Quien construye, no solo pone ladrillos. Construye hogares, caminos, ciudades, oportunidades. Pero ¿qué pasa cuando se le pide que lo haga al precio más bajo posible, sin importar el coste real de la calidad, de la seguridad o de la innovación?
Esa es la pregunta que sobrevuela cada vez más concursos públicos, licitaciones de obra civil y proyectos de vivienda de protección. Una pregunta incómoda, sí, pero urgente.
Cuando el precio más bajo no es el mejor
En el sector de la construcción, tanto en obra pública como en vivienda de protección, venimos arrastrando una lógica que prioriza las ofertas económicas más bajas como principal criterio de adjudicación. Y esto, que sobre el papel suena eficiente, acaba generando ineficiencias de gran calado: proyectos con presupuestos irreales que después se encarecen sobre la marcha, ejecutores que ajustan en lo esencial (la calidad, la seguridad o las condiciones laborales), plazos que se incumplen, costes que se disparan y, en muchas ocasiones, reclamaciones futuras.
Y todo ello sin contar con el desgaste reputacional para las administraciones que promueven estas obras o el perjuicio para los usuarios finales, ya sean familias que acceden a una vivienda o ciudadanos que esperan una infraestructura básica.
Margen al mínimo, riesgo al máximo
A este escenario hay que sumarle dos grandes condicionantes actuales que agravan la situación.
El primero es la subida constante de precios de materiales, que ha hecho que los contratos de largo plazo sean hoy una ruleta rusa. Donde antes los precios se revisaban de forma anual, ahora hay que hacerlo cada trimestre, lo que deja al contratista en una situación de completa incertidumbre.
El segundo es el incremento de las cotizaciones sociales y el coste de personal, que afecta especialmente a las pymes del sector y dificulta mantener márgenes sostenibles si no se revisan los modelos de adjudicación.
Con esta combinación, lo que antes era un problema de rentabilidad hoy se convierte en una amenaza directa a la viabilidad de muchas empresas constructoras, sobre todo las más pequeñas.
¿Y quién quiere trabajar aquí?
A todo esto se añade un tercer gran reto: la falta de profesionales en el sector. Faltan manos, faltan perfiles técnicos y faltan jóvenes dispuestos a apostar por una actividad percibida como exigente, dura y, muchas veces, inestable.
La construcción necesita, más que nunca, atraer talento. Pero para ello necesitamos poder ofrecer unas condiciones mínimas de desarrollo profesional, especialización y crecimiento a medio plazo. Pedimos innovación, pero damos poco margen para que las empresas la integren en sus procesos sin riesgo.
Andalucía: oportunidad y advertencia
En Andalucía, donde el peso del sector de la construcción sigue siendo estratégico para el desarrollo social y económico, esta situación tiene implicaciones profundas. Las licitaciones públicas son una vía fundamental para dinamizar obra y empleo, pero también lo son para marcar estándares. Si seguimos apostando solo por la oferta más barata, trasladamos una señal clara: lo importante es gastar poco, no construir bien.
Desde AJE Andalucía, como organización que agrupa a jóvenes empresarios de todos los sectores, creemos que ha llegado el momento de replantear este modelo.
Claves para avanzar
Hay que primar el valor y la solvencia frente al precio en las licitaciones, así como apostar por criterios más amplios que incluyan calidad técnica, innovación, sostenibilidad y experiencia.
Además, es necesario apoyar el acceso de talento joven en el sector, con incentivos a la contratación, formación profesional adaptada y campañas que mejoren la percepción del oficio.
Y por último, hay que favorecer la innovación y digitalización en los procesos constructivos, no como un lujo, sino como una vía de eficiencia real a medio y largo plazo.
Generar una cultura de corresponsabilidad entre administración y contratistas es fundamental para que construir bien no sea una heroicidad, sino la norma.
Una última reflexión
No podemos seguir construyendo infraestructuras con pies de barro. Si de verdad queremos que la vivienda protegida sea útil, que la obra pública cumpla plazos y que el sector sea motor económico, tenemos que cambiar la lógica: movámonos del “a ver quién lo hace más barato” al “a ver quién lo hace mejor”.
