“La ampliación de la tarifa plana de autónomos ha demostrado su eficacia por eso se han sumado 5 millones adicionales en 2021 y 13,5 más para 2022”
Su consejería ha repartido más de mil millones de euros en 2021 a empresas, autónomos y trabajadores por cuenta ajena. ¿Cómo ha sido posible?, ¿qué marca la diferencia con el modo de gestionar de anteriores legislaturas?
Cuando llegamos a la Consejería constatamos el pésimo funcionamiento de los incentivos al empleo, con líneas que tardaban años, casi una década, en gestionarse, otras en las que apenas había solicitudes por el mal diseño que tenían, o medidas que podían ser buenas, pero nacían con una dotación presupuestaria tan escasa, que apenas llegaban a nadie.
Después de un primer año en el que nos centramos en diseñar un sistema muy ágil y automatizado para que las ayudas llegasen a los trabajadores autónomos de forma rápida, -porque un negocio cerrado o con sus ventas hundidas, o un empleado en ERTE con dudas sobre su futuro inmediato no pueden esperar-, tuvimos que asumir, posteriormente, retos de gestión como las ayudas estatales a la solvencia por valor de 1.109 millones, las ayudas al mantenimiento de empleo en empresas con ERTE y la ayuda sociolaboral de 210 euros. Todas ellas, con un espectro masivo de eventuales beneficiarios. Prácticamente en sólo tres trimestres del pasado año, se gestionaron más de 575.000 ayudas a empresas, autónomos y trabajadores por cuenta ajena, que supusieron poner en la calle 1.018 millones de euros. Si esto ha sido posible, ha sido gracias al equipo directivo, que tiene un proyecto de cambio y a los compañeros, a los trabajadores de la Consejería, que se han identificado con las reformas que nos ha situado a la vanguardia de la gestión automatizada de ayudas, y han hecho un enorme esfuerzo de gestión porque estás llegaran en tiempo y forma a quienes iban dirigidas. Todo ello nos ha permitido ser ca- paces de tramitar un expediente completo de solicitud en menos de tres meses como media (en algunas líneas, incluso en mes y medio), lo cual es un hito histórico en la conducta de la Junta de Andalucía. El personal de la Consejería conoce las muchas horas de trabajo, la enorme implicación y el tesón que se esconde tras estos resultados; un esfuerzo invisible que incluso ha implicado sacrificar tiempo de descanso y de vacaciones. El balance es muy satisfactorio para la ciudadanía y es de justicia poner en valor este trabajo.
Se han quejado repetidamente de las dificultades para gestionar las ayudas a la solvencia empresarial para pymes y autónomos, aunque desde la oposición se les ha acusado de que estaban bus- cando excusas ante el alto volumen de fondos que iban a devolver al Estado.
Estas subvenciones, mal llamadas ayudas directas por el Gobierno de España, porque no eran tal, tienen un diseño inicial complejo e inadecuado por parte Ministerio de Economía, que restringe el acceso a muchas empresas y autónomos y complica enormemente la gestión para todas las Comunidades Autónomas. La medida contiene hasta cuarenta requisitos distintos para poder acceder que nos venían impuestos por la normativa estatal. Hemos tenido que hacer un gran esfuerzo de rediseño de la medida dentro de los márgenes legales para poder resolver y pagar en tiempo, teniendo en cuenta que el plazo que se nos daba era cinco meses para gestionar 1.109 millones de euros. Hemos tenido que aplicar conocimiento y mucha innovación para abordar una elevada y poco coherente cantidad de requisitos, y un planteamiento anticuado que nos dificultaba mucho la automatización del procedimiento. Para hacer frente a tanto escollo, creamos una Oficina Técnica en la Consejería para la instrucción de los expedientes que correspondían a seis Consejerías y diez Centros directivos distintos, y automatizamos todos los procesos que pudimos, con un volumen ingente de comprobaciones hasta 169 variables de información que han obligado a tratar más de 3 millones de registros. Pese a todo, las primeras resoluciones favorables se pagaron en menos de tres meses, y en total se han resuelto 52.870 expedientes por valor de 667,66 millones, el 74% de las resoluciones han sido para autónomos (39.124) y el resto, 13.746, para empresas.
Todo esto ha sido gracias al trabajo de un excelente equipo humano, y de una arquitectura de automatización inteligente con más de 60 robots que trabajan 24 horas al día en la gestión de los expedientes. Estamos orgullosos de ser la primera Administración autonómica en desplegar un volumen de automatización tan significativo.
