Las reformas laborales constituyen uno de los instrumentos de política económica y social más relevantes en cualquier Estado. A través de ellas se definen las reglas de juego que rigen las relaciones entre trabajadores y empleadores, la estructura de la negociación colectiva y el funcionamiento del mercado de trabajo. En España, estas reformas han sido históricamente objeto de una notable controversia política, lo que ha dificultado su consolidación y continuidad a lo largo del tiempo. Frente a la volatilidad normativa derivada de la confrontación partidista, resulta necesario subrayar la importancia de que las reformas laborales se sustenten en consensos amplios, tanto entre las fuerzas políticas como entre los interlocutores sociales —sindicatos y organizaciones empresariales—. Esta exigencia no responde únicamente a razones de legitimidad democrática, sino también a criterios de eficiencia económica y estabilidad institucional. La consecución de consensos en las reformas laborales es imprescindible para el desarrollo sostenible del mercado de trabajo español. Para ello, se analizan cuatro ejes fundamentales: la seguridad jurídica, la estabilidad macroeconómica, la legitimidad democrática y la adaptación a los retos estructurales del empleo.
Uno de los principales problemas del sistema laboral español es la frecuente modificación de las normas que regulan la contratación, el despido o la negociación colectiva. La alternancia política ha conducido a que cada gobierno introduzca su propia reforma laboral, en ocasiones revirtiendo elementos centrales de la anterior. Este fenómeno no debería generar por sí mismo un clima de inseguridad jurídica, que afectara de manera negativa tanto a las empresas como a los trabajadores, pero la utilización política de los mecanismos de reforma legal, el abuso del real decreto ley como vía regulatoria y el uso partidista de la voluntad de los interlocutores sociales nos llevan a situaciones como la que estamos viviendo en estos últimos cuatro años. La seguridad jurídica constituye un pilar fundamental para el desarrollo económico, cuando las reglas del juego son estables, las empresas pueden planificar inversiones y estrategias de contratación a medio y largo plazo, mientras que los trabajadores pueden desarrollar trayectorias profesionales con expectativas claras sobre sus derechos y obligaciones. Por el contrario, la volatilidad normativa reduce la confianza y fomenta conductas cortoplacistas con pésimos efectos sobre la inversión y la productividad.
El consenso político y social en torno a las reformas laborales es, por tanto, un requisito indispensable para garantizar la previsibilidad del marco regulador. Solo mediante acuerdos amplios que trasciendan los ciclos electorales puede consolidarse un ordenamiento laboral estable, capaz de combinar la flexibilidad necesaria para las empresas con la protección adecuada para los trabajadores.
El mercado laboral no funciona de manera aislada, sino que influye en la estabilidad macroeconómica del país. Las reformas laborales tienen efectos sobre la competitividad, la productividad y la distribución de la renta, aspectos estrechamente vinculados con la cohesión social. El Banco de España (2022) ha destacado que la incertidumbre normativa en materia laboral genera costes indirectos para la economía, al desalentar la inversión extranjera y reducir la capacidad de las empresas para planificar sus estructuras de empleo. Asimismo, la Comisión Europea ha advertido en varias ocasiones que la elevada segmentación del mercado laboral español —caracterizada por la coexistencia de contratos muy precarios junto a contratos indefinidos— requiere soluciones estructurales y consensuadas, que no pueden depender únicamente de la orientación ideológica de un gobierno concreto.
Los acuerdos amplios entre partidos políticos y agentes sociales incrementan la credibilidad de las reformas laborales, tanto a nivel nacional como internacional. Los inversores perciben que las reglas del mercado de trabajo no cambiarán drásticamente con cada cambio de gobierno, lo que fortalece la confianza en la economía española. En este sentido, la experiencia comparada en países como Alemania o los Países Bajos demuestra que los pactos sociales han contribuido a dotar de mayor estabilidad a las instituciones laborales y, con ello, a mejorar la competitividad de sus economías.
