En los últimos 15 años, la economía mundial se ha visto afectada por tres importantes crisis. De cada una de ellas se han sacado importantes conclusiones. En 2008, la caída de Lehman Brothers generó una crisis financiera que nos mostró la importancia de la prudencia y de medir los riesgos adecuadamente. En 2020, el COVID-19 generó una crisis sanitaria que dejó ver la fragilidad de nuestra sociedad y la importancia de la salud. Finalmente, cuando ya parecía que la economía se disponía a recuperar un ritmo normal, en febrero de 2022, nos encontramos con un conflicto bélico que está poniendo en entredicho, literalmente, el modelo económico basado en la globalidad y en la dependencia del suministro energético y de materias primas.
La situación económica que vivimos en estos días no ha sido generada en exclusiva por el conflicto bélico de Ucrania, aunque es cierto que sí la ha agravado. La pandemia del COVID-19, ya provocó que cerráramos 2020 con datos desastrosos: un déficit del -10,95%, una caída del PIB del -10,80% y una tasa de paro que superaba en España el 16% y el 22% en Andalucía. La recuperación de la economía española en 2021 ha resultado mucho más lenta que la de la mayor parte de los países europeos. En este año el PIB, en comparación con la caída del año anterior, consiguió un efecto rebote bastante insignificante del 5%, y comenzó a vislumbrarse la amenaza de la inflación.
El problema del crecimiento de precios que es- tamos viviendo no es algo que se haya originado con la guerra de Ucrania. El intento de recuperación económica acontecido tras los peores momentos del COVID-19, en la segunda mitad de 2021, generó un proceso inflacionista de demanda que situó el IPC en un 6,5%.Por otro lado, también el incremento de la masa monetaria, en EEUU y Europa, generado por la compra masiva de deuda, y la obsesión por lo verde -con el incremento de costes originado por las emisiones de CO2, la dependencia de energías renovables y la resistencia hacia la energía nuclear-, han contribuido a fomentar la espiral inflacionista. Es cierto que el conflicto bélico, con los problemas de abastecimiento de minerales, materias primas y energía, ha contribuido a engrandecer este problema con un claro proceso de inflación de oferta.
El precio de la electricidad, que alcanzó en diciembre de 2021 los 383 €/MWh, sigue siendo un problema de gran entidad para empresas y particulares. Es cierto que actualmente ha experimentado una leve mejoría, situándose en el entorno de los 280 €/MWh.; pero este precio sigue siendo del todo inasumible, principalmente para la industria electrointensiva.
El barril de Brent, que en marzo de 2022 sobrepasó los 120 €, sigue cotizando algo por encima de los 100 €, cuando en diciembre de 2021 su precio se situaba en 74,17 €. Esta circunstancia ha generado también una subida de los precios de carburantes que está afectando de lleno a una gran mayoría de sectores de la economía, a la vez que contribuye a generar aún más inflación.
Por otro lado, los problemas de abastecimiento generados por la guerra están contribuyendo también al proceso de inflación de oferta que comentábamos anteriormente.
La inflación, que alcanzó en marzo de 2022 el 9,8 %, el nivel más alto de los últimos 37 años, puede traernos problemas económicos aún más serios que los actuales, dado que parece que ha venido para quedar- se durante una buena temporada. Esta afirmación tiene una base objetiva clara, como es la correlación existente entre el índice de precios industriales (IPRI) y el IPC; el primero, históricamente, suele adelantarse alrededor de dos meses al segundo. El IPRI, que en marzo de 2021 se situaba en el 6,4%, se situó en febrero de 2022 por encima del 40%, por lo que todo apunta a que alcanzaremos una inflación de dos dígitos próximamente y que esta se mantendrá en niveles altos hasta al menos 2023.
Las consecuencias de mantener estos ni- veles de precios en el tiempo pueden resultar catastróficas. Solo el pago de pensiones, indexadas al IPC, se calcula que podría suponer un sobrecoste de entre 13.000 y 15.000 millones de €. Por otro lado, el incremento de costes de producción -materias primas, transporte, salarios, etc.-, generarían en el tejido empresarial una pérdida de competitividad muy difícil de asumir. Esta pérdida de competitividad empresarial podría traducirse, muy posiblemente, en un incremento de los niveles de desempleo, nada deseables teniendo en cuenta que a fecha de hoy España lidera en la UE los rankings del paro.
El problema de la inflación deber ser abordado cuanto antes con medidas serias, valientes y contundentes. Hemos de señalar que el IPC medio en la UE se sitúa en estos momentos un 2,3 % por debajo del español, por lo que se refuerza la hipótesis de que todavía disponemos de margen para mejorar la situación.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, tiene claro que las medidas de política monetaria restrictiva, retirando estímulos monetarios y poniendo fin a las compras de deuda, son imprescindibles en estos momentos. Hoy en día incluso muchos analistas dan por hecho que el BCE iniciará una subida de tipos en 2022. Pero esta subida no se abordará de manera abrupta sino, muy posiblemente, con dos subidas de 25 puntos básicos desde septiembre hasta final de año.
Pero en España también podemos poner en marcha medidas que ayuden a abordar el problema de esta inflación galopante. El primer paso, y el más importante, sería acometer una rebaja decidida de la presión fiscal. Ha quedado demostrado, si nos comparamos con el resto de la UE, que la rebaja que se acometió en 2021, en la que se redujo el IVA energético, solo para una pequeña parte de los consumidores, del 21% al 10%; se redujo el impuesto especial eléctrico y se eliminó el de generación, no fue ni mucho menos suficiente.
Por otro lado, también resultaría muy importante redoblar los esfuerzos de las administraciones públicas para impulsar medidas encaminadas a mejorar la competitividad empresarial: aligerar la burocracia a la hora de conceder licencias, facilitar la puesta en marcha de proyectos empresariales, abordar cualquier posible deficiencia en infraestructuras que afecte a la actividad empresarial, etc.
En definitiva, ha llegado el momento de remangarse y ponerse a trabajar de manera decidida en el control de la inflación; algo que ya deberíamos haber hecho hace meses. Sin hacer nada, y más aun incrementando la presión fiscal, solo contribuiremos a empeorar la situación inflacionista, reduciendo la competitividad empresarial, frenando cualquier posible crecimiento del PIB y generando más desempleo.
