y no un castigo económico al bolsillo de los autónomos", ha concluido.
Los calendarios a unificar
Veri*factu (Reglamento de requisitos de los sistemas de facturación)
- 1 de enero de 2027: obligatorio para personas jurídicas y empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades.
- 1 de julio de 2027: obligatorio para trabajadores autónomos y demás contribuyentes del IRPF.
Factura electrónica B2B (Ley Crea y Crece)
El desarrollo reglamentario se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 31 de marzo de 2026, mediante el Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo. Desde esa publicación, los plazos de exigibilidad quedaron activados así:
- 31 de marzo de 2027 (12 meses): obligatorio para empresas con una facturación anual superior a 8 millones de euros.
- 31 de marzo de 2028 (24 meses): obligatorio para el resto de pymes y trabajadores autónomos.
Obligación de reportar los estados de la factura (Ley Crea y Crece)
- Grandes empresas (más de 8 M€): obligadas a comunicar los estados desde el primer momento en que entra en vigor su obligación de facturar electrónicamente, es decir, a los 12 meses de la publicación reglamentaria.
- Pymes y autónomos (8 M€ o menos): disponen de un periodo transitorio adicional de 12 meses. Aunque deberán emitir y recibir factura electrónica de forma obligatoria a los 24 meses, la obligación legal de reportar los estados de pago se les exige a los 36 meses, salvo que opten por hacerlo voluntariamente desde el primer día.
Directiva europea ViDA (VAT in the Digital Age)
- 1 de enero de 2027 y 1 de julio de 2028: primeros ajustes técnicos del IVA digital y de las plataformas de ventas digitales.
- 1 de enero de 2030: implantación total del sistema de declaración digital de transacciones intracomunitarias en tiempo real y del estándar común de factura electrónica estructurada para toda la Unión Europea.