Más allá de la dimensión económica, el consenso en las reformas laborales posee una relevancia esencial en términos de legitimidad democrática. El derecho del trabajo se configura como un espacio en el que confluyen intereses contrapuestos —capital y trabajo—, que requieren mecanismos institucionales de mediación y equilibrio. La Constitución Española de 1978 reconoce explícitamente el papel de los sindicatos y organizaciones empresariales como interlocutores sociales, así como el derecho a la negociación colectiva (artículos 7 y 37 CE). En este marco, el diálogo social no es únicamente un mecanismo informal de concertación, sino un mandato constitucional orientado a garantizar la participación de los actores sociales en la definición de las reglas laborales.
La literatura en ciencias políticas ha destacado que las reformas adoptadas con el respaldo de sindicatos y patronales gozan de mayor aceptación social y de una implementación más efectiva (Rhodes, 2001). Por el contrario, las reformas unilaterales tienden a generar contestación social, conflictos laborales y una menor durabilidad normativa. El consenso político y social, en consecuencia, no debe entenderse como una concesión voluntaria, sino como un requisito para asegurar la legitimidad de las decisiones en un ámbito especialmente sensible de la política pública.
El mercado de trabajo español enfrenta desafíos estructurales de gran magnitud: la elevada tasa de desempleo estructural, juvenil, femenino y de larga duración, la temporalidad, la dualidad entre trabajadores protegidos y precarios, la transición digital y ecológica, y los cambios demográficos derivados del envejecimiento de la población. Ninguno de estos retos puede abordarse de manera efectiva mediante reformas parciales o reversibles. Se requiere una estrategia de largo plazo que integre medidas de política activa de empleo, formación continua, innovación productiva y reconfiguración de la protección social. Estamos viendo cómo las cifras de crecimiento económico en términos de PIB no se integran en una mejora de la capacidad adquisitiva de los españoles, del incremento de sus salarios, de su capacidad de acceso a servicios esenciales como la educación o la vivienda. En términos de mejora de la capacidad financiera de las familias españolas somos un país que está más alineado con Polonia, Hungría, Rumanía o Grecia, que con el resto de las grandes economías europeas.
Los consensos amplios entre partidos e interlocutores sociales son imprescindibles para dar respuesta a estos desafíos. Una reforma aprobada de manera unilateral puede ser revertida con facilidad en la siguiente legislatura, interrumpiendo procesos de transformación que requieren décadas. En cambio, un acuerdo transversal ofrece la garantía de continuidad necesaria para orientar inversiones en educación, tecnología y políticas de empleo que trasciendan los ciclos electorales. El problema es encontrar en el propio gobierno de la nación un interlocutor razonable, con voz única y con una política propia, en vez de un marasmo de posiciones descoordinadas y desestructurasdas. En este sentido, organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han subrayado la importancia del tripartismo —gobierno, sindicatos y empresarios— como mecanismo para articular respuestas consensuadas a los retos del trabajo en el siglo XXI. España, como Estado miembro, no puede permanecer ajena a esta exigencia de concertación.
Frente a esta situación, resulta imprescindible avanzar hacia un modelo de concertación política y social en materia laboral. La seguridad jurídica, la estabilidad macroeconómica, la legitimidad democrática y la eficacia en la respuesta a los desafíos estructurales exigen que las reformas laborales cuenten con el mayor consenso posible entre partidos e interlocutores sociales. La experiencia comparada europea demuestra que los países con instituciones laborales basadas en el diálogo social y en pactos transversales han conseguido mejores resultados en términos de empleo, cohesión social y competitividad. España dispone de los instrumentos constitucionales e institucionales para avanzar en esta dirección; lo que falta es voluntad política y capacidad de negociación. En definitiva, solo a través de consensos amplios podrá garantizarse que las reformas laborales dejen de ser un terreno de confrontación coyuntural y se conviertan en una política de Estado orientada a la estabilidad, la justicia social y el desarrollo económico sostenible.
Es imprescindible garantizar que las políticas laborales se formulen sobre la base de diagnósticos técnicos, datos empíricos y consensos sociales amplios. Solo así será posible reducir la inseguridad jurídica, aumentar la competitividad, favorecer la inversión y ofrecer a los trabajadores un horizonte de estabilidad. En caso contrario, España corre el riesgo de perpetuar un mercado laboral fragmentado, incapaz de resolver problemas estructurales como la temporalidad, el desempleo juvenil o la baja productividad, y sin capacidad para favorecer las transiciones económicas que fortalezcan a las clases medias y aseguren el funcionamiento del ascensor social.