Muchas de estas ayudas han llegado a los autónomos, y es que Andalucía es líder en el número de trabajadores autónomos a nivel nacional. ¿A qué cree que se debe este liderazgo? ¿con qué otras ayudas se están impulsando el emprendimiento en Andalucía?
Es cierto que somos la comunidad autónoma con un mayor número de afiliados al RETA, con más de 563.000 autónomos, y la que más está creciendo en España, con más de 14.000 nuevos trabajadores por cuenta propia en los últimos doce meses, el 25% de las nuevas incorporaciones en todo el país, prácticamente uno de cada cuatro.
Además, un aspecto a tener en cuenta es que sólo 91.000 de ellos tienen como mínimo un asalariado, así que imagine el potencial de generación de empleo que ello supone. Si me pregunta a qué se debe, en primer lugar, y sin ninguna duda, al empuje emprendedor que están demostrando en una situación tan delicada provocada por la pandemia. Y no me parece adecuado recurrir al argumento de que esta evolución se debe al incremento de falsos autónomos, entre otras razones porque la afiliación al régimen general de la Seguridad Social crece a un ritmo incluso mayor al de Autónomos, con lo que parece poco probable que la subida sea debida a un trasvase de uno a otro régimen. A eso hay que añadir que Andalucía les ha ofrecido un contexto más amigable, con mayor confianza, bajada de impuestos y con menor burocracia gracias a tres decretos de eliminación de trabas administrativas, a lo que se une un sistema ágil de abono de ayudas directas. En plena pandemia se llegaron a repartir más de 124.000 incentivos, y ahora también se está beneficiando a este colectivo tanto en las ayudas a la solvencia empresarial como las de mantenimiento de empleo por ERTE. En total, en los dos últimos ejercicios, se ha llegado a dar más de 210.000 ayudas por valor de más de 424 millones de euros. Junto a estas medidas excepcionales, la ampliación de la tarifa plana ha sido una actuación que, tras dos años de funcionamiento, nos ha demostrado su eficacia, razón por la que hemos ampliado su dotación, sumando 5 millones adicionales a los 28,6 presupuestados inicialmente en 2021, para cubrir las solicitudes con la idea de que ningún nuevo autónomo quedase fuera, y además extendiendo su vigencia hasta 2022 con otros 13,5 millones adicionales. Los incentivos al inicio de actividad de los trabajadores autónomos también han necesitado de un incremento presupuestario, desde los 9 millones de euros iniciales hasta los 34,5 millones de euros para atender a todas so- licitudes presentadas. Y hemos puesto en marcha ayudas a la conciliación y a la digitalización para el colectivo, medidas que jamás se habían llevado a cabo en nuestra Comunidad.
Conocíamos hace poco los datos de evolución del empleo en Andalucía, ¿cuáles son los principales aspectos que destacaría de este crecimiento?
En muy poco tiempo han coincidido dos fotografías estadísticas, la EPA de cierre de 2021 y el paro registrado de enero, que han podido ofrecer una imagen disonante si nos atenemos a los titulares que solemos manejar, pero si las estudiamos con detenimiento vemos que las dos van en la misma dirección: hay una creación de empleo sostenida y firme a largo plazo, aunque siempre debemos tener cautela porque así nos lo indican los nubarrones macroeconómicos que no acaban de despejarse, como el riesgo de inflación, la propia influencia de los conflictos geopolíticos como el de Ucrania en los precios o, no nos olvidemos, la evolución de la propia pandemia. La EPA de cierre de 2021 nos muestra que en todo el ejercicio se habían generado 166.800 nuevos empleos, y que la ocupación se ha situado en los 3,24 millones de personas, un hito que solo se alcanzó una vez en toda la estadística, mientras que la tasa de paro ha bajado al 20,2%, un nivel que no se producía desde el tercer trimestre de 2008, cuando además se había producido un aumento de la población activa. El paro registrado de enero refleja un aumento mensual habitual en ese mes, como se puede comprobar en los últimos 17 años, al volver al desempleo los trabajado- res que han tenido una contratación durante las Navidades. Lo importante es que, en el último año, han disminuido más de 182.000 desempleados, con un aumento interanual de más de 123.000 afiliados. ¿Es para estar satisfechos? Por supuesto que no. Tenemos una tasa de paro que supera en siete puntos a la española y más de 800.000 desempleados, pero volvemos al punto alcanzado en 2019 que nos permite afrontar el futuro de forma más optimista.
