Como si de una hucha de la que tirar se tratase, los autónomos protagonizan el nuevo hachazo fiscal de este otoño. Por suerte, un golpe que parece no tendrá mucho recorrido, puesto que ha sido una ocurrencia del Partido Socialista Obrero Español (quién lo diría) que nadie, ni siquiera sus socios de Gobierno, piensa apoyar.
La propuesta, que salía a relucir hace unos días, levantó en pie de guerra a un colectivo ya de por sí maltratado y ahogado, un colectivo al que se recurre cada vez que el sistema, obviamente deficitario, da señales de emergencia. Un sistema cuya sostenibilidad parece requerir de más presión fiscal, especialmente sobre determinados sectores, como los trabajadores por cuenta propia. Es decir, un sistema financiado por los autónomos —una realidad casi de ciencia ficción— en el que quienes crean empleo y aportan numerosos impuestos acaban pagando las consecuencias.
Este castigo, ajeno a todo diálogo social, se sitúa radicalmente lejos de la recomendación quinta del Pacto de Toledo, pues no solo se trataba de incrementar las aportaciones, sino de equiparar, o al menos intentar acercar, la protección social de los autónomos a la de los asalariados. Y es precisamente en este aspecto donde la Administración no ha cumplido con su compromiso.
Mientras tanto, el discurso oficial sigue girando en torno a la palabra solidaridad. Una solidaridad que, curiosamente, siempre se ejerce en una sola dirección: la del autónomo hacia el Estado, nunca al revés. Cuando la economía tiembla, se les exige “aportar más por el bien común”; pero cuando el negocio se hunde, el sistema apenas devuelve algo más que una maraña burocrática y una prestación que, en muchos casos, ni siquiera llega, pues en torno al 60% de las solicitudes del llamado paro de los autónomos son denegadas.
El Gobierno parece olvidar que detrás de cada autónomo hay un proyecto vital, no un número en una estadística. Hay quien abre la persiana cada mañana sin saber si cubrirá los gastos del mes, quien trabaja fines de semana y festivos, quien no conoce lo que es una baja ni un horario. Y, aun así, siguen siendo señalados como los que “deben contribuir más”. ¿Más de qué, exactamente? ¿De su esfuerzo? ¿De su escaso margen?
Quizá haya llegado el momento de invertir el relato. De reconocer que sin autónomos no hay tejido productivo, que sin pequeños negocios no hay empleo local, que sin esa red invisible de profesionales que sostienen el día a día —del fontanero al diseñador, del comerciante al abogado— este país simplemente no funciona.
España debería dejar de mirar al autónomo como una fuente inagotable de ingresos y empezar a verlo como lo que es: un motor que necesita combustible, no más cargas. Porque, si seguimos apretando siempre al mismo, llegará un día en que no quede nadie dispuesto a seguir intentándolo.
Y ese día, el verdadero déficit no será fiscal, sino de futuro.
