Creo que a estas alturas del año 2022 todos conocemos en qué consiste la famosa estrategia de transición energética europea.
Para los más perdidos en estos temas, hay que recordar que la Unión Europea pretende hacer un recorrido energético que vaya desde el consumo actual de combustibles fósiles hacia la producción de energías renovables. Ahora bien, es un proceso que lleva unos años en marcha pero que tiene que sortear algunos obstáculos importantes.
Las energías renovables necesitan para la fabricación de los equipos que la producen, una gran cantidad de materiales plásticos y, especialmente, minerales metálicos, tales como las tierras raras (lantano, neodimio, gadolinio, erbio, o lutecio, entre otras) y otros afortunadamente presentes en España como el litio, el cobalto, el zinc, el níquel y por supuesto el cobre.
Partiendo de esta información, es lógico pensar que cuanto mejor se aprovisione Europa de estos minerales metálicos y más producción se realice dentro de nuestras fronteras más fácil (y barata para el ciudadano) será esta transición energética hacia las energías renovables. De esta forma, laPresidenta de la Comisión Europea Dña. Ursula Von Der Leyen ha pedido “que el futuro de la industria se haga en Europa”, aprobándose una estrategia que nos permita no ser tan dependientes del exterior (tal y como ocurre con el petróleo y el gas) y evitar la perpetuación de los graves efectos económicos que se están produciendo por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la existencia de una Guerra a las puertas de Europa.
En septiembre de este año, la citada estrategia ha dado un paso más y la Comisión Europea ha anunciado que se está trabajando en la aprobación de una nueva Ley Europea de Materias Primas Críticas para el primer trimestre del año 2023. Para ello, el documento se ha sometido a una Consulta Pública que finalizó el 25 de noviembre y que ha recibido aportaciones de diferentes organizaciones ecologistas, asociaciones empresariales y Administraciones con competencias en la materia.
La importancia de esta nueva Ley Europea es palmaria; la UE considera que, si no se armoniza esta regulación a nivel europeo y se asegura el suministro de materias primas críticas, cada Estado miembro podría tomar medidas aisladas de ámbito nacional para evitar el riesgo del suministro de estos minerales metálicos. La crisis del COVID-19 ya nos ha hecho ver que un enfoque fragmentado y nacionalista de cada Estado puede generar obstáculos a la libre circulación de mercancías en el mercado único y desde luego no es lo más adecuado para satisfacer las necesidades de unas cadenas de suministro que están estrechamente interrelacionadas dentro del mercado interior.
Por lo tanto, no podemos perder la oportunidad de que sea una Ley Europea la que fije las posiciones para facilitar la producción de la minería metálica en los países de la Unión, ley que además da el paso valiente de permitir la financiación europea para la apertura de nuevos proyectos estratégicos de minería metálica en Europa.
En este proceso de participación pública, la Junta de Andalucía ha comunicado en su página web que se han presentado una batería de 20 propuestas para que sean recogidas en la nueva Ley Europea. De forma resumida, el Gobierno de Andalucía ha mostrado que es imperativo agilizar los trámites de la obtención de todos los permisos vinculados a la puesta en marcha de un proyecto minero. La media de 10 años en el otorgamiento de una Concesión de Explotación Minera no puede ser un plazo razonable ni admisible para nadie. Andalucía propone medidas para racionalizar los procedimientos administrativos, utilizar las demandadas ‘ventanillas únicas’, establecer una duración máxima para los procedimientos administrativos (¿y un silencio administrativo positivo en algunos casos?), acelerar los proyectos de cierta relevancia y envergadura, armonizar con la norma europea algunos conceptos como los urbanísticos de compatibilidad de uso o los generales de utilidad pública de los proyectos que aprovecharán o beneficiaran los recursos minerales, y, porque no, obligar desde Europa a que las diversas Administraciones territoriales con competencias concurrentes, el Estado, las Comunidades Autónomas, y los Municipios colaboren sin partidismos políticos.
Para Andalucía, disponer de este marco normativo de referencia puede ser una clave para lograr los ambiciosos objetivos de la Junta de Andalucía de elevar la producción de la minería metálica un 20 % en esta legislatura. Ya sabemos que la minería en Andalucía emplea a más de 20.000 personas, directa o indirectamente, que en los últimos años se han invertido más de 4.500 millones de euros, creándose más de 2.000 empleos directos y otros 8.000 indirectos. De hecho, la patronal minera andaluza (AMINER) recientemente ha publicado unos datos que reflejan la fuerza de la minería metálica andaluza que facturó 4.000 millones de euros en 2021, un 33% más que en 2020, situándose las exportaciones del sector en 2.000 millones de euros y siendo los productores de 90% de la minería metálica española.
En este contexto, resulta tremendamente extraño que el pasado día 25 de noviembre de 2022 en la Presentación de la “Hoja de Ruta para la gestión sostenible de las Materias Primas Minerales”, se anunciara desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España la apertura del proceso de Consulta Previa sobre una nueva Ley de Minas estatal.
Esta extrañeza se desvanece cuando según ha aparecido en prensa, dicho proceso de Consulta Previa para redactar una nueva Ley de Minas española es fruto de un compromiso incluido a última hora en la Hoja de Ruta, inclusión in extremis que obedecería a determinadas cuestiones políticas internas de los socios del Gobierno de España, más que a razones de legalidad u oportunidad, especialmente teniendo en cuenta la cercana aprobación de una Ley Europea que habrá de ser respetada por las distintas legislaciones mineras de los Estados de la Unión, de las que España no podrá ser una excepción.