¿Por qué se está dando la circunstancia de que está siendo difícil encontrar profesionales para algunos sectores? ¿Qué está haciendo la Administración para dar solución a este desajuste entre oferta y demanda?
Confluyen varios aspectos dependiendo del desajuste entre oferta y demanda de empleo de cada caso. No podemos comparar la carencia de profesionales en el transporte afectada por los problemas coyunturales generados por el Covid, con la que se produce en la construcción, que arrastra un problema de falta de atractivo para los jóvenes, o la que se produce puntualmente en alguna campaña agraria. Es también muy diferente la situación en sectores de alto valor añadido como algunas de las actividades localizadas en el PTA de Málaga.
Nosotros hemos afrontado el problema desde dos frentes. Por un lado, estamos abordando un proceso de modernización ambicioso e integral en el SAE, que queremos que suponga un giro de 180 grados en su influencia a la hora de relacionar oferta y demanda de empleo, utilizando técnicas de inteligencia artificial y de manejo de información a gran escala. Pero para relacionar oferta y demanda también tenemos que tener un capital humano mejor cualificado, y es cierto que nuestra comunidad arrastra un problema de baja cualificación que debemos corregir. Desde las competencias de nuestra Consejería, nos hemos volcado en la Formación Profesional para el Empleo, que ha estado paralizada en Anda- lucía casi una década, implantando en primer lugar un sistema de escucha activa de las necesidades del tejido empresarial que hemos institucionalizado en unas mesas que hemos denominado binomio Formación y Empleo, y en la que están presentes los agentes económicos y sociales. En la práctica nos permite tener un contacto directo y constante con todos los agentes económicos para detectar y anticiparnos a esas necesidades de formación. Gracias a este sistema, ya pusimos en marcha el año pasado un programa para dar respuesta a lo planteado por el sector de la construcción, que recoge acciones formativas para 2.355 desempleados, así como cursos de entre tres y seis meses para camioneros, con 1.400 beneficiarios previstos, o programas de formación en idiomas, en hostelería o como el de Andaluces Digitales y de tecnología 5G, que apuntan a remediar lagunas que nos pueden frenar en nuestra incorporación a la economía digital. La reactivación de la FP para el Empleo ya ha supuesto una inversión inicial de casi 50 millones de euros con una fórmula pionera de licitación pública, que viene a sustituir a la anterior de subvenciones, dotando al proceso de mayor seguridad jurídica y agilidad, y que está permitiendo la formación de unos 23.500 alumnos. Ya estamos tramitando nuevos paquetes de licitaciones públicas por valor de 56,2 millones de euros con nuevos programas centrados en jóvenes desempleados menores de 30 años; aeronáutica; idiomas a través de teleformación; especialidades demandadas a nivel provincial; emprendedores; docencia en FP para el Empleo, por citar algunos.
Hablemos de futuro. ¿Con qué ayudas pueden contar los emprendedores y autónomos en un futuro inmediato?
Como he dicho, la pandemia ha marcado nuestra hoja de ruta en los dos últimos años en cuanto a nuestras distintas líneas de incentivos, porque nuestra prioridad era contribuir a sostener el tejido productivo y amortiguar la pérdida de rentas en los colectivos más castigados por la crisis. Pero ahora queremos centrarnos en afianzar la recuperación y dirigirnos a intentar solucionar los problemas estructurales que padece de la economía andaluza y su mercado de trabajo como la alta tasa de paro juvenil, la reducida productividad, la baja cualificación de las personas, la excesiva temporalidad y rotación de los contratos. Por eso estamos diseñando medidas muy con- cretas dotadas con más de 200 millones de euros, algunas dirigidas a los menores de 30 años, como un programa para la activación del empleo joven en Andalucía, centrado en mejorar la empleabilidad y las oportunidades laborales de los jóvenes andaluces a través de la experiencia profesional y nuevos incentivos a la contratación con carácter indefinido, tanto para jóvenes desempleados como con otro rango de edad, a tiempo completo o a tiempo parcial.
En paralelo, seguiremos reactivando y reforzando las actuaciones de Formación Profesional para el Empleo y las medidas de apoyo a los trabajadores autónomos y la economía social, para ayudarles a que afronten retos como el de la digitalización. En todo caso, la mejor política de empleo será mejorar la empleabilidad de las personas y aumentar la dimensión y productividad del tejido productivo andaluz. En ello influyen múltiples variables internacionales, nacionales y regionales, en las que colaboran todas las políticas de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Y es que, no hay crecimiento más social que la creación de empleo.